Ciudad de México.- La Cámara Minera de México (Camimex) acusó que en el país no existe un Estado de Derecho para las empresas del sector, de manera relativa a la operación y normatividad vigente.
Por una parte, ante el paro de labores en la Minera Peñasquito, ubicada en Mazapil, Zacatecas, a unos 150 kilómetros de Saltillo, que mantiene a más de 2 mil 500 trabajadores sindicalizados desde el pasado 7 de junio, la Camimex exigió a las autoridades competentes trabajar para que se resuelva el problema.
«Solicitamos a las autoridades competentes colaborar en la solución de la huelga que se ha suscitado en Minera Peñasquito, Zacatecas», expresó el organismo en un comunicado.
Por la huelga que ya supera los 60 días, Minera Peñasquito podría sumar pérdidas económicas por más de 222 millones de dólares por la suspensión de las actividades y a la llegada de ingresos.
«El impacto económico para la empresa (por el paro de labores) es de aproximadamente un millón de dólares por día en costos para mantener la suspensión de las operaciones, así como 2.7 millones de dólares de ingresos perdidos por día», detalló la empresa en su momento.
Ante esta situación, la Camimex alertó que conflictos como el que mantiene el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, dirigido por el senador Napoleón Gómez Urrutia, contra Minera Peñasquito, traen consigo un entorno de preocupación para que otras empresas mineras inviertan en territorio nacional.
«Como representantes de la industria minera responsable en México, externamos nuestra preocupación por el impacto que esta y otras situaciones similares tienen en el empleo, la producción nacional, la confianza de los inversionistas en el País», añadió la Cámara.
Por otra parte, el organismo que agrupa a gran parte de las empresas mineras solicitó resolver el retraso generalizado en las respuestas a las solicitudes de permisos ambientales, atoradas en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
«Resulta crucial que la Semarnat actúe de manera ágil y eficiente en los procesos de evaluación y en la emisión de resoluciones, especialmente cuando las empresas cumplen rigurosamente con los requisitos establecidos por la ley», expusó la Cámara.
En la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, tanto el Gobierno federal como las Secretarías de Economía y del Medio Ambiente no han otorgado concesiones mineras y han frenado la entrega de permisos ambientales, respectivamente-
Recordó que, al cierre del año pasado, el sector minero-metalúrgico generó tres millones de empleos y representó el 2.46 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y el 8.63 por ciento del PIB industrial.
Adicionalmente, abastece a más de 70 sectores productivos, que dependen de la minería en su cadena de suministro. (AGENCIA REFORMA)
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