Múzquiz, Coahuila.- La cueva de la localidad de Obayos, donde los propietarios de la empresa ocultaron el accidente que mantiene paralizado al trabajador Juan Muñiz Calvillo, es también proveedora de carbón metalúrgico para la Comisión Federal de Electricidad, comprobaron la Organización Familia Pasta de Conchos y el Centro Pro de Derechos Humanos.
El 11 de junio, Juan Muñiz, de 52 años de edad y 30 como minero, fue golpeado por una roca que se desprendió de la excavación en que trabajaban, en condiciones de falta de seguridad típicas de las cuevas y pozos carboneros, las que en su momento fueron advertidas por viudas de mineros a Manuel Bartlett Díaz, director de la CFE.
Juan fue auxiliado por sus compañeros, que ante la falta de la camilla exigida por la normatividad minera, lo transportaron sobre una tabla al exterior y recibieron la instrucción del capataz, Guillermo Flores, de llevarlo al centro médico privado Z. Cruz para evitar la clínica local del IMSS, donde debió ser reportado como accidente laboral.
El médico en turno le diagnosticó una lesión menor en el cuello y fue trasladado a su hogar, donde sin embargo desde el día del accidente ha permanecido postrado por falta de sensibilidad y movilidad en sus extremidades inferiores.
Entrevistado en su hogar, señaló que el capataz cubrió los gastos de la primera atención médica y le aseguró que estaba afiliado al IMSS, lo que por su situación en ese momento no pudo comprobar y dijo que, al no poder desplazarse ni trabajar, tampoco ha reportado su caso ni ha solicitado al Instituto el pago de incapacidad, por lo que él con su familia han vivido de la ayuda de compañeros y vecinos.
Con aplicación de la misma práctica ilegal que se ha denunciado en el caso de las empresas Micarán, Carkim y Rodensa en Rancherías, en la cueva de Obayos cada fin de semana el capataz entrega en efectivo a los trabajadores cantidades que fluctúan entre 3,100 y 4,600 pesos, pero para asegurar que regresen el lunes siguiente les retienen lo que les corresponde por lo producido cada viernes o 700 pesos si son ayudantes.
“Como siempre en estos casos no hay patrón que aparezca”, afirmó Juan Muñiz y dijo desconocer la identidad del dueño y solo conocer al contratista, Margarito Puente, de la población de Barroterán. Narró que no les proveen ningún equipo de seguridad e incluso ellos deben llevar su propio casco reglamentario, lo que fue corroborado por otros obreros que laboran para esa empresa.
En su comunicado conjunto, el Centro Pro y la OFPC establecen que Muñiz sí está afiliado al Seguro Social con un salario de 167.23 pesos diarios, por la empresa Consorcio Minero A.G. y Cia S.A. de C.V., con registro patronal A331070010, de la que aparece como propietario Luis Alfonso Rodríguez Garza, dueño también de Grupo Sacu, que opera una segunda extracción en la misma zona.
Ambas empresas, se señala, recibieron sendos pedidos de la Comisión Federal, por un total de 89 mil 280 toneladas, Consorcio AG por un monto de 35 millones 373 mil 402 pesos y Grupo Sacu por 53 millones 969 mil 794.80 pesos.
Las organizaciones insisten en señalar que la compra de carbón operada por Bartlett desde la CFE ha propiciado el renacimiento de cuevas y pozos que funcionan sin mínimo cumplimiento de las normas de seguridad, a la vez que prosigue la práctica del “coyotaje” de carbón extraído de operaciones clandestinas, con alto riesgo para los mineros.
Urgen, por tanto, prohibir el funcionamiento de cuevas y pozos, un compromiso de la CFE de no adquirir carbón proveniente de esas explotaciones, cancelar las concesiones de zonas ya explotadas y elaborar un “protocolo de salvamento minero” para atender eventuales siniestros.
En el caso del Consorcio AG, demandan brindar la adecuada atención especializada al minero Muñiz, aplicar las sanciones correspondientes por ocultar el hecho al IMSS y a las autoridades del trabajo, cancelar el contrato por parte de la CFE a partir de la conducta ilegal de la empresa y también la concesión por parte de la Secretaría de Economía. (FÉLIX RODRÍGUEZ / INFONOR)
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