Una vez iniciadas las precampañas, que oficialmente no son precampañas políticas, en la búsqueda desesperada por el poder presidencial, por parte de un frente que se aferra a él y otro que pretende arrebatárselo, busco en la prensa cuál de los grupos en pugna va ganando la narrativa.
Me entrego preocupado a la lectura del diario acontecer de nuestra trama, y esto es algo de lo que encuentro.
El martes 27 de julio el secuestro de un grupo de trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Chiapas permanecía envuelto en la incertidumbre y la confusión. La noche del martes la propia dependencia comunicó que habían sido secuestrados 14 empleados cuando viajaban en un autobús de la institución cerca de Tuxtla, la capital del Estado.
Un día después, la cifra de secuestrados había aumentado a 16 mientras crecía la angustia entre las familias de las víctimas. Un video subido a las redes sociales muestra a los presuntos secuestradores exigiendo la destitución de varios altos cargos de la policía estatal a cambio de la liberación de los trabajadores, que también aparecen en el video. Los empleados de la dependencia se encontraban retenidos por un grupo armado, que pedía la destitución de tres funcionarios de la SSPC. (elpais.com). Los 16 trabajadores administrativos de la Secretaría de Seguridad Protección Ciudadana de Chiapas (SSPC) fueron liberados el siguiente viernes.
El miércoles 28 de junio, 10 elementos de la Guardia Nacional resultaron heridos en una explosión de un coche bomba en la localidad del Sauz de Villaseñor, en Celaya, Guanajuato. Tres de los 10 guardias nacionales se encuentran en “estado crítico”, mientras que los otros siete tienen lesiones leves.
Todo apunta a que podría tratarse de una nueva emboscada con explosivos, una técnica que utiliza el narco en el Estado para sembrar el terror. La explosión se produjo cuando los agentes atendían un reporte por un coche abandonado en la carretera entre Celaya y Salvatierra. (elpais.com)
El miércoles 5 de julio, en la ciudad de Toluca, una bolsa negra con restos humanos desmembrados apareció colgada de un puente peatonal cercano a la facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), al este de la capital del estado. Los medios locales han señalado que, a unos kilómetros del puente, frente a un negocio, apareció una bolsa de plástico negra con más restos y dos cartulinas con mensajes intimidatorios, con la firma de la organización criminal la Familia Michoacana. (elpais.com)
En ese mismo estado, nueve personas fueron asesinadas tras un ataque a un puesto de la Central de Abasto de Toluca, en torno a las 2:00 horas de la madrugada del lunes 10 de julio, un grupo armado entró, baleó e incendió el local de frutas y verduras donde estaban las víctimas. Ocho de ellas murieron en el puesto, mientras que uno de los heridos falleció en el hospital horas después. (elpais.com)
Días antes, la noche del martes 4 de julio, personal de la Fiscalía de Jalisco y de la policía sufrió un ataque con explosivos en Tlajomulco, un municipio de Jalisco, después de aventurarse por un camino de tierra para analizar un reporte sobre una fosa clandestina. El resultado de la tragedia es de seis personas muertas y 12 personas heridas que están siendo atendidas en los hospitales de la región, según informó Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, uno de los Estados más violentos de México.
Tres de los fallecidos eran trabajadores de la Fiscalía, uno de la policía municipal y dos civiles, además de 12 heridos. El asesinato llega después de que el pasado 14 de junio, las autoridades desplegasen un operativo especial para lidiar con la violencia en el municipio de Jalisco que acumula el mayor número de fosas clandestinas encontradas. (elpais.com)
Por otra parte, un tribunal del Poder Judicial de la Federación con sede en la capital del Estado de Colima ha instaurado el teletrabajo por tiempo indefinido para procurar una salvaguarda mínima a la vida de jueces y trabajadores. La medida la ha tomado el martes 11 de julio el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito “ante la enorme ola de violencia que se vive en esta ciudad y particularmente en áreas cercanas a las instalaciones que ocupa este tribunal y el Centro de Justicia Penal Federal”. La instrucción se ha hecho del conocimiento de los trabajadores y del Consejo de la Judicatura Federal mediante una circular muy explícita.
La circular del tribunal federal comienza así la crónica de los hechos: el domingo pasado, alrededor del mediodía, dos personas que acababan de atender una audiencia inicial ante un juez de control fueron asesinadas a las afueras del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en ese tribunal. La identidad de las personas, la naturaleza del juicio en el que participaban y el rol que jugaban (si de denunciantes o acusadas) no fueron detalladas en la circular, pero necesariamente debe tratarse de un asunto de carácter penal por delitos federales.
Continúa la circular: dos días después, el martes, fue asesinado, en su casa y junto a su hijo, un abogado que dio asesoría legal a una de las personas que participó en la audiencia del domingo y que posteriormente murió en el ataque. Tampoco fue revelada la identidad del litigante, mucho menos la de su hijo.
Añade la circular: el mismo martes, pasada la una de la tarde, la seguridad del tribunal detectó a una “persona sospechosa” en un vehículo que estaba a las afueras de las instalaciones. “Ese individuo, al percatarse de la presencia de policías, se dio a la fuga, siendo perseguido por elementos de seguridad, sin que se tenga noticia, hasta ahora, sobre si fue detenido o no”.
La circular agrega a la relatoría otro hecho de violencia que podría ser un caso aislado o una pieza más del mismo rompecabezas: el domingo por la tarde, tras el asesinato de las dos personas que participaron en la audiencia judicial, en otro sitio de la capital, fue agredida a balazos la patrulla que tiene la encomienda de resguardar la casa donde, en junio de 2020, fue asesinado el juez Uriel Villegas Ortiz, que había llevado importantes casos penales relacionados con la delincuencia organizada y el narcotráfico. (elpais.com)
Pues bien, esos son solo algunos de los casos, del ambiente de inseguridad que viven zonas importantes del país, que saltan a la vista al hojear las páginas de los diarios.
Ante esto, mi preocupada conclusión es que, más allá del ruido mediático de las precampañas de los diferentes frentes políticos que se disputarán el poder el próximo año 2024, la narrativa que impera es la de los violentos.
Si los partidos políticos y candidatos desean ganar la narrativa, deberán ser capaces de plantear una estrategia seria, integral que parta de la identificación de las particularidades sociales, económicas, culturales y geográficas, y la forma como influyen en la manera en que se manifiesta la inseguridad.
Esto como condición indispensable para establecer una ruta viable en el reto de atacar las causas socioeconómicas y culturales del delito, que nos lleven a transitar a un país más seguro.
José Vega Bautista
@Pepevegasicilia
josevega@nuestrarevista.com.mx
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