Monterrey.- En medio de un agravamiento de la migración indocumentada hacia Estados Unidos a través de México, el Gobierno de Nuevo León emitió un protocolo para prepararse y atender a estos flujos masivos de personas.
En un acuerdo publicado en el Periódico Oficial, la Secretaría de Igualdad estatal, encabezada por Martha Herrera, señala que las nuevas reglas serán la guía para la primera atención de migrantes por parte de esta dependencia.
«La idea es favorecer la preparación de las condiciones de recepción del flujo migratorio mixto», consta en el documento emitido este miércoles.
La dependencia subraya que el protocolo está basado en el respeto a los derechos humanos y la no discriminación, y que participarán representantes de los tres niveles de Gobierno y la sociedad.
Las nuevas reglas se emiten apenas una semana después de que una oleada de miles de migrantes hizo que Estados Unidos cerrara por cinco días sus pasos fronterizos para trenes de Piedras Negras-Eagle Pass y Ciudad Juárez-El Paso.
La crisis obligó a que el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará el miércoles en la CDMX una reunión bilateral al más alto nivel con una delegación estadounidense liderada por el Secretario de Estado, Antony Blinken.
En el protocolo se destaca que tan sólo en el 2022 se detuvieron a unos 17 mil 988 migrantes en Nuevo León, la cifra más alta en los últimos cinco años y 21 por ciento más elevada que el 2021, según datos de la Secretaría de Gobernación.
Aunque el texto no da números del 2023, el Instituto Nacional de Migración (INM) señala en su reporte más reciente que detuvo a 12 mil 792 indocumentados en Nuevo León entre enero y octubre pasados, una tendencia similar al año previo.
Como parte del protocolo se crea un Comité de atención a personas en flujos migratorios y desplazamientos mixtos, que contará con una Secretaría técnica, a cargo de la Subsecretaría de Diversidad e Inclusión Social de la Secretaría de Igualdad, que será la responsable de ejecutar estas reglas.
Entre los objetivos de las reglas está el realizar acciones para salvaguardar la integridad física y el acceso a los derechos humanos de los migrantes, así como de ayuda humanitaria y para determinar qué instancias fortalecerán la atención.
Junto con las autoridades estatales se prevé que participen dependencias federales, como el INM y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; organismos humanitarios, como la Cruz Roja; organizaciones civiles y religiosas que apoyan a los migrantes y Gobiernos municipales. (AGENCIA REFORMA)
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