La economía social, una oportunidad para Coahuila
Cuando hablamos de economía y empleo en Coahuila, generalmente nos enfocamos en la industria automotriz, la manufactura de exportación, los grandes productores de alimentos y bebidas, conglomerados siderúrgicos, la extracción de minerales y combustibles fósiles y la generación de energía eléctrica. Sin embargo, a menudo ignoramos la otra cara de la economía: la economía del sector social.
La economía social y solidaria se compone de ejidos, comunidades, cooperativas financieras y productivas, sociedades de producción rural, organizaciones y empresas en propiedad de los trabajadores, proyectos productivos de grupos comunitarios y familiares, entre otras figuras asociativas relevantes. Por ello, en mi opinión, la economía social debe recibir mayor atención en la estrategia de crecimiento y desarrollo de la próxima administración estatal.
Si bien la contribución de la economía social al crecimiento y desarrollo es reconocida a nivel nacional e internacional, sorprendió que los candidatos no mencionaran al sector de manera directa o específica durante la campaña electoral.
Se propusieron acciones para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, atraer nuevas inversiones e impulsar el desarrollo productivo del campo coahuilense. Sin embargo, no se nombraron de forma explícita a las empresas sociales, cuya característica es que son operadas y dirigidas por los propios trabajadores, quienes también son sus dueños.
De hecho, en Coahuila existen emprendimientos del sector social que brindan empleo e ingresos para mejorar las condiciones de vida de las familias de bajos recursos. Varios municipios albergan a productores de miel, lácteos, forrajes, carne y distintos frutos. También encontramos pequeñas empresas de alimentos y bebidas, talleres, restaurantes, comercios de todo tipo, proyectos turísticos y servicios financieros de ahorro y crédito.
En Alemania y Estados Unidos, las cooperativas aglutinan un gran número de socios, 68 y 120 millones respectivamente, que representan 1, 173 billones de euros y 1.1 trillones de dólares en capital, contribuyendo con el 34 % y el 7.3 % del PIB de sus economías. En España, el 65 % de los residentes de la Comunidad Valenciana (más de 3.2 millones de personas) son miembros de cooperativas.
En México, solo en el sector financiero cooperativo, donde se encuentran las llamadas cajas de ahorro, solidarias y populares, hay más de 8 millones de socios con activos que superan los 160 mil millones de pesos. Asimismo, en el ámbito productivo, existen más de 61 mil unidades económicas del sector social que agrupan a más de 12 millones de afiliados.
Claramente, una estrategia integral de desarrollo debe tener en cuenta a las empresas y los emprendedores involucrados en el sector social.
Las empresas de propiedad social desempeñan un papel fundamental en la creación de empleo e ingresos, el uso sustentable de los recursos naturales y el acceso a los servicios financieros, así como en el fortalecimiento de una cultura cooperativa y la democracia participativa. Esto es particularmente importante en ámbitos sociales y territoriales excluidos del desarrollo industrial y la globalización.
En mayo y junio se cumplen once años desde la promulgación de la Ley de Economía Social y Solidaria en México y la Ley de Fomento Cooperativo en Coahuila, las cuales han impulsado significativamente la organización y visualización de las cooperativas y las empresas del sector social.
Indudablemente, se vislumbra un escenario favorable para que el futuro gobernador de Coahuila tome en cuenta ambas legislaciones con el objetivo de diseñar un programa pionero que promueva la economía solidaria como un eje estratégico en la recuperación del empleo y el desarrollo económico desde una perspectiva social.
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