Ciudad de México.- Las desapariciones forzadas en México continúan en aumento, sin que las medidas adoptadas por el Estado parezcan ser efectivas para enfrentarlas, advirtieron en Ginebra expertos de Naciones Unidas.
Este martes, en el primero de tres días que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU dedicará a analizar la situación en México, como parte de su 35 periodo de sesiones, los especialistas también expresaron preocupación por la persistencia de la crisis forense en el país.
«Hemos notado con preocupación que el fenómeno de la desaparición forzada sigue en aumento», afirmó Horacio Ravenna, integrante del CED.
En tanto, y a pesar de diversos avances, advirtió, existe evidencia de que persiste la crisis forense ya identificada desde el examen anterior a México y durante la visita del Comité al país en 2021.
«Según la información que hemos recibido, todavía existen 52 mil cadáveres no identificados, y nos parece que eso muestra que los esfuerzos, que reconocemos que el gobierno ha realizado, no están dando resultados y no entendemos por qué, qué es lo que está pasando», aseveró.
Ravenna advirtió además que persiste la falta de coordinación entre las diversas instancias del Estado involucradas en la prevención y erradicación de la desaparición forzada, así como en las tareas de búsqueda.
Preguntó sobre resultados en investigaciones y procesamiento de casos relacionados con el delito de desaparición forzada y sobre definición de criterios para delimitación de responsabilidades de servidores públicos
Juan Pablo Albán-Alencastro reportó que el Registro Nacional daba cuenta el lunes pasado de 115 mil 540 personas que permanecían desaparecidas en México.
El especialista alertó sobre la falta de eficiencia en las tareas de investigación y búsqueda y señaló que incluso se traslada parte de la carga de esas tareas a familiares de las víctimas de desaparición.
«De acuerdo con la información que ha sido allegada al Comité, tanto por el Estado como por organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas, el grueso de las deficiencias en materia de investigación y justicia se registra a nivel de las fiscalías, debido a las limitadas capacidades de investigación, priorización de casos y elaboración de políticas de persecución penal efectivas», sostuvo.
«El Comité también ha recibido información preocupante en el sentido de que la iniciativa y esfuerzos para el recabó de elementos de convicción que permitan esclarecer los hechos y la situación de la víctima en los supuestos de desaparición de personas, así como dar con los presuntos responsables de tal desaparición, suelen dejarse en manos de los familiares y los allegados, a quienes, no obstante, no se les provee información».
Albán-Alencastro remarcó la preocupación del CED por los riesgos para la seguridad y los actos de violencia cometidos contra personas involucradas en los esfuerzos de investigación y búsqueda, incluidos funcionarios del Estado. (AGENCIA REFORMA)
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