El año 2008 fue importante para México en materia de Justicia penal. El 15 de marzo de ese año, la Comisión Interamericana presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso Radilla Pacheco, asunto emblemático para el sistema de justicia penal. De la misma forma en el año 2008 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con la finalidad de establecer un nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, que hiciera realidad los principios relativos a la publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Todo ello auguraba una nueva etapa en el sistema de justicia penal en México. Hoy en el 2023, parece que todavía no se logra el objetivo y principalmente la tutela integral para las personas defensores de los derechos humanos.
Defender los derechos humanos no es una tarea fácil. Implica sobre todas las cosas, valentía. Se requiere valentía porque la defensa de los derechos humanos generalmente tiene a un enemigo fortalecido con una estructura difícil de conseguir por los particulares. La lista de muertes de las y los defensores es un terrorífico escenario, no solo nacional, sino mundial, que señala la peligrosidad que ataca a las personas que han defendido derechos humanos.
El asesinato del periodista Luis Martín Sánchez debe considerarse como un ataque a los derechos humanos en México, pues ha circulado por diversos medios que dicho asesinato se debe principalmente a su actividad periodística como defensor de los derechos de las víctimas.
Por ello me uno a las voces que han señalado que este asesinato no debe quedar impune. Pues mientras permanezca la impunidad, como dijo la Corte Interamericana en el caso Luna López vs. Honduras, permanece “el efecto amedrentador”, o como se especifica en el manual de Políticas Integrales de Protección a Personas Defensoras “cuando se impide a una persona defender derechos humanos, el resto de la sociedad y, en general, el estado de derecho y el funcionamiento de una sociedad democrática se ven directamente afectados”.
La impunidad además es un detonante letal para la desconfianza ciudadana y la cifra negra. Conforme al Estudio HALLAZGOS 2021, seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en Nayarit elaborado por México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas se logra observar que el índice estatal de impunidad es de 93.4. Es decir, de cada 10 delitos que se cometen 9 quedan impunes. En el mismo informe se puede leer lo siguiente “Se considera que la tasa de homicidios dolosos es el indicador más completo y preciso para medir el estado de la seguridad pública. Ésta presentó en Nayarit un incremento de 26.4% en 2021, con respecto a 2020. De igual manera se observa un incremento de 27.5% de víctimas por homicidio doloso” y se agrega que” Estos datos colocan a Nayarit en el tercer lugar entre los estados con mayor porcentaje de homicidios dolosos, y en el segundo en víctimas de este delito.
La muerte de Luis Martín Sánchez, como la de otras personas periodistas o defensores de derechos humanos, debe ser una fuerte llamada de atención para las instituciones de procuración de justicia.
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