Bajo el argumento de “Que dejemos atrás de una vez y para siempre, la historia de fraudes. Ese es nuestro propósito. (…) No hay la intención de que se imponga un partido único. Lo que queremos es que haya una auténtica democracia en el país, que se terminen con los fraudes electorales, que sea el pueblo el que elija libremente a sus representantes”, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó este jueves la iniciativa de reforma constitucional en materia político electoral, que plantea modificar 18 artículos constitucionales y sustituir el INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC).
La propuesta contiene los siguientes ingredientes:
– Elección de Consejeros y de Magistrados Electorales mediante voto popular, el primer domingo del mes de agosto y siendo los candidatos postulados por los Poderes de la Unión.
– Desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y Tribunales Electorales Locales y federalización de las elecciones.
-Eliminación de las diputaciones plurinominales y reducción del número de legisladores federales y locales, pasando la Cámara de Diputados a 300 diputaciones y la Cámara de Senadores a 96.
– Cambio de modelo de elección de diputados, senadores y ayuntamientos para que éstos sean elegidos mediante el sistema de representación pura, en donde el porcentaje de votos que obtenga un partido político, será el porcentaje de legisladores o miembros de ayuntamientos que tendrá.
– Reducción de los integrantes de los Ayuntamientos en los Municipios, estableciendo un límite de hasta 9 regidurías de forma proporcional a la población de cada municipio.
– Eliminación del financiamiento público ordinario de partidos políticos nacionales y locales y conservación del financiamiento público para campañas electorales.
– Reconocimiento de la posibilidad de implementar el voto electrónico.
– Reducción de los tiempos en Radio y Televisión en materia electoral, suprimiendo los tiempos fiscales y reducción al 33% de participación ciudadana para que la Revocación de Mandato sea vinculante.
– Modificación a las excepciones constitucionales para difundir propaganda gubernamental, ampliando las excepciones para que se pueda difundir propaganda gubernamental que se considere relativa a servicios públicos y aquellas de carácter informativo con relación a los procesos electorales.
– Y creación de la Legislación Única en Materia Electoral, conjuntando toda la normatividad en materia electoral en un solo instrumento normativo.
Pues bien, ahora que inicia el camino del proceso legislativo esta iniciativa de reforma electoral es pertinente recordar que el proceso de transición a la democracia en México ha pasado, esencialmente, por la modificación de las normas instituciones electorales, así como por la modificación de los sistemas de integración de los órganos representativos para permitir reflejar en ellos la creciente diversidad política que, poco a poco, fue asentándose en el país.
Es cierto que ese proceso eminentemente electoral, fue acompañado de transformaciones que se dieron en otras áreas de la estructura del Estado, pero, en todo caso, se ha tratado de situaciones aisladas que, si bien han sido importantes en sí, no han tenido ni la continuidad ni la intensidad que, por el contrario, han tenido las distintas reformas electorales.
Este proceso de cambio político electoral en México que arranca de manera clara en 1977 se ha distinguido por su carácter continuo y paulatino. En efecto, ninguna de las reformas electorales que se han efectuado en México significó un cambio que se haya traducido en una ruptura radical con el pasado o que constituyera un momento fundacional particular. La transición a la democracia en México solo puede ser comprendida cabalmente si se le entiende como un proceso gradual en el que los cambios fueron presentándose parcialmente.
Lo anterior no significa, de ninguna manera, que las transformaciones que se dieron no hayan sido de gran calado. Basta una rápida ojeada al estado actual del país y por tanto particularmente a las instituciones públicas (para hablar solo del contexto político y no de la perspectiva económica y social que también se ha transformado profundamente) para comprender cuán importante fue el proceso de cambio. En efecto, pasamos, por un lado, de un país que era prácticamente monocolor y que se caracterizaba por la presencia de un partido hegemónico, a un contexto en el que una realidad política multicolor se reproduce a lo largo y ancho del territorio nacional y en todos los niveles de gobierno.
Ello trajo consigo que transitáramos de una monolítica presencia del otrora partido en el gobierno (el Revolucionario Institucional), la cual le permitía copar prácticamente todos los espacios de representación política, a una situación en la que la falta de las mayorías, y también con frecuencia el fenómeno de los “gobiernos divididos”, son una constante tanto en el ámbito federal como en los contextos locales.
(https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2527/17.pdf)
Si bien es cierto que el sistema democrático debe vivir una constante renovación, la sociedad mexicana y sus legisladores deberán considerar, principalmente, que la democracia implica aceptación del pluralismo y la diversidad; tolerancia y diálogo; autonomía de la política y respeto y responsabilidad institucional.
José Vega Bautista
@Pepevegasicilia
josevega@nuestrarevista.com.mx
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