Ciudad de México.- El juez federal Adrián Novelo rechazó levantar la suspensión que, desde el 22 de enero, prohíbe terminar las obras del tramo 5 Sur del Tren Maya, de Playa del Carmen a Tulum.
Novelo negó la solicitud de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que pretendió convencerlo de que son suficientes las medidas de mitigación ante los impactos provocados en cuevas y cenotes por la construcción del tramo como viaducto elevado.
El juez resolvió que la dependencia no ha modificado la condicionante 26 de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto, como ordenó el tribunal colegiado de circuito que dictó la suspensión.
Esa condicionante prohíbe rellenar o tapar cuevas, cenotes, ríos y cavernas con cualquier material o residuo de las obras, lo que aparentemente se ha incumplido, según han documentado grupos ambientalistas.
“No se advierte de modo alguno que expresamente se hubiera hecho modificación alguna a la condicionante 26, razón por la que se deduce que sigue surtiendo efectos. Siendo que, mediante proveído de 17 de abril de 2024, se estimó que la violación a la condicionante 26 fue una de las razones que motivaron a mantener la suspensión del acto reclamado, condicionante que como se dijo no se acredita de forma alguna que haya sido modificada”, explicó el juez.
La MIA que aprobó la Semarnat contemplaba el trazo de 67.7 kilómetros del tramo 5 Sur a nivel del suelo, pero el gobierno lo cambió para construir 42 kilómetros de viaductos elevados, cuyas trabes de 17.5 metros de altura se han hincado al interior de cavernas, cenotes y ríos subterráneos.
Según la MIA, Fonatur Tren Maya tenía que pedir permiso a Semarnat antes de ejecutar estas alteraciones al proyecto original.
Para revocar la suspensión, Semarnat alegó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una visita de inspección a las obras entre el 19 de febrero y el 5 de marzo, durante la cual Fonatur Tren Maya presentó “evidencia de las acciones de remediación y mitigación” en las obras, valuadas en 28 mil 364 millones de pesos.
Según la dependencia, estas medidas son suficiente para reanudar la obra insignia del actual gobierno, que ya opera en los tramos 1 a 5 Norte, pero tiene pendientes del 5 Sur al 7.
La suspensión también ordenaba cumplir las condicionantes 9 y 10 de la MIA, que son estudios geológicos y geohidrológicos sobre posibles riesgos de colapso, así como estudios geofísicos detallados, como seguimiento al programa de prevención y mitigación de riesgos y daños ecológicos potenciales ocasionados al paisaje kárstico, cenotes, cuevas y cavernas.
En su acuerdo del martes, el juez ya no hizo referencia a estas condicionantes.
El pasado 12 de marzo, Novelo tuvo que advertir a los funcionarios y empresas privadas involucradas, que ignorar una suspensión es un delito federal que se castiga hasta con nueve años de cárcel, ante evidencias de que no habían detenido los trabajos. (AGENCIA REFORMA)
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