Empleados del INE interponen amparo contra ‘El Plan B’ de la Reforma Electoral

Por
El Heraldo de Saltillo
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Ciudad de México.- Un grupo de 147 empleados del Instituto Nacional Electoral (INE) interpuso la primera demanda de amparo en contra el “Plan B” de la Reforma Electoral propuesta por el presidente de México, Andrés López.

Rodolfo Martínez, del despacho Trusan y Roma Abogados comunicó a través de un mensaje compartido en redes sociales que la querella «tiene por objeto evitar la pérdida de su fuente de empleo y de las diversas prestaciones que tiene la institución», refirió el jurista. De acuerdo con la denuncia, la medida afectaría los derechos laborales de los demandantes.

“Y también dentro de este paquete está previsto el que se les cancelen sus pólizas de gastos médicos mayores y su seguro de separación actualizado, esto expresamente está señalado en la reforma y es lo que estamos impugnando. También te comento que el amparo tiene por objeto proteger sus sueldos y salarios porque en la reforma se prevé una disminución al establecer que se tendrán que ajustar a principios de razonabilidad y proporcionalidad, o sea elemento que no es objetivo para establecer el catálogo de sueldos y salarios de los empleados”, indicó el abogado.

El pasado 3 de marzo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en conferencia de prensa calculó que el “Plan B” de la Reforma Electoral implica un despido de alrededor de mil 200 empleados del Instituto Nacional Electoral y no de 6 mil como lo había perfilado el consejero presidente Lorenzo Córdova.

“Básicamente lo que la reforma contiene es el fin de la burocracia dorada del Instituto Nacional Electoral, se suprimen privilegios como el seguro de gastos médicos mayores o el seguro de separación individualizada, se instruye para que desaparezcan dos fideicomisos: uno de contingencias laborales y el otro que es relativo a la administración de los inmuebles fideicomisos”, explicó el funcionario.

El ‘Plan B’ entró en vigor el pasado 2 de marzo y desde entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha recibido varios recursos de controversia constitucional, con los que se pretende frenar la implementación de la medida. (EL HERALDO)

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