Diputada pide a la PROFECO regular precios de las pruebas COVID-19 en laboratorios y hospitales privados

 

Ante el Congreso, la diputada local Claudia Rodríguez solicitó exhortar al Gobierno Federal a través de la Procuraduría Federal Del Consumidor (PROFECO) para que se regulen los precios de las pruebas COVID19 en laboratorios y hospitales privados.

De acuerdo a la Secretaría de Salud de Coahuila, se informa que hasta el 30 de enero de 2022 se contabilizan un total 136,834 casos de COVID-19, incluidos 8,194 decesos, por lo que la demanda de pruebas rápidas y PCR se disparó con el ascenso de la cuarta ola de contagios de Covid-19 provocado por el avance de la variante Ómicron.

Las personas con síntomas y salen en busca de pruebas para comprobar ante sus empleadores que son casos positivos, con ello justificar la falta y por consiguiente tramitar la incapacidad temporal para el trabajo.

Además, las administraciones públicas están al límite, y una gran parte de la población acude a los hospitales y laboratorios privados para conocer si están contagiados de Covid-19 ante la sospecha de tener síntomas y en busca de mayor tranquilidad. Esta crisis es una oportunidad para empresas que están haciendo su agosto en lo que algunos califican como “un negocio y mercadeo terrible”.

La diputada comentó “Tenemos que ponernos a pensar y ver la situación de muchos ciudadanos, que no obstante, de estar posiblemente contagiados, el tener que incapacitarte y que muchas empresas solo pagan el 60% por la incapacidad o hasta menos, ellos con sus propios medios tienen que pagar una prueba COVID en un laboratorio privado y si aparte le sumamos el aumento de precios en la canasta básica, me parece que la economía de los ciudadanos está siendo gravemente afectada”.

Por tal motivo, es urgente implementar medidas que eviten prácticas comerciales abusivas en la comercialización ya que se están violentando el artículo 1º, fracción I, de la Ley Federal de Protección al Consumidor donde se menciona que el objeto de esta ley es: Promover y proteger los derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Concluyó Rodríguez Márquez “Tenemos que encontrar una solución, ya que los costos para realizarse en prueba COVID en un laboratorio privado están muy descontrolados ya que existe una gran variación de precios. Con fundamento en el artículo 8 donde la Procuraduría debe verificar que se respeten los precios máximos establecidos en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, así como los precios y tarifas que conforme a lo dispuesto por otras disposiciones sean determinados por las autoridades competentes”. (EL HERALDO)