El pasado 3 de julio, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió dejar sin efecto las sanciones y consecuencias jurídicas impuestas por Violencia Política de Género (VPG) a Judith Alejandra Salazar Mejorado, ex candidata a alcaldesa de Saltillo por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), toda vez que la Sala Especializada tardó más de lo establecido en resolver la queja presentada.
En Sesión Pública, la Sala Superior determinó que, aunque se trataba de un juicio sancionador en donde Alejandra Salazar había sido determinada como violentadora, ésta no podía ser sancionada porque operaba la caducidad de la potestad sancionadora, al haber transcurrido más de un año desde la presentación de la queja y su resolución.
“Operó la caducidad de la potestad sancionadora de la sala responsable, porque para el momento de la emisión de la sentencia, en mayo de 2024, había transcurrido más de un año desde la presentación de la queja y su ampliación, que fue en abril de 2022, sin que se hubiese acreditado una causa objetiva y razonable que justificara la dilación mayor a ese plazo”, señaló el proyecto presentado por la consejera presidenta, Mónica Soto Fregoso.
Pese a haberse determinado que Alejandra Salazar sí cometió Violencia Política de Género, de acuerdo con la sentencia SRE-PSC-156-2024, contra una diputada federal al hacer difusión de mensajes violentadores en su canal de YouTube, la Sala Superior dejó sin efecto la sentencia que la incluía por 6 meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por VPG, una multa y la disculpa pública en su canal de YouTube.
La Sala Especializada contaba con la información completa para resolver la situación jurídica de Alejandra Salazar desde abril de 2023, cuando debió sancionarla, pero no atrajo el caso hasta en 2024, cuando ya había transcurrido más de dos años de presentada la queja por la diputada federal afectada. (JOSÉ TORRES | EL HERALDO)
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