Ciudad de México.- Cientos de millones de pesos para obras de infraestructura que no fueron entregados a los estados y hoy están desaparecidos. Festivales culturales para los que se autorizaron recursos pero que nunca se realizaron y que se intentaron probar con fotos de eventos de otros países. Operaciones bancarias simuladas para justificar la entrega de apoyos al campo que no se aplicaron. Transferencias de dinero a empresas fantasma…
Esto es apenas una muestra de decenas de posibles desvíos de recursos públicos descubiertos en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto y por los cuales la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado 23 nuevas denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con Animal Político, el monto del posible desfalco supera los 2 mil 40 millones de pesos y se desprende de 61 acciones fraudulentas ocurridas entre 2016 y 2017, en cinco secretarías de Estado: la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu), la Secretaría de Cultura, la ya desaparecida Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la Secretaría de Economía y la Secretaria de Educación Pública.
Las denuncias llegan luego de que se agotó el plazo– en algunos casos hasta de dos años – que la ASF dio a las dependencias implicadas para que justificaran el uso o destino del dinero, o en su caso lo devolvieran. Nada de ello ocurrió.
En ese contexto, la ASF ha pedido a la Fiscalía General que integre las carpetas de investigación correspondientes y proceda en contra de los funcionarios o exfuncionarios que resulten responsables de este fraude que, en muchos casos, ocasionó la pérdida de dinero que estaba destinado a programas para apoyar a los sectores más vulnerables de la población.
En algunas de las irregularidades, específicamente en la Sedatu, se detectó además la utilización de instituciones públicas como universidades para desviar recursos que estaban destinados originalmente para las entidades. Se trata del mismo esquema documentado en el reportaje “La Estafa Maestra”.
Con estos 23 nuevos casos ya suman más de 130 las denuncias que la ASF ha presentado ante la FGR en contra de irregularidades en el gobierno federal durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.
La investigación de las denuncias presentadas por la ASF estará a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), que encabeza desde el año pasado la fiscal María de la Luz Mijangos.
En Sedatu: el desvío del desvío
Entre las nuevas denuncias presentadas ante FGR se encuentra una por un posible desfalco de casi 725 millones de pesos en la SEDATU, ocurrido en 2016. El caso tiene la peculiaridad de que se detectó un doble mal manejo de un mismo presupuesto.
Lo que los auditores encontraron, de acuerdo con el informe de auditoría financiera 1835-DE, es que la SEDATU recibió en 2017 poco mas de 6 mil 231 millones de pesos para financiar obras de infraestructura en zonas marginales o de considerable rezago social en el país.
Lo que correspondía es que dicho dinero fuera dispersado entre las delegaciones estatales de la misma dependencia, sin embargo, irregularmente la SEDATU solo repartió 2 mil 375 millones de pesos, y se quedó con 3 mil 855 millones en números cerrados.
¿Qué hizo con el dinero que retuvo? Entregarlo en su mayoría a instituciones públicas y universidades las cuales luego lo canalizaron ilegalmente a otras empresas en el esquema conocido como “La Estafa Maestra”, que ya ha sido objeto de otras denuncias promovidas por la ASF.
Pero en este caso, además, los auditores descubrieron que entre el dinero retenido hay 689 millones de pesos que ni siquiera fueron enviados a las universidades, sino que simplemente fue transferido y retirado de las cuentas sin que hoy se conozca su destino. Es decir, fue un nuevo desvío de lo ya desviado de inicio.
El mismo informe destaca que entre los recursos que sí se ejercieron para obras de infraestructura hay 31 millones de pesos que la dependencia entregó a cinco planteles de educación superior: Instituto Tecnológico Superior de Centla, la Universidad Intercultural del Estado de México, la Universidad Politécnica del Golfo de México, la Universidad Politécnica de Tlaxcala y la Universidad Politécnica del Centro, para que realizaran diversas obras. Sin embargo, no hay constancia de que las mismas se hayan ejecutado pese a que el dinero sí se entregó.
En cultura: festivales fantasma
La ASF denunció que en 2016 se desviaron más de 226 millones de pesos desde la Secretaría de Cultura que estaban destinados al financiamiento de proyectos culturares en diversos estados del país. Se trató de un posible fraude premeditado donde incluso se intentó simular con pruebas falsas que el dinero sí se había ejercido.
El informe de resultados de la auditoría de cumplimiento financiero 280-DS destaca, por ejemplo, que se entregaron poco mas de 8 millones y medio de pesos a la asociación civil Drama, Voz y Movimiento A.C., para la realización de tres festivales en los municipios de Córdoba, Veracruz; Puerto Vallarta, Jalisco; y la alcaldía Miguel Hidalgo de CDMX.
Sin embargo, al verificar con las referidas demarcaciones la realización de dichos eventos los auditores se encontraron con que nunca ocurrieron.
Derivado de lo anterior se profundizó en la revisión de las fotos que estaban en los expedientes de contratación para acreditar que se realizaron esas actividades y lo que se encontró es que se traba de festivales realizados en Chile, España y Argentina, que nada tenían que ver con lo que tuvo que haberse llevado a cabo aquí.
Algo similar ocurrió con otro contrato por 8 millones y medio de pesos entregados a la institución Romero Mac Gregor. A.C. para que llevara a cabo tres festivales culturales y de cine en Jalisco y Aguascalientes. Los auditores verificaron que dichos eventos nunca ocurrieron y que la evidencia con la que se “comprobaba” su realización es falsa.
Incluso hubo pagos a empresas fantasma. La ASF descubrió que la Secretaría de Cultura pagó por 48 funciones de teatro infantil y 14 talleres de estrategias educativas en Veracruz que tampoco ocurrieron. Los tres proveedores de estos talleres no fueron localizados en sus domicilios fiscales, e incluso uno de ellos ya está catalogado por el SAT como una compañía que factura operaciones simuladas
En el campo: un hoyo negro
De las 23 denuncias presentadas ante FGR por la ASF, 14 corresponden a múltiples desvíos registrados en los distintos programas de apoyo financiero a proyectos agrícolas por un monto superior a los mil millones de pesos.
Las irregularidades fueron identificadas específicamente en los programas denominados Programa de Fomento a la Agricultura: Componente Tecnificación del Riego; Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria: Componente Productividad Agroalimentaria; y Programa de Fomento a la Agricultura, Componente Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico Agrícola.
Lo que la ASF identificó aquí es un patrón que año con año se repitió en el sexenio pasado: organizaciones o empresas que simulan contar con viabilidad financiera y logística para acceder a los recursos de esos programas. Todo ello con la complicidad por omisión o acción de la entonces SAGARPA.
“El esquema fraudulento incorpora el uso de documentos alterados que conforman parte del expediente de los supuestos beneficiarios del programa de productividad agroalimentaria, con lo cual simularon operaciones bancarias que les permitieron acceso a los recursos del subsidio o a su comprobación”, indican los auditores en el informe de resultados 296-DE.
No obstante, no conformes con obtener el dinero irregularmente, los proveedores favorecidos por SAGARPA usan el dinero para situaciones que nada tienen que ver con proyectos agrícolas.
La ASF advierte que el daño aquí es doblemente preocupante pues involucra a recursos que sí son necesarios para apoyar a sectores del campo que se encuentran en situaciones vulnerables.
“La situación de pobreza y las circunstancias deplorables de millones de habitantes exigen la salvaguarda de los bienes públicos y el castigo severo al uso inapropiado o a la discrecionalidad en el ejercicio del recurso público”, subrayan los auditores en uno de los informes que dio pie a las denuncias ante FGR.
En educación: erario para pagar préstamos
La ASF también presentó cuatro denuncias penales por el posible desvío de 40 millones de pesos en recursos del programa de “Fortalecimiento a la Educación Temprana y el Desarrollo Infantil” a cargo de la Secretaría de Educación Pública. Los malos manejos se identificaron en tres estados: Colima, Nayarit y Zacatecas.
Entre las irregularidades reportadas en el informe de la auditoría 140-DS correspondiente al 2017 destaca, por ejemplo, que en Colima se enviaron un millón 271 mil pesos a una asociación civil la cual, a su vez, utilizó el recurso para cubrir el pago de un préstamo a un particular.
Mientras que en Nayarit se detectaron que 21 millones de pesos fueron entregados a una asociación civil cuyo representante legal es integrante de un partido político, para que se utilizaran en la remodelación de ocho centros de Desarrollo Infantil (CENDI). No obstante, no hay comprobación suficiente de que el dinero realmente se hubiera utilizado en ello. (ANIMAL POLÍTICO)
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