Los jueces son muy importantes en nuestra sociedad. Su papel es fundamental para que los lazos sociales se mantengan en equilibrio. A veces, la gente los ve como personas perfectas, como si fueran santos. En otras ocasiones, se les ve como el origen de todos los problemas de la corrupción, como si fueran demonios. Dicho de otra manera, algunas personas creen que los jueces son perfectos y no se les puede culpar, mientras que otras creen que son responsables de todos los problemas de la sociedad. Este exceso tiene un impacto muy negativo en el proceso judicial, pues los jueces al dictar sentencia pueden navegar entre abusar de sus poderes y hacer lo que quieran. O actuar con el temor de que serán sancionados de manera despiadada y enfurecida.
Por ello, el tema de la sanción a los jueces no es un tema menor. Tiene muchos siglos de historia y reflexión. El Código de Hammurabi, una de las primeras colecciones de leyes, sirve como un ejemplo notable. En la ley 5 de dicho código puede leerse lo siguiente: “Si un juez ha sentenciado en un proceso y dado un documento sellado (una tablilla) con su sentencia, y luego cambió su decisión, este juez será convicto de haber cambiado la sentencia que había dictado y pagará hasta 12 veces el reclamo que motivó el proceso y públicamente se le expulsará de su lugar en el tribunal y no participará más con los jueces en un proceso”.
Todo esto viene a mención por la reciente detención de la jueza Angélica Sánchez Hernández. Su situación ha causado mucha controversia porque parece que ha sido sancionada de forma injusta. Al parecer, ella estaba cumpliendo una orden de un Tribunal Federal Superior. Si no hubiera acatado esa orden, también se le habría señalado de cometer un error. Así que ella estaba en una situación difícil y confusa.
Castigar a un juez que actúa indebidamente es un requisito ineludible para mantener la confianza en el sistema judicial. Pero hay que señalar que castigar indebidamente también resta credibilidad al funcionamiento del sistema judicial. En el proceso de sanción a un juez, se deben cumplir además de las reglas del debido proceso, algunas otras consideraciones en razón a su peculiar ubicación de operadores judiciales. Por ejemplo, en el Compendio de Estándares Internacionales para la Protección de la Independencia Judicial se menciona lo siguiente: “que no se sancione a los jueces por adoptar posiciones jurídicas debidamente fundamentadas, aunque divergentes frente a aquellas sustentadas por instancias de revisión”. Otra garantía que se debe tomar en cuenta es la de analizar la falta a la luz de posibles injerencias. Y finalmente, la garantía de publicidad. Cuando un juez es detenido, deben circular documentos oficiales haciendo públicos los motivos de la detención y el cumplimiento de las reglas del debido proceso así como las consideraciones específicas. Todo ello, debe cumplirse en el caso de la detención de la jueza Angélica Sánchez Hernández. ¿Se cumplió?
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