Al tiempo que Andrés Manuel López Obrador va consiguiendo su propósito de jalar los reflectores hacia su iniciativa para una consulta popular en la que los mexicanos manifiesten si quieren o no el enjuiciamiento a los ex presidentes de México, un grupo de senadores presentó también una iniciativa para una consulta, en este caso encaminada a que los ciudadanos acepten o rechacen que se establezca el ingreso básico universal como un derecho.
Sobre la consulta que tanto López Obrador como Morena están impulsando, ya se ha dicho que es un recurso político con el que pretenden avivar en la población el sentimiento de repudio hacia los ex mandatarios con la pretensión de que se conviertan en votos para el ahora partido oficial en las elecciones federales de 2021.
La que impulsan los senadores de PAN, PRD y PRI lleva también desde luego una intencionalidad política, pero su valor está en que lejos de llevarnos a escarbar en el pasado podría sentar las bases para que en el futuro los gobiernos tengan la obligación de implementar un salario de emergencia cuando ocurre una crisis como la que estamos viviendo, y no se evadan como lo está haciendo la cuarta transformación.
Los mecanismos y términos previstos en la ley para hacer una solicitud de este tipo obligan a que la consulta consista en una única pregunta, que se debe someter a la aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que en este caso los Senadores han planteado con la siguiente redacción: «¿Está usted de acuerdo en que el gobierno federal otorgue un apoyo económico a las trabajadoras y trabajadores formales e informales que pierdan su trabajo o disminuyan sus ingresos con motivo de crisis económicas por las que atraviese el país, como la originada por la contingencia sanitaria del Covid-19?»
La sola pregunta nos da ya una clara idea de la trascendencia, y sin embargo el planteamiento de fondo es aún de mayor peso, pues alude a la implementación de acciones emergentes para hacer frente a una crisis económica, acciones como las que distintas voces han propuesto con insistencia al gobierno federal y que sistemáticamente López Obrador ha rechazado.
La iniciativa de los senadores aún debe recorrer varias instancias, y en caso de que se apruebe realizar la consulta, ésta tendrá que celebrarse hasta agosto del año próximo, y para que tenga carácter vinculatorio, es decir que obligue a las autoridades a implementar lo que los ciudadanos hayan decidido, se necesita que participen en el plebíscito más de 36 millones de mexicanos y que el 50% de ellos se exprese a favor, en este caso del ingreso básico universal.
En términos prácticos, no habría este apoyo emergente tampoco en 2021, pero ya quedaría establecida la obligación para otorgarlo.
Hasta ahora las consultas populares parecían una puntada presidencial, un recurso populista para de manera burda manipular y justificar la cancelación de obras y proyectos, como ocurrió con el aeropuerto de Texcoco, o el Metrobús en La Laguna.
Pero ya reglamentadas las consultas pueden ser un recurso ciudadano para obligar a los gobernantes a que implementen programas y acciones que sean realmente necesarios.
Con todo y que la crisis actual se prolongará hasta el año próximo, tal vez en este caso en concreto el mecanismo no logre con oportunidad un plan de emergencia económica, pero debemos de tener presente el recurso y utilizarlo, hablamos mucho de la necesidad de contrapesos, del ideal de que Morena pierda la mayoría en el Legislativo, pues bien aquí tenemos otra vía, que sin embargo al igual que la electoral exige de la participación ciudadana.
De nuevo, ese es el reto: la participación.
edelapena@infonor.com.mx
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