Ciudad de México.- Los proyectos de infraestructura y programas sociales prioritarios del Gobierno de Andrés López presentan un alto riesgo de no ser rentables, son opacos en cuanto a contrataciones se refiere, están mal diseñados o se empezaron a construir antes de contar con todos los permisos ambientales y de factibilidad, y acumulan irregularidades en el gasto de más de 1 mil 500 millones de pesos en tan solo el primer año de la nueva administración.
Animal Político señaló que estas son algunas de las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su tercera entrega de la Cuenta Pública 2019, en las que puso especial énfasis en los megaproyectos de infraestructura, como el Tren Maya o la Refinería Dos Bocas, y en los programas sociales ‘estrella’, como Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro.
En el apartado de megaobras, la ASF hizo hasta siete auditorías al Tren Maya en las que encontró que presenta riesgo de no ser rentable, que no fue consultado debidamente a la población indígena, que es poco transparente en la adjudicación de contratos de obra, y que tiene pendiente por aclarar 156 millones de pesos.
Por ejemplo, en el informe 1384-DE, la Auditoría señaló que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que es el ente encargado del proyecto, exageró las cifras de proyección de uso del Tren Maya en el futuro para defender que el proyecto será rentable a mediano plazo, lo cual implica “un riesgo en la viabilidad financiera del proyecto, ya que la sobrestimación en la demanda podría repercutir en variaciones significativas respecto de la rentabilidad estimada del proyecto en la etapa de preinversión”.
La ASF también observó que el Fonatur lanzó el megaproyecto sin realizar antes estudios para determinar la “factibilidad social” del Tren Maya, por lo que no se hizo un diagnóstico que pudiera prever los posibles efectos y riesgos sociales que pueden ocasionar la construcción y operación del tren.
Sobre este punto, la Auditoría señaló deficiencias en la “consulta indígena” que llevó a cabo el Gobierno Federal en diciembre de 2019, apuntando que el Fonatur hizo las asambleas informativas del proyecto en tan solo un día, y que dejó fuera de la consulta a más de la mitad de las comunidades de la península de Yucatán -más de 2 millones de personas-.
“El Fonatur no proporcionó a los indígenas la información necesaria para que estos aceptaran el proyecto con pleno conocimiento de causa”, concluyó la ASF.
La Auditoría también determinó que este proyecto tiene pendientes por aclarar 156 millones de pesos. Entre las irregularidades que se encontraron está la adjudicación injustificada de contratos en servicios de ingeniería básica, la incorrecta integración de precios unitarios; así como la duplicidad en pagos del personal directivo y técnico.
Se observaron además irregularidades en el contrato C- TM-007/2019 sobre la liberación del derecho de vía, que generó una diferencia en los servicios pagados por 13 millones 190 mil pesos; además, debido a la falta de definición del trazo para la ejecución del Proyecto del Tren Maya se generaron gastos innecesarios por otros 6 millones 208 mil pesos.
Este domingo, Fonatur respondió en un comunicado y en sus redes sociales que el Tren Maya “es un proyecto transparente que cumple con la normatividad”, recordando que el informe “es un proceso abierto”, por lo que aún tiene 30 días hábiles para presentar a la ASF “la información y consideraciones pertinentes” para responder a las observaciones emitidas por la Auditoría. Asimismo, culpó a “los diarios” de publicar “malentendidos”.
Dos Bocas: 75 mdp perdidos y en riesgo de inundación
La refinería de Dos Bocas en Tabasco, el principal proyecto del gobierno actual para lograr la “soberanía energética”, inició obras antes de concluir los permisos ambientales correspondientes, lo que provocó que no se tomara en cuenta el riesgo de inundación y erosión que tiene el terreno donde actualmente se construye.
La Manifestación de Impacto Ambiental de este megaproyecto se hizo hasta después de arrancar las obras. Sin embargo, según la ASF, en esa Manifestación tampoco se incluyen medidas de mitigación para contrarrestar la afectación ambiental. Y pese a iniciar de manera apresurada, existe el riesgo de que esta obra no concluya en 2022, como lo programado, por lo que esto también podría afectar a la rentabilidad del proyecto a mediano plazo.
Además, la Auditoría detectó irregularidades en el gasto de 75 millones de pesos por pagos no aprobados, y/o por pagos en los que no se encontró una correspondencia entre el volumen de material y servicios contratados con los montos erogados durante el avance de la obra en 2019.
Se desconoce si Santa Lucía será viable
En cuanto a infraestructura aeroportuaria, la ASF concluyó que la Secretaría de la Defensa Nacional no realizó las estimaciones suficientes para determinar la viabilidad del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, lo que impide conocer si el proyecto será realmente rentable.
En diciembre de 2019, después de siete meses del inicio de la obra, el análisis de factibilidad técnica determinó que el uso de este aeropuerto junto con el Internacional Benito Juárez y el de Toluca era viable, pero “se requería de un gran rediseño del espacio aéreo y cambios en los procedimientos actuales de tráfico comercial”; también que había “obstáculos (antenas, torres, avisos, entre otros) que estaban cerca del aeropuerto y características del terreno que podrían afectar los procedimientos de vuelo”.
Además, existían seis subcuencas con posible aportación de escurrimientos en la zona del proyecto, así como protección de la Base Militar mediante una barda y diversos bordos que “impedirían el ingreso del agua”, y que había cuatro capas del subsuelo de la zona de estudio construidas por roca basáltica, materiales granulares y arcillosos.
Aunque según la Sedena el Aeropuerto movilizará a 23.8% del total del centro del país en 2022, hasta llegar a atender al 53.4% de la demanda total estimada para 2052, cuando el aeropuerto esté en su máxima etapa de operación, no se conoce el método de cálculo.
Además, la Sedena no entregó toda la información a la Auditoría al argumentar que se trata de una obra de “seguridad nacional”.
Aunado a esto, la ASF hizo otra auditoría a la cancelación del aeropuerto de Texcoco, otra de las banderas electorales del presidente López Obrador. Sobre esta cancelación, la Auditoría determinó que, a pesar de que el gobierno actual dijo que la cancelación de Texcoco costaría 100 mil millones de pesos, el costo real será de al menos 331 mil 966 millones de pesos; el triple de lo prometido.
Dan becas a fallecidos en programa de Jóvenes
En el apartado de programas sociales ‘estrella’, la Auditoría halló múltiples irregularidades en el desempeño y en el gasto de algo más de 126 millones de pesos de Jóvenes Construyendo el Futuro, a cargo de las secretarías del Trabajo y de Educación.
Este programa tiene por objetivo entregar una beca económica a jóvenes de entre 18 y 29 años que no estudien ni trabajen para que aprendan un oficio en un centro de trabajo. Sin embargo, la ASF determinó que este programa carece de mecanismos de control para verificar, monitorear y dar seguimiento tanto a los datos de los aspirantes a la beca, como de los Centros de Trabajo adscritos.
Por ello, los auditores detectaron que en el primer año de operación del programa hasta 68 personas recibieron más de 5 millones de pesos como beca, a pesar de que al momento de recibir los pagos habían fallecido.
La ASF también investigó una muestra de siete Centros de Trabajo en diferentes partes del país, donde supuestamente se capacitaron 718 jóvenes. Los auditores hallaron que cuatro de esos centros eran domicilios inexistentes o abandonados, o no tenían relación con el programa social.
Por ejemplo, la empresa INAEP SA de CV, inscrita al programa, era una bodega abandonada. Construcciones y Servicios Lukman era una casa habitación sin la capacidad operativa ni la infraestructura para alojar a los 129 jóvenes que se supone que capacitó. Y Barista Factory SA de CV y Technogourmet SA de CV denunciaron que alguien usurpó sus identidades, por lo que la Auditoría determinó que 377 jóvenes no recibieron capacitaron en estas compañías de manera irregular casi 3 millones de pesos.
Además, la ASF señaló un posible daño al erario por 50 millones de pesos por pagos realizados a más de 5 mil becarios que estaban inscritos a Jóvenes Construyendo al Futuro y que, al mismo tiempo, estaban recibiendo otras becas gubernamentales para que continuaran con sus estudios, lo cual contraviene la normativa del programa.
Sembrando Vida: mal diseñado y con múltiples deficiencias
En el primer año de operación de Sembrando Vida, a cargo de la Secretaría de Bienestar, la ASF determinó que se dispersaron recursos por 4 mil 500 pesos mensuales, al menos en una ocasión, a 244 mil 657 sujetos agrarios, monto que les permitió contar con recursos superiores a la línea de bienestar rural establecida en 2 mil 008 pesos mensuales en ese año, para cubrir sus gastos alimenticios y no alimenticios, y preparar sus parcelas.
No obstante, el programa presenta deficiencias en su diseño e implementación que implicaron el riesgo de que no logre cumplir, en el mediano plazo, el objetivo de lograr que los sujetos en localidades rurales con ingresos inferiores a la línea de bienestar rural cuenten con ingresos suficientes para hacer productiva la tierra.
En cuanto al diseño, no se identificó con precisión a la población objetivo; no se establecieron los mecanismos para asegurar que, en la entrega de los apoyos, se priorizará a los sujetos agrarios jóvenes en edad productiva, a mujeres campesinas e indígenas, ni para realizar el seguimiento de la operación del programa, y tampoco los mecanismos de coordinación con otras dependencias y entidades para evitar duplicidad con programas sociales similares.
Tampoco se estableció el límite temporal de atención del subsidio, y no se precisaron las áreas responsables, ni las atribuciones para la operación.
El padrón de beneficiarios presentó deficiencias en su integración y actualización; la entrega de los apoyos económicos no se realizó de forma oportuna, y no en todos los casos se respetaron los montos previstos, ni se comprobó el cumplimiento de los criterios y requisitos de elegibilidad.
Tampoco se acreditó el número de sujetos agrarios que fueron beneficiados con apoyos en especie, ni el tipo, cantidad, fechas y lugares de la entrega de las plantas, insumos y herramientas que les fueron entregadas.
Además, no se comprobó el acompañamiento técnico a los beneficiados, ni la formación permanente que recibieron los técnicos sociales y productivos.
Y no se generó información, ni se elaboraron criterios y parámetros para evaluar la contribución del programa Sembrando Vida en el cumplimiento de lograr que los sujetos agrarios con ingresos inferiores a la línea de bienestar rural cuenten con ingresos suficientes para hacer productiva la tierra.
A través de un comunicado, la Secretaría de Bienestar resaltó “que las observaciones planteadas en los informes no son definitivas y que el propio titular de la ASF dejó claro que aún falta un proceso de notificaciones, aclaraciones y seguimientos, durante el cual se presentan solventaciones; las áreas responsables de la secretaría se mantienen atentas a las notificaciones”.
La dependencia destacó que en 2019 ejerció presupuesto por más de 150 mil millones de pesos y que cerca de diez millones de personas se beneficiaron de los programas sociales del gobierno.
Becas Benito Juárez: ¿qué pasó con 265 millones?
Las Becas para el Bienestar Benito Juárez, que tienen como objetivo garantizar el acceso a la educación a familias con problemas económicos y/o en exclusión social, presentó irregularidades por casi 264 millones de pesos.
Entre el abanico de irregularidades, la ASF documentó que 72 personas recibieron 115 mil pesos de beca, a pesar de que al momento de obtener la ayuda ya habían fallecido. También se llevaron a cabo pagos por importes mayores a los establecidos en el programa (sin especificar el monto total), y no se cuenta con el soporte documental que acredite el pago a 347 beneficiarios y a otros 458 prestadores de servicios profesionales por honorarios por 15 millones 855 mil pesos.
En términos generales, la Auditoría concluyó que la Coordinación Nacional de Becas, la encargada de gestionar estos apoyos, “no cumplió con las disposiciones legales y las normativas aplicables en la materia”. (ANIMAL POLÍTICO)
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