La batalla contra la desinformación, que promueven gobiernos populistas interesados en desestabilizar la democracia, es la guerra silenciosa más sofisticada de nuestra época, advierte el diario El País.
Precisa que ante el cúmulo de mentiras que circulan por Internet, la sociedad ha reaccionado activando comandos civiles dedicados a desmontarlas “porque su ácido disolutivo se ha multiplicado a la velocidad de la luz, gracias a las redes sociales”.
Y una veintena de medios como El País, Washington Post, Guardian, Le Monde, Der Spiegel y Haaretz, formaron la organización Forbidden Stories (Historias Prohibidas) para analizar de dónde vienen y a quienes benefician las falsedades.
Hace dos semanas escribí aquí, que el afán por checar notas que me parecen falsas partió de cuando hace 8 años me ofrecieron un trabajo que rechacé, en una fábrica de mentiras instalada en Cuautla Morelos.
Ignoraba que existían otras semejantes, hasta que este 17 de febrero leí la denuncia hecha por El País, sobre la empresa española Eliminalia que ha ganado millones de euros borrando de Google fechorías de violadores, corruptos, narcos y blanqueadores de dinero de 54 países.
A Eliminalia acudieron para desaparecer las suyas, políticos mexicanos de los tres principales partidos PRI, PAN y PRD.
Entre otros los priistas Javier Duarte y Pedro Miguel Haces Barba, que pagó 110 mil dólares para desaparecer notas de 2019 y 2020.
El panista Miguel Ángel Colorado Cessa, quien borró 32 enlaces que le conectaban con el cartel de los Zetas.
Y el perredista Miguel Ángel Mancera, que como jefe de gobierno de la Ciudad de México compró a sobre precio 501 mil alarmas vecinales a Seguritech; que desembolsó casi 10 mil dólares, para quitar la denuncia publicada por la revista Proceso.
Pagos mínimos si se comparan con los cientos de miles de dólares que costó a funcionarios venezolanos, ocultar inmuebles en Lisboa, Madrid y Miami.
Antes de esa nota a que me referí, El País había publicado el 31 de diciembre de 2022 un reportaje de Jesús Ruíz Mantilla titulado Cazadores de bulos, cruzados globales contra la mentira.
Que especifica que la desinformación masiva surgió en 2004 con la aparición de Facebook y arreció con Twitter en 2007, WhatsApp en 2009 y Telegram en 2013, utilizada ésta última por Vladimir Putin, para clonar páginas de medios confiables.
“Rusia es hoy, potencia en la materia y asesora a gobiernos y partidos de corte autoritario”, asegura Ruíz Mantilla.
Y que los vínculos de la petrolera rusa Lukoil con Telegram, fueron expuestos a The Guardian y New York Times, por Christopher Wylie y Brittany Kaiser, empleados de Cambridge Analytica.
Quienes aseguraron en 2013 captaron para esa compañía, los datos de 87 millones de usuarios de Facebook para influir en sus comportamientos políticos, mediante “noticias” inventadas.
Y comparecieron ante el parlamento británico para confirmar sus dichos.
“La dimensión de lo que revelaron fue tan estremecedora, publicó el Washington Post, que empezaron a formarse barricadas contra esa guerra de mentiras utilizada como arma contra la democracia.”
Guerra que creció en 2016, para manipular el referéndum de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Brexit, que ganó por apenas 3 punto 8 por ciento.
Se ha probado que los jóvenes y los mayores de 70 años, son el principal objetivo de las campañas de mentiras que surgen desde el poder.
Como las de Trump, que durante sus cuatro años en la presidencia hizo 30 mil 573 afirmaciones falsas.
Bastantes menos, por cierto, que las de López Obrador en el mismo lapso.
Tanto asedio a la verdad motivó que diarios, periodistas, ingenieros y educadores, se reunieran para analizar cómo desmentir las calumnias que multitud de agentes, lanzan a las redes.
Y en 2018 fundaron en Europa, International Fact-Checking Network, DisinfoLab, Lie detectors, Newtral y European External Action Service (EEAS), actualmente conectada con 50 organismos similares de 30 países.
Lutz Gellner, responsable de comunicaciones estratégicas de EEAS, informó que han documentado 167 mentiras sobre la guerra contra Ucrania; por ejemplo, que el presidente ucranio Volodímir Zelenski, es un satanista borracho.
Y que ésta y otras falsedades circulan en las mismas redes que apoyan a Putin y que al iniciarse la pandemia en 2020, la negaban y difundían supuestos remedios; como la dañina recomendación de beber dióxido de cloro.
“El Covid lo cambió todo, expresó Gellner, porque la difusión interesada de mentiras empezó a cobrar vidas.”
En América Latina la principal plataforma de desmentidos es Factchequeado, con sede en Buenos Aires.
Brasil, con más de 100 millones de habitantes que usan las redes varias horas diariamente, ha sido terreno fértil para la desinformación y su anterior presidente Jair Bolsonaro, “adscrito al negacionismo científico, sacó de ellas enorme provecho”.
Ahora con el presidente Lula, Brasil se ha convertido en laboratorio para probar nuevas formas de combatirla; como una fiscalía que pueda frenarla, cuando dispersen artículos de odio.
Estudian también medidas para poder hacerlo, el Tribunal Supremo de EEUU y el gobierno de la India; a los que pueden unirse gobiernos de otras naciones que entienden, que la desinformación tiene mil vertientes y entraña graves riesgos para la democracia.
Concluye El País diciendo que las fábricas de mentiras han resultado tan buen negocio que sus dueños han contratado servicios de fact-checkers y creado sus propias detectoras de falsedades, para combatir las ajenas.
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