Piden su erradicación al interior de partidos
Tras darse a conocer que la ex panista Rosario Jiménez Sifuentes acusó a quien fuera alcalde de Saltillo por el Partido Acción Nacional (PAN), de 1991 a 1993, Rosendo Villarreal Dávila, de haber ejercido violencia política de género en su contra, en 2014, cuando en una sesión del Comité Directivo Estatal de este partido le dijo que solo «ofreciéndose sexualmente» podía obtener un cargo público, Andrea Delgado Quintero, integrante del Frente Feminista de Saltillo, calificó como «urgente» que este tipo de acciones se erradiquen al interior de partidos políticos.
«El concepto como tal es violencia política contra las mujeres en razón de género y ese es el problema principal, que la violencia que nosotras enfrentamos en este sector es porque soy mujer. Nos ha costado muchos obstáculos para poder entrar en este espacio público», comentó este martes, en entrevista para EL HERALDO, Delgado Quintero.
«Estos comentarios se traducen en violencia porque todo esto es mediante los roles y estereotipos que nos perjudican a las mujeres. Se traduce en discriminación que es violencia. Como podemos ver en este caso, fue un comentario directo que le hicieron a la ex candidata», añadió.
En este sentido, llamó a las integrantes de los diversos institutos políticos a denunciar oportunamente estos actos negativos que, en sus palabras, reflejan el menosprecio que mujeres inmersas en este ámbito padecen por culpa de personas como Villarreal Dávila.
«La violencia política es de las más recientes, tiene menos de cinco años el tipo penal como tal. Si nosotras no señalamos, no visibilizamos y no hacemos un llamado, quién más lo va a hacer. Es bien importante que lo señalemos», expresó la entrevistada, quien cuenta con una especialidad profesional en Género y Derechos Humanos.
Asimismo, reconoció la valentía de Jiménez Sifuentes para hacer público su caso que, esperó, no se vuelva una constante en la política local.
«En el 2014 todavía no estaba el tipo penal como tal de violencia política contra las mujeres en razón de género, sin embargo la mayor sanción es la social. Qué bueno que, a pesar de que los hechos ocurrieron en el 2014, que penal o electoralmente no se le puede hacer nada al victimario, decidió alzar la voz porque socialmente está el tema y socialmente identificamos a quien cometió este delito». (OMAR SOTO / EL HERALDO)
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