OPINIÓN

PALABRAS CON SENTIDO

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23 abril, 2024

JORDI SAUCEDO Y ÁNGEL GAYTÁN

Justicia a la medida del dinero: Reflexiones sobre el caso Fofo Márquez

En esta ocasión comparto columna con un gran abogado penalista, el licenciado. Jose Ángel Gaytán. Juntos estaremos haciendo un análisis y reflexión sobre el caso Fofo Márquez. Hace un par de semanas se hizo viral en redes sociales un video en el cual se observaba a un conocido influencer agredir brutalmente a una mujer, las autoridades actuaron con premura deteniéndolo, un par de días después Fofo Márquez fue sujetado a proceso por tentativa de feminicidio.

Ángel Gaytán

Este hecho causó multitud de debates, uno de ellos centrándose en si realmente la conducta desplegada por Rodolfo Márquez ameritaba tener la clasificación jurídica referida previamente. En términos simples, lo cierto es que no se debería de haber vinculado a proceso en los términos previamente señalados. ¿Por qué? El artículo 10 del Código Penal del Estado de México dispone que la tentativa se acredita cuando por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo el delito no se consuma, es así como conforme al material multimedia en redes sociales es claro que el desistimiento fue por voluntad propia, de tal manera que contrario al delito por el que fue vinculado, la clasificación jurídica idónea sería la de lesiones calificadas agravadas por haberse cometido en contra de una mujer por razones de género.

Es injusto que se le haya vinculado por un ilícito que no configuró, sin embargo, Fofo Márquez es una persona con capital económico, alguien quien puede contar con una defensa de calidad, es así como al autor no le puede importar menos lo que le pase en tanto este en prisión preventiva, pues él puede tener la certeza de que hay todo un equipo enfocado en darle lo que le corresponda, quiénes nos deberían de preocupar son aquellas personas que están sufriendo, sin que nadie haga nada por ellas.

Lo sufrido por Edith, no es un hecho aislado, por cada caso de violencia contra la mujer que se mediatiza, hay miles que ocurren sin que nos enteremos, es en aquellos hechos en los que realmente se ve la efectividad de las autoridades, quienes en la mayoría de las ocasiones forman parte de procesos victimizantes, ya sea por no observar las reglas mínimas de trato a víctimas del delito o por ni siquiera dignarse a investigar.

Jordi Saucedo

«A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”. Esta frase, comúnmente atribuida a Benito Juárez, refleja la idea de cómo el sistema jurídico mexicano tiende a favorecer a unos cuantos. En un país donde la brecha de desigualdad es significativa, el sistema legal también inclina la balanza a favor de aquellos que pertenecen a las clases sociales más altas.

En México, son una minoría las personas que tienen recursos suficientes para tener acceso a una abogada o abogado privado que les brinde atención oportuna cuando por una denuncia, sin una investigación de por medio y mucho menos un juicio y sentencia, terminan en prisión preventiva. Esta situación, desafortunadamente, deja a la mayoría de la población vulnerable a los sistemas judiciales que a menudo operan con sesgos y desigualdades. La falta de acceso equitativo a la defensa legal también perpetúa un ciclo de injusticia donde aquellos con menos recursos enfrentan una mayor probabilidad de ser detenidos y encarcelados sin un debido proceso.

Que no se tenga acceso a una defensa adecuada responde, a que la mayoría de la población que está en prisión son personas que pertenecen a una clase social baja, con condiciones de vulnerabilidad económica y niveles educativos bajos según datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) del INEGI. Según esa encuesta, el 71% de la población en México que permanece en prisión sin una sentencia, no es profesionista, ni empresaria, ni funcionaria pública, sino que se dedican al comercio informal o el trabajo artesanal. Antes de su encarcelamiento, el 70% de esa misma población aseguró que debe trabajar los siete días de la semana, sin descanso, para mantenerse.

Probar que no se cometió un delito es posible, pero implica años que hay que sobrevivir tras las rejas, muchas veces con una abogada o abogado que no tiene tiempo suficiente para seguir el proceso, y con los retos que implica la vulnerabilidad económica de las familias. Estas realidades subrayan la urgente necesidad de reformas en el sistema legal para garantizar un acceso equitativo a la justicia y evitar que las personas inocentes sufran injustamente las consecuencias del sistema.

P.D.: Todas mis opiniones expresadas en esta columna son a título personal y no representan postura alguna de mi cargo público.

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