OPINIÓN

La responsabilidad de las entidades federativas en la protección de los derechos humanos

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11 junio, 2023

Hace apenas algunos meses se dictaron dos sentencias por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que han generado una verdadera reflexión en torno al constitucionalismo mexicano. Se trata del Caso Tzompaxtle Tecpile y el Caso García Rodríguez, ambos contra México. Los temas tratados en ambas sentencias son el arraigo y la prisión preventiva y han generado una literatura abundante. El debate permanece vigente. Sin embargo, y a manera de Hilo de Ariadna hacia soluciones entrelazadas, estás sentencias también han proporcionado señalamientos certeros sobre mecanismos para la protección de Derechos Humanos en México. Uno de ellos tiene que ver con la responsabilidad de las entidades federativas.

Efectivamente, una de las diferencias entre el caso Tzompaxtle y el caso García Rodríguez, está relacionada con el hecho de que en el primero hay una violación de los Derechos Humanos desde la federación, y en el segundo la violación surge desde una entidad federativa.

A propósito de este tema debe recordarse que antes de la reforma nacional del año 2011 en materia de los Derechos Humanos, habían sucedido muchos reclamos. La sociedad civil estaba cansada. Los reclamos y manifestaciones eran permanentes. Llegó la reforma constitucional federal como el cumplimiento de una promesa y con fuertes dosis de esperanza. Esta reforma ordenó a las legislaturas estatales que armonizaran sus legislaciones; es decir, que implementaran los mecanismos necesarios para que el reconocimiento federal aterrizará también en las entidades federativas. En este trabajo aún hay pendientes.

Conforme al Informe Situacional de los derechos humanos 2021: una radiografía estatal, publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, solo 17 de 32 estados han cumplido al 100 por ciento con la armonización. 15 entidades aun no lo han concluido a pesar de que ya han pasado más de 10 años de la reforma. Han cumplido, Baja California Sur, Coahuila de Zaragoza, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Yucatán, Zacatecas. Quienes han avanzado, pero aún no terminan son los siguientes: Ciudad de México (90 %), Aguascalientes (90.91%), Baja California (90.91%), Quintana Roo (90.91%), San Luis Potosí (90.91%), Tamaulipas (90.91%), Tlaxcala (90.91%), Veracruz de Ignacio de la Llave (90.91%), Tabasco (87.27%), Campeche (81.82%). Entre los que de plano se encuentran atrasados en este tema son los siguientes: Guerrero (63.64%), Morelos (63.64%), Chiapas (54.55%), Chihuahua (36.36%), Sonora (36.36%).

Por todo ello, no vendría mal que las entidades federativas asumieran como compromiso de agendas legislativas ese pendiente. No pueden dejar que pasen otros años y permitir que los Derechos Humanos sigan en una aventura interminable por encontrar estabilidad en México.