Ciudad de México.- Entre 2013 y 2016, la administración de Emilio Lozoya en Petróleos Mexicanos (Pemex) dejó un boquete de más de 23 mil 500 millones de pesos en los recursos y finanzas de la empresa del Estado y sus subsidiarias, como resultado de 111 presuntos actos de corrupción, malos manejos y posibles desvíos detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Sin embargo, aunque han transcurrido cuatro años desde que la gestión de Lozoya al frente de Pemex terminó, hasta ahora el destino de todo ese dinero sigue sin aclararse y los quebrantos al erario permanecen impunes.
Animal Político publicó que los malos manejos en Petróleos Mexicanos y en sus distintas subsidiarias fueron documentados sistemáticamente por la ASF mediante la aplicación de auditorías financieras y forenses; estas últimas de mayor profundidad ante las sospechas de presuntos actos de corrupción en la principal empresa estatal del país.
Como resultado de dichas investigaciones, se detectaron irregularidades en el manejo de recursos públicos en Pemex y en seis de sus subsidiarias en el periodo de la gestión de Lozoya, es decir, de 2013 a 2016. El monto del quebranto, según datos actualizados de la ASF, es de 23 mil 529 millones de pesos.
El mayor boquete se ubica en la subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP), donde existe un faltante de 17 mil 537 millones de la empresa. Le sigue un posible quebranto de 3 mil 980 millones en recursos manejados entre la empresa y la filial P.M.I. Comercio Internacional.
A ello se suman malos manejos detectados en la subsidiaria Pemex Transformación Industrial por 1 mil 400 millones de pesos que no aparecen hasta la fecha, a los que se suman otros 416 millones de pesos posiblemente desviados desde las oficinas corporativas. El resto de las irregularidades corresponden a las subsidiarias Pemex Fertilizantes, Pemex Logística y Pemex Refinación.
Los montos referidos se desprenden de 111 irregularidades graves detectadas por los auditores al revisar las cuentas públicas de los años mencionados.
Las anomalías van desde recursos no ejercidos que tampoco fueron devueltos, hasta el pago por obras incompletas o inexistentes, inversiones en bienes con precios arriba del mercado o con avalúos injustificados, penalizaciones no cobradas por incumplimientos en diversos procedimientos, y hasta transferencia de recursos sin justificación alguna.
Hoyo negro de dinero… una sola indagatoria
Cada una de las irregularidades detectadas en Pemex implica millones de pesos que, de no ser aclarados – como no ha ocurrido en cuatro años – tienen que ser devueltos, lo que tampoco ha sucedido. Se trata de posibles fraudes al erario que de confirmarse dan pie a diversos delitos federales.
No obstante, hasta ahora la ASF solo ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) y está relacionada con el posible quebranto de más de 3 mil 500 millones de pesos que dejó la inversión en el complejo de Agronitrogenados, y que involucró a Pemex y a su filial P.M.I. Internacional.
Dicha inversión estuvo centrada en la adquisición de una planta de fertilizantes con la empresa Altos Hornos por las cuales, según las evaluaciones de los auditores, se llegó a pagar hasta diez veces más de su valor real no solo de las naves industriales, sino también de los equipos.
De acuerdo con otra indagatoria de la FGR, Lozoya habría recibido presuntos sobornos de hasta cuatro millones de dólares a cambio de que Pemex cerrara este trato, lo que dio pie a una de las órdenes de aprehensión en su contra que derivaron en su extradición a México. No obstante, la indagatoria por los recursos mal invertidos y posiblemente desviados detectados por la Auditoría continúa en integración.
En cuanto al resto de las irregularidades detectadas y el monto observado, en su momento autoridades de la ASF indicaron a este medio que se preparaban los dictámenes técnicos para la presentación de nuevas denuncias en próximos meses.
Reparación del daño en riesgo
Para que el daño económico causado por la gestión de Lozoya en Pemex pueda ser reparado, se requiere que Pemex y sus subsidiarias devuelvan los recursos no ejercidos o que paguen por la afectación patrimonial causada por las distintas inversiones irregulares, lo que no ha ocurrido hasta ahora.
La presentación de las denuncias que permitan iniciar procesos en contra de los funcionarios implicados en los malos manejos es otra alternativa, que puede llevar a la localización de recursos o a la devolución de estos. Pero hasta ahora solo existe una investigación en proceso.
Incluso, aun cuando el exdirector de Pemex hoy se encuentra detenido y busca un acuerdo con la FGR a cambio de aportar información, ello tampoco es garantía de que exista algún tipo de reparación del daño, según señalaron algunos penalistas consultados por Animal Político.
Es una situación similar a la que ya sucedió previamente en casos como el del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, también procesado y sentenciado por lavado de dinero y asociación delictuosa (delitos que igual se imputan a Lozoya). Aun cuando su gobierno dejó un quebranto superior a 40 mil millones según la ASF, Duarte solo fue procesado y sentenciado mediante un juicio exprés, y se dictaminó que no procedía reparación del dañó alguno.
La razón es que los delitos que se el imputaban eran de los denominados “formales” que, según los abogados consultados, son aquellos que no tienen una conclusión material fácilmente identificable como si la tiene, por ejemplo, un robo donde se puede regresar lo robado, o el peculado donde puedes devolver el dinero que posiblemente desviaste. Lozoya, al igual que Duarte, está acusado de asociación delictuosa y cohecho (recibir sobornos).
“Asociación delictuosa es reunirse para cometer un delito. Es un acuerdo que aunque delictivo no tiene una consumación material. Si nos acusan de cohecho pues la afectación es para quien dio el soborno, tampoco hay reparación. Y es lo mismo en el lavado de dinero. La única alternativa es que haya algún decomiso de cuentas o casas, pero eso es distinto a una reparación que se ordene”, dijo Gabriel Regino, experto penalista.
El litigante explicó que si bien el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla que beneficios como el de convertirse en testigo colaborador (buscado por Lozoya) están sujetos a una reparación del daño, la misma está condicionada literalmente a “cuando sea el caso”, como señala el artículo 256, y ello tiene que ver con la imposibilidad de que proceda la reparación en delitos formales.
Otros expertos como la abogada Estefanía Medina, cofundadora de la organización Tojil: Estrategia contra la impunidad, consideran que si bien desde una visión muy “clásica” pero también “limitada” del Derecho este podría ser un escenario, la FGR debería negarse a otorgar cualquier beneficio a Lozoya si no implica una reparación para el Estado.
“El grupo de trabajo de la ONU sobre recuperación de activos conforme a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de cuál forma parte México ha resuelto que la sociedad en su conjunto es víctima de los casos de corrupción y, por lo tanto, debe tratar de encontrarse la forma en que se pueda cuantificar este daño y repararlo. No es fácil pero el Estado debe intentarlo”, señala Medina.
Lozoya, semana clave
Esta semana se definirá la situación jurídica de Emilio Lozoya en dos audiencias judiciales programadas ante los jueces federales que ordenaron la captura del exdirector de Pemex, por los supuestos sobornos que habría recibido de las empresas Altos Hornos y Odebrecht en el sexenio pasado.
La realización de estas audiencias tuvo que posponerse durante diez días debido a problemas de salud que presentó el exfuncionario federal luego de haber sido extraditado desde España.
En las audiencias iniciales Lozoya será notificado oficialmente de las razones por las cuales fue detenido con la finalidad de que responda a dichos delitos. Los fiscales de la FGR, por su parte, solicitarán que se inicie proceso penal en contra del exfuncionario quien tendrá la oportunidad de presentar pruebas a su favor.
Las audiencias se realizarán por el sistema de videoconferencia debido a que Lozoya aun no ha sido dado de alta del hospital donde se encuentra, así como a las restricciones sanitarias por la pandemia de COVID-19.
Se prevé que la defensa del exdirector de Pemex no debata los argumentos de la Fiscalía debido a que busca un acuerdo de colaboración con ellos. Hasta ahora no se han dado a conocer los alcances de dicho acuerdo, pero de acuerdo con fuentes de la defensa del exfuncionario, “todo se ha llevado conforme a la ley”. (ANIMAL POLÍTICO)
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