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15 abril, 2024

El Pacto Fiscal: Injusto para Coahuila

Por: Jesús Javier González Alcázar

Presidente del Colegio de Economistas de Coahuila A.C.

Cuenta un viejo chiste que un padre tenía dos hijos, uno con calificaciones sobresalientes y otro flojo que reprobaba siempre sus materias. En un intento de equilibrar la dinámica familiar, el padre decide reprender al hijo exitoso en lugar de al perezoso, pensando que habría una menor brecha entre ellos, lo que motivaría al flojo a mejorar. Sin embargo, esta estrategia resulta en que ambos hijos se convierten en holgazanes.

Coahuila se destaca en diversos aspectos socioeconómicos y administrativos. De acuerdo con el INEGI, aporta el 3.9% del PIB nacional, ocupando el séptimo lugar, por debajo de estados mucho más poblados como México, Nuevo León y Jalisco. En cuanto al PIB per cápita, se ubica en el cuarto lugar a nivel nacional. Según el IMSS, es la octava entidad que más empleos formales genera. Según el Índice de Competitividad Estatal del IMCO, en 2022 se ubicó en el tercer lugar nacional. Este índice se compone de estadísticas de seguridad pública (segundo lugar), estabilidad política (quinto lugar) y eficiencia gubernamental (sexto lugar), entre otros indicadores.

Ahora bien, con cifras de la Cuenta Pública Federal, estimo que a Coahuila se le regresan tan solo 34 centavos de gasto federalizado por cada peso que el Estado aporta a la federación por la recaudación de impuestos federales. Si sumamos los 3,609 miles de millones de pesos de ISR, IVA, IEPS y sus accesorios recaudados en 2022 y les aplicamos un factor del 3.9% (la aportación a la riqueza nacional), resulta en una aportación de 141 mil millones de pesos contra transferencias recibidas en ese año de 48 mil millones de pesos. Comparemos, por ejemplo, con Chiapas, que aporta un 1.05% al PIB (aproximadamente 37 mil millones de pesos a la recaudación federal) y recibió transferencias en 2022 por 109 mil millones de pesos, es decir, 2.9 pesos recibidos por cada peso aportado a la Federación; o Michoacán, que con su 2.14% al PIB aporta aproximadamente 77 mil millones de pesos a la recaudación federal y recibió transferencias por 83 mil millones de pesos.

El Pacto Fiscal en sus términos actuales es injusto para Coahuila, que siendo el séptimo lugar en su aportación al PIB nacional, ocupa el lugar 18 en participaciones y aportaciones recibidas y el 24 en subsidios y convenios. Además, las fórmulas de distribución de transferencias previstas en la Ley de Coordinación Fiscal generan incentivos perversos, ya que se castiga con menos recursos a los Estados que buscan fomentar la producción, el empleo, combaten la marginación y mejoran la seguridad pública. Por el contrario, se destinan más recursos a las entidades con altos índices de marginación, mayor incidencia delictiva y mayor ocupación penitenciaria. Poco o nada se contribuye con estos esquemas a premiar los esfuerzos locales por mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Cuando se estableció en 1980 el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, los estados al adherirse suspendieron el cobro de la mayor parte de sus impuestos para armonizar el sistema tributario, y con las transferencias intergubernamentales se buscó resarcirles por la suspensión de impuestos. Con el paso de los años, se avanzó hacia un criterio redistributivo que, si bien busca nivelar las diferencias económicas interregionales, ha perjudicado a los Estados en los que se han impulsado políticas que promuevan el crecimiento y el desarrollo. Coahuila es uno de esos estados.

La anécdota que contamos al inicio muestra el efecto que los incentivos perversos pueden tener sobre ciertas políticas. Decía el economista francés Frédéric Bastiat que «Toda la diferencia entre un mal y un buen economista es ésta: uno se limita al efecto visible; el otro tiene en cuenta el efecto que se ve y los que hay que prever». En el caso que nos ocupa, podemos pensar que ante la ausencia de incentivos para hacer las cosas bien, en un estado como Coahuila, con altos niveles de desarrollo social y económico, de fortaleza administrativa e institucional, por mejorar a los estados donde las cosas están mal, puede provocar que se deje de promover ese buen trabajo.

Es necesario reflexionar sobre el rumbo actual del federalismo mexicano, buscando esquemas en los que no se abandone la redistribución de la riqueza en un país con profundas desigualdades, pero se premie a los gobiernos que realizan esfuerzos significativos para promover el crecimiento y el desarrollo.