Ante la violencia de género, el suicidio en la mujer debe ser investigado y se tiene que descartar que se haya tratado de un feminicidio, como lo marca el protocolo latinoamericano, de acuerdo con la directora de la Fundación Luz y Esperanza, Rosa María Salazar Rivera.
La activista por los derechos de la mujer y para garantizar una vida libre de violencia reiteró que es necesario que se descarte que la decisión fatal de una mujer no sea producto de la violencia, o de un entorno en el que haya sido victimizada.
Salazar Rivera destacó que -como en otros delitos- en el caso de los feminicidios hay una cifra negra que no se investiga a profundidad sobre la causa que llevó a la muerte a una mujer, que puede estar vinculada a que haya sido víctima de violencia familiar, sexual o de género.
“Existe un protocolo latinoamericano para realizar en el tema de los feminicidios, y ahí se incluye los casos de suicidios de mujeres, que se debieran de investigarse como feminicidios”, precisó la activista.
A pregunta expresa si se implementaba este protocolo en la entidad, la directora de la Fundación Luz y Esperanza detalló que no se lleva este protocolo como debe de ser y resaltó la importancia de llevar a fondo estos sucesos para determinar al final de si fue un suicidio o tuvo que ver con la violencia que estaba viviendo.
“Hay una cifra negra como la hay de violencia en casos de feminicidios. En algunos casos donde no se investiga a profundidad”, indicó y puso como ejemplo dijo que cuando se cae una mujer y muere no se ve como un accidente, sino que se investiga y se define, por lo que así debería de ser en los casos en que una mujer decide salir por la llamada “puerta falsa”.
Aunado a esto, la activista lamentó que en la violencia en general cada vez existe mucha más brutalidad en la forma que se ejerce y por ende en los feminicidios que se registran en la entidad. Explicó que a esto se le señala como “la pedagogía de la crueldad”, donde cada vez se va intensificando y con ellos, difundiendo la forma en que asesina a las mujeres en el país. (DAVID GONZÁLEZ | INFONOR)
