Suprema Corte frena aplicación de primera parte del “plan B” en Coahuila y Estado de México  

Admite a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra del decreto que reforma diversas disposiciones de la ley general de comunicación social y concede suspensión

Ciudad de México.- El ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos políticos PRD, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, así como diversos Diputados y Senadores integrantes de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, contra el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Asimismo, desechó la presentada por el partido político del Estado de Jalisco denominado Hagamos.

También dictó proveído en el que concedió la suspensión de dicho Decreto para el efecto de que no rija en los procesos electorales que se encuentran en desarrollo en el Estado de México y en Coahuila, sobre la base de que: i) se promulgó en el plazo de veda electoral previsto en el penúltimo párrafo fracción II del artículo 105 de la Constitución Federal; ii) contiene modificaciones legales fundamentales y, iii) porque de no concederse, su aplicación podría causar afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en éste.

Se trata de siete acciones de inconstitucionalidad admitidas por Pérez Dayán, quien además suspendió la entrada en vigor de las reformas a la Ley General de Comunicación Social, que limita el gasto en dicha materia a solo 0.1 por ciento del presupuesto de las alcaldías del país, para que no se apliquen en el Estado de México y tampoco en Coahuila, los dos estados que tendrán elecciones este año.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha recibido más de 47 acciones de inconstitucionalidad y más de 31 controversias constitucionales contra el plan B de la reforma electoral, del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entre las acciones de inconstitucionalidad turnadas para su análisis, se encuentran las promovidas por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), el Instituto Nacional Electoral (INE), así como por diversos diputados y senadores del Congreso de la Unión, en las que consideran que las reformas debilitan y violan la autonomía del INE. (EL UNIVERSAL)