¿A quiénes culparemos por una parálisis legislativa?
Hay que reconocer que los legisladores federales y el Gobierno han desarrollado formas cada vez más refinadas para rechazar el diálogo y el acuerdo, más allá de los intereses partidistas y del horizonte político-electoral que se avecina.
Convocar a una plenaria de la coalición Va por México para anunciar públicamente su rechazo a las iniciativas del Ejecutivo en materia electoral y de la Guardia Nacional, cuando aún no daba inicio el nuevo periodo ordinario de sesiones, es una manera elegante de extinguir la posibilidad de un pacto. Suena como cerrar la puerta en forma lenta para dejar de escuchar al vendedor de productos para el hogar.
En primera instancia, los presidentes del PRI, PAN y PRD pidieron ser escuchados y convocaron a Morena y sus aliados a dialogar antes de ‘mayoritear’. No obstante, desde mi punto de vista, al dirigir sus señalamientos hacia las iniciativas presidenciales, fustigando, de paso, los proyectos de infraestructura, impulsados por el actual Gobierno, lo que en realidad hicieron, consciente o inconscientemente, fue pulverizar las pocas posibilidades de conversar democráticamente.
A mi modo de ver, el bloque opositor disipó la posibilidad, que se presenta al inicio de cada periodo ordinario de sesiones, para conversar y perfilar acuerdos, sobre todo cuando se avecina la discusión del presupuesto. Porque, además, apelando a su relativa fuerza legislativa, sentenciaron al partido del presidente, asegurando que “no les va a alcanzar”, refiriéndose a los márgenes para lograr una mayoría que asegure las reformas propuestas por el Ejecutivo.
En la parte oficial tampoco abundan las señales que inviten asertivamente al diálogo. En sus cálculos políticos, al presidente no parece preocuparle demasiado los llamamientos de la oposición. Sin reparar en protocolos o cortesías políticas, el Ejecutivo envió al Congreso, un día antes del inicio formal del periodo ordinario de sesiones, la iniciativa para integrar la Guardia Nacional al Ejército.
Una rúbrica más cercana a la apertura del diálogo hubiera sido aguardar la iniciativa hasta el 1 de septiembre. Unas cuantas horas podrían marcar una gran diferencia entre construir una reforma consensuada o presumir una ‘mayoriteada’ o, en el peor de los escenarios, lamentarse, de nueva cuenta, ante una iniciativa rechazada.
¿A qué viene tanto distanciamiento? ¿Qué buscan ambos extremos con una estrategia de rompimiento? Cuando más se necesita la unidad, las justificaciones para alejarse de los puntos de equilibrio resultan absurdas, profundizan la división y alejan las posibilidades de un nuevo comienzo a la par del reinicio de las actividades legislativas.
No les falta razón a quienes, desde la óptica ciudadana, muestran fastidio ante el más que previsible atascamiento de las negociaciones.
Frente al escepticismo legislativo, considero que vale la pena conceder el beneficio de la duda, al no etiquetar a la totalidad de legisladores y funcionarios del Gobierno en el muro de la politiquería tan popular en estos tiempos. Habrá quienes nos concedan elegantes actos del arte de la política que se traduzcan en consensos a favor del país.
Quiero imaginar que una buena señal es la designación de Santiago Creel al frente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Si bien el panista y aspirante presidencial ha mostrado su oposición a la mayoría de las iniciativas presidenciales, se le reconoce su predisposición por el diálogo y el acuerdo.
Aunque la agenda legislativa se establece en la Junta de Coordinación Política, la cual quedó a cargo de Morena en la persona del poblano Ignacio Mier, sabemos que también se inclina por el acuerdo. Habrá que esperar si al buscar la gubernatura de su estado, no endurece su posición en sintonía con lo más extremo y disconforme del movimiento.
De otro modo, si a la polarización le sobreviene una parálisis legislativa, mientras el mundo avanza y se transforma para enfrentar los retos que ha dejado la pandemia y la guerra de Ucrania, ¿a cuál coalición o grupo parlamentario culparemos?
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