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El tema de la gobernanza del internet es, sin duda, un tema que desde el aumento exponencial de su utilización a través de los medios digitales, se ha mantenido sobre la mesa de discusión donde ha generado cada vez mayor inquietud y presiones por parte de los sujetos involucrados, para que su regulación se lleve a cabo.
Ordenar un mundo digital tan grande resulta ser tan complejo como uno se lo pueda imaginar, no obstante, existen acciones al respecto en un ámbito global que, es donde se sabe que impacta directamente lo que suceda en el ciberespacio.
Una de las cuestiones de mayor intranquilidad en el ecosistema digital, va respecto al uso ilimitado de las múltiples redes sociales de las cuales somos usuarios millones de personas, a nivel global.
En ese entendido, y ante la carente visión de aceptar que es una preocupación mundial, hay países, que han optado por prohibir o, en su caso, restringir el uso de cualquier plataforma ajena a lo local. Rompiendo así con la característica multipartita que conlleva la eficaz y eficiente regulación de un espectro de enormes dimensiones.
Esta semana vuelve a escena en México el tema que le comento. El grupo de senadores de MORENA, pretende presentar una iniciativa que, en términos generales, obligaría a las redes sociales que cuenten con un número de usuarios arriba de 1 millón, a estar reguladas bajo órdenes del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el cual establecerá los términos y condiciones para -según ellos- proteger al usuario y a la libertad de expresión.
Para mayor detalle, el proyecto de iniciativa ya fue publicado -irónicamente- en las diferentes redes sociales del coordinador de la bancada.
Ahora bien, de lo anterior yo destacaría concretamente dos aspectos que me llaman la atención. El primero: los tiempos. Luego de que en pleno periodo electoral en Estados Unidos la red social Twitter decidiera bloquear de manera definida la cuenta del entonces presidente Donald Trump, se desataron una ola de opiniones y comentarios al respecto, dentro de las cuales se encontraba la de nuestro Presidente e iban en defensa del ex-mandatario. Por lo tanto, en pleno año electoral, pareciera que lo que pretende realmente la reforma es ir en contra de la ley de murphy y antes de que pase algo malo, asegurar que no suceda algo similar al mandatario de nuestro país.
Segundo: la desaparición de los organismo autónomos. En junio del año pasado, se comentó en este mismo espacio, la presentación de una iniciativa que pretende extinguir a los organismos constitucionales autónomos, uno de ellos el IFT. Por ello, en caso de darse ambas reformas, quien terminaría por tener el control de la regulación de las redes sociales sería el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es decir, al alcance del Presidente.
Dije que eran dos, pero serán tres. El aspecto que considero más importante radica en el hecho que, como señalé al inicio, el fenómeno de las redes sociales es un fenómeno que se vive en todo el mundo. Entonces, ¿por qué regular un tema mundial en el espectro nacional y no buscar colaborar con las acciones que actualmente se realizan entre los miembros de organismos internacionales?
Cabe destacar que, con base en la idea del fondo de la pregunta planteada, se ha decidido a llevar a cabo un ejercicio de parlamento abierto donde se realicen opiniones y comentarios por parte de todas y todos los involucrados que, al final, somos todas y todos que tenemos presencia en las redes sociales.
En fin, es cierto que el régimen jurídico mexicano -como muchos otros- carece de legislación en materia de redes sociales, pero la iniciativa que se pudiera presentar en lo que resta del primer trimestre del año, parece más política que progresiva.
Imagínese usted. Pleno año electoral, un país con más de 125 millones de habitantes, donde aproximadamente el 69% actúan en por lo menos una Red Social, ha ocasionado que estas sean un factor real de poder donde todos los actores políticos quisieran tener presencia.
Reciban un saludo; muchas gracias.
@Dan_Fdz
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