Con el propósito de coadyuvar en investigaciones relacionadas con delitos de alto impacto como corrupción, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y financiamiento al terrorismo, el presidente del Poder Judicial de Coahuila, Miguel Felipe Mery Ayup y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Coahuila, Oscar Pimentel González, firmaron este jueves un convenio de colaboración.
El acuerdo se oficializó dentro de un evento institucional que se efectuó en las instalaciones del Palacio de Justicia con sede en Saltillo, mismo que, en palabras de Pimentel González, reforzará la procuración de seguridad pública y del estado de derecho en el territorio coahuilense.
“La Unidad de Inteligencia Financiera del Estado de Coahuila se creó durante la actual administración estatal por iniciativa del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, como parte del andamiaje institucional necesario para garantizar la seguridad pública y la vigencia plena del estado de derecho en la entidad. El convenio de colaboración que firmamos nos permitirá dar pasos adicionales para intercambiar la información que contribuya a la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y los delitos relacionados”, dijo.
Por su parte, Mery Ayup destacó que la formalización de esta sinergia apoyará la labor de los jueces y juezas del organismo que preside, al permitir que se tenga mayor celeridad respecto a casos judicializados por los mencionados delitos.
“Este convenio tiene como objetivo sentar las bases de apoyo y mecanismos de colaboración para impulsar el desarrollo y fortalecimiento de acciones que permitan el intercambio de información que se posee en virtud del ejercicio de sus atribuciones, que incide y contribuye a la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, externó.
“Vamos a trabajar conjuntamente en asistencia técnica, capacitación, homologación de sistemas para asegurar las investigaciones de la UIF que se traduzcan en acciones de justicia, a la vez que se brinden a las y los juzgadores elementos de decisión suficientes para la impartición de justicia. En Coahuila hay pleno estado de derecho y por eso las instituciones nos coordinamos para aplicar todo el peso de la ley a cualquier acto de desvío de recursos”. (OMAR SOTO / EL HERALDO)
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