OPINIÓN

COMO DECÍA MI ABUELA

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21 septiembre, 2022

«La justicia no corre…

En los tiempos en que mi abuela nos crio, allá por los ochentas y noventas, no era tan mal visto el castigo físico. Un manazo o una nalgada eran bien vistos cuando se aplicaban cómo correctivo a un comportamiento no deseado. Por ello, mi abuela tenía su «chancla milagrosa» que no dudaba en empuñar y lanzar de considerarlo necesario. «La justicia no corre, pero atrapa» solía decir, cuando atinaba en el blanco.

Cientos de miles de personas han salido a protestar a las calles de Irán, luego de que la policía de la moral detuvo la semana pasada a Masha Amini, una joven de 22 años, por usar mal el Hiyab (velo que se usa obligatoriamente para cubrir el cabello de las mujeres), y que fue trasladada en ambulancia hacia un hospital en Teherán dónde murió, luego de una «sesión de reeducación». La versión oficial indica que Masha sufrió un paro cardíaco, los familiares y testigos (mujeres que también se encontraban detenidas) afirman que Masha fue víctima de tortura por parte de las autoridades que la detuvieron. Incluso, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, señala que fue golpeada en la cabeza contra un vehículo de la Policía de la moral. Hoy, Masha Amini vive en las protestas callejeras, dónde las mujeres están quemando sus velos o cortando y rapando su cabello mientras gritan «Muerte al dictador».

La policía de la moral está constituida por hombres y mujeres de las fuerzas del Estado iraní y personal de Basij, unidad paramilitar, operan de manera encubierta y su principal objetivo es hacer cumplir el uso correcto del hijab y que las mujeres cubran su cuerpo y no usen cosméticos. Aunque la represión por parte del Estado iraní ha sido severa y ha costado la vida de al menos cuatro personas, las protestas continúan.

En México, como protesta pacífica, se llevó a cabo una escalada el 15 de septiembre, en el monumento conocido como Estela de Luz. Como parte de la protesta, realizada por miembros del colectivo Hasta Encontrarte, se desplegó durante la ceremonia de «El grito» y antes del desfile, una manta con la leyenda «16 años de impunidad militar, no al golpe militar». Miembros del colectivo y de la organización «Marabunta» rodearon el monumento mientras se realizaba la escalada y hasta el despliegue de la manta, de las 06:00 hrs del jueves hasta las 02:30 hrs de la madrugada del viernes. La manta fue retirada por Protección Civil, alegando que representaba un riesgo para los transeúntes.

Respecto de lo anterior es importante señalar que el derecho a la manifestación pacífica es uno de los derechos humanos fundamentales, pues representa, no solo la libertad de expresión del pueblo, sino acciones legítimas de los ciudadanos para externar su inconformidad hacia la autoridad y hacia el gobierno, sea porque sus acciones no son coherentes con el discurso que sostuvo al ser votado, es violatorio de los Derechos Humanos, o muestra un actuar insuficiente e ineficaz para combatir la violencia, por citar algunas de las causas que guiaron la mencionada protesta y que nos ocupan actualmente en nuestro país.

La violencia contra las mujeres, no sólo se manifiesta en forma de desapariciones, desgraciadamente su forma más letal, el feminicidio, nos arrebata a más de 10 mujeres al día. En San Luis Potosí, Chuyita Lelixia fue reportada como desaparecida el miércoles 14 de septiembre y un día después encontraron su cuerpo, con signos de abuso sexual, en el baño del deportivo de la localidad de Derramadero, en Villa de Arista, donde residía. La fiscalía de San Luis Potosí detuvo a Jorge «N» de 33 años de edad luego de encontrar indicios que lo señalaron como el agresor. Ante estos hechos el gobernador de dicho estado Ricardo Gallardo Cardona, mediante un video en sus redes sociales señaló que pedirá, mediante una iniciativa de ley, la pena de muerte para feminicidas y castración para violadores. Sin embargo, cabe hacernos la pregunta ¿Es esta la verdadera forma de solucionar el problema tan grave de los feminicidios? Desde mi punto de vista, esto dista mucho de parecerse a una solución real, simplemente porque las tasas de impunidad superan el 90% cuándo se trata de denuncias de violencia feminicida en nuestro país.

Desgraciadamente, el feminicidio es sólo la punta del iceberg, aunque sea la más visible, del sistema de prácticas y creencias que sostienen la violencia contra las mujeres. Es cierto que en México no existe una «policía de la moral» instaurada por el Estado, pero en el sermón matutino, se dicta desde la cúpula del poder, el deber ser de los ciudadanos, para no pertenecer a los grupos que representan aquello que no es bien visto por nuestro presidente, los inconformes «fifis» o las demoledoras «feministas». Pareciera que el sólo hecho de comulgar con alguna de las posturas del feminismo, es motivo suficiente para el escarnio social, por si no fuera suficiente que ser mujer en este país machista representa, ya de por sí, un riesgo a la vida para la mitad de la población. Y son justo esas creencias, apoyadas por la ideología del presidente y su gobierno, las que no permiten a nuestra sociedad el cuestionamiento y deconstrucción de su machismo. Muy a pesar de que en México no se nos impone el uso de un Hiyab, se nos cuestiona continuamente a las mujeres por nuestra forma de vestir y si alguna denuncia acoso o violencia sexual, se insinúa como primera hipótesis y sin investigación que vestía de forma “provocadora” para finalmente establecer esto como una “causa justificada” del abuso sufrido.

Las autoridades tardan más en levantar una denuncia, que en retirar las mantas, pintas, o cualquier manifestación de protesta que se realiza por parte de la ciudadanía. Sin embargo, las redes sociales han abierto una ruta para hermanar personas con la misma forma de pensar y las mismas convicciones. De esta manera, tan rápido como es retirada una manta o antimonumenta, también se comparte y se viraliza en redes sociales está forma de actuar del gobierno. Sirven las penas duras y los castigos ejemplares, pero serviría más, que se tomen acciones concretas para reducir el tiempo de espera para levantar una denuncia y que se actúe de manera «pronta y expedita» cómo marca nuestra Constitución. Las víctimas, directas e indirectas, han encontrado en su derecho de protesta una forma de pedir y hacer justicia, cuando todo el aparato judicial les ha fallado.

Por esto, cómo decía mi abuela «la justicia no corre, pero atrapa» y aunque no lo vean mis ojos, seguiré desde mi trinchera, alzando la voz, para que esa justicia llegue.