El actual gobierno federal ha desarrollado una sorprendente habilidad para mentir y destruir al país, es inconcebible las contradicciones que se manifiestan diariamente en las acciones de sus funcionarios, empezando por el presidente quién toma como estandarte y grita a los cuatro vientos con orgullo: “primero los pobres”; según su brillante mentalidad; en sus decisiones demuestra lo contrario, por un lado, dando dádivas a los grupos más desprotegidos de la sociedad. ¿Para qué preocuparse por generar empleos para ese sector?, ¡no! Eso no es redituable. ¡Ha! Pero, por otro lado, está tomando una serie de medidas para destruir de tajo lo que ha costado años de lucha obtener a los mexicanos, como es el beneficio transcendental: el derecho a la salud pública.
Le comento, existe la Norma Oficial Mexicana que es una regulación técnica de observancia obligatoria, expedida por las dependencias competentes con el propósito de instaurar las características de los procesos o servicios, cuando estos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana. Las normas son obligatorias y abarcan muy variadas enfermedades. A principios de este mes salió la publicación en algunos medios de comunicación, que la Secretaría de Economía modificó el 28 de febrero del año en curso, el Programa Nacional de Infraestructura de Calidad 2023. Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) y 3 proyectos de NOM de la Secretaría de Salud.
El controvertido subsecretario Hugo López-Gatell, quien preside el Comité de Normalización de la Secretaría de Salud anuncio con bombos y platillos la gran decisión de cancelar 35 NOMs, fundamentado que: “no se necesitan”. Yo lo cuestiono ¿no se necesita diagnosticar y atender el cáncer de mama, el cervicouterino, cáncer de próstata?; tampoco son importantes el fomento, protección y apoyo a la lactancia materna; la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus, la hipertensión arterial sistémica, las dislipidemias, entre otros padecimientos en los cuales el sector salud dejará a su suerte la prevención, atención y diagnóstico de calidad. Estas normas son indispensables, ya que definen los criterios y procedimientos para prevenir, detectar, diagnosticar y tratar enfermedades consideradas como problemas de salud pública. Recuerde usted que no hay medicamentos, menos aún vacunas e insumos, y para rematar se acaban con las normas oficiales.
Después de la pandemia del COVID-19 académicos y expertos en salud de Health Metrics and Evaluation (IHME) de la Universidad de Washington concluyeron que los problemas de salud se deben a: salud mental; Impacto del cambio climático; enfermedades cardiovasculares; Infecciones de las vías respiratorias; pobreza en la salud; mayor fortalecimiento de los sistemas de salud; diabetes; lesiones en carretera; demencia; y, finalmente envejecimiento de la población. Le pregunto estimado lector ¿qué acciones ha tomado el gobierno federal para combatir estos males? Es correcta su respuesta ¡ninguna!, al contrario, se trata de incrementar estos problemas y quedarse con los brazos cruzado observando como la sociedad mexicana sufre y muere lentamente a su suerte.
Aunque el presupuesto del sector salud para el 2023 tuvo un aparente incremento global de 4.2% comparado con el año pasado es insuficiente. Pareciera que no recuerdan nuestros brillantes políticos que las principales enfermedades que sufre la sociedad mexicana son: enfermedades del corazón, la diabetes mellitus, los tumores malignos, la Covid-19 y las enfermedades del hígado. Según datos arrogados por el INEGI, las tres principales causas de muerte a nivel nacional son: enfermedades del corazón (141 873, 20.8%), COVID-195 (108 658, 15.9%) y diabetes mellitus (99 733, 14.6%). Con estos datos surgen varias preguntas: usted cree que en nuestro país la Política Nacional de Salud ¿es una estrategia enfocada a prevenir enfermedades, promover la salud y procurar el bienestar de las familias mexicanas? El artículo 4° constitucional dice “toda persona tiene derecho a la protección de la salud” con las decisiones que toma el gobierno federal ¿cumple con este mandato?
Los ciudadanos no tenemos información sobre nuestros derechos a la salud y cómo funciona este sector, nos concentramos sólo en la atención que nos dan en el sector salud público, sólo exigimos una buena atención hospitalaria. Pero si, este sector está cada vez más desprotegido por el gobierno federal, carece de los medios económicos; insumos; personal médico, enfermeras y demás personal de estructura; medicinas, vacunas; y sigue la lista en aumento, cómo es posible que este en posibilidades de dar una buena atención.
Es claro que a nuestras autoridades federales no les interesa el bienestar de la población, que es fundamental en cualquier Estado. El bienestar social y el económico son un derecho, porque permite a todo individuo estar nutrido, tener buena salud, poseer una vivienda digna y demás derechos, el estado de bienestar se da cuando se cubren las necesidades humanas básicas, permitiendo a los ciudadanos convivir en un ambiente de paz y con oportunidades de progreso.
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