Podrán municipios de Coahuila cobrar multas a quienes insulten o escandalicen en lugares públicos

Dentro de las Leyes de Ingresos de los 38 municipios de Coahuila que fueron aprobadas este martes en el Congreso local, destaca la autorización a los ayuntamientos para llevar  a cabo la aplicación de multas contra quienes afecten el bienestar colectivo provocando escándalos o participen en ellos tanto en lugares públicos como privados, así como también para quienes “profieran palabras, adopten actitudes o realicen señas de carácter obsceno y que causen molestia a un tercero”.

Dichas sanciones podrán ser aplicadas también contra quienes incurran en faltas contra la seguridad general o formen parte de grupos que causen molestias a las personas en lugares públicos o en la proximidad de sus domicilios, que impidan el libre tránsito, o participen de eventos que atenten contra la familia y las personas, o bien falten al respeto y consideración que se debe a los adultos mayores, mujeres o niños, en lugares públicos.

Además, también serán objeto de multas – cuyos montos máximos y mínimos serán establecidos en UMAS – quienes molesten u ofendan a una persona con llamadas telefónicas, así como quien insulte a la autoridad.

En el dictamen para la aprobación de estas leyes de ingresos, se dio a conocer que estas sanciones representan una pena proporcional, relativa y flexible “que atiende a la gravedad de la falta cometida, al daño causado, y en general, cualquier otra que sea apta para evidenciar la gravedad de las faltas, por lo que permite un margen de apreciación para que las autoridades municipales competentes puedan individualizarlas”.

Cabe mencionar que para proceder a la aplicación de estas multas, las autoridades deberán considerar la gravedad de la falta o lesión, así como los perjuicios que sean ocasionados al municipio, y también el grado de responsabilidad y las intenciones de los responsables al momento de incurrir en esas conductas, así como su situación económica.

En la aprobación de las Leyes de Ingresos se contempla en la mayoría de los cobros por concepto tanto de impuestos como de derechos un incremento del 5 por ciento, aunque en algunos municipios dichos cobros podrán ser aún más altos.

También se contempla un descuento del 50 por ciento para las organizaciones no gubernamentales en el pago de sus recibos de agua potable, mientras que en el pago del Impuesto Predial se mantienen los descuentos del 15 por ciento en el mes de enero, 10 por ciento en febrero y 5 por ciento en el mes de abril y en el caso de los jubilados o pensionados, éstos se harán acreedores a un descuento del 50 por ciento en el pago de ese gravamen.

Además, con el objetivo de reducir el costo de las viviendas, se aprobó también el otorgamiento de incentivos en el pago del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles, así como también en licencias de construcción y autorización de planos. (ÁNGEL AGUILAR)