OPINIÓN

EN EL TINTERO

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4 junio, 2020

Omisión institucional

En un divorcio o separación de una pareja, además de que suele ser un tema personal y de familia, siempre hay dos versiones de los hechos, pero cuando se involucra a los menores para cumplir venganzas, es obligación de las instituciones intervenir de manera inmediata e investigar si están en riesgo.

A pesar de que hace dos meses, el padre y abuela de un pequeño de año y siete meses de edad denunciaron ante la Fiscalía General del Estado en Saltillo el posible abuso que estaba padeciendo el infante, la presunta victima permanece hasta la fecha en el hogar donde, aseguran, sufre la agresión.

Lo más lamentable es que a pesar de que existe evidencia de que la denuncia se interpuso en abril y el día 13 de ese mes un médico legisla acreditó el abuso sexual del menor, la Pronnif evidencia que hasta este jueves no tenía notificación de estos hechos ni por parte de los denunciantes ni por la autoridad.

Lo más extraño es que el padre mostró documentos oficiales donde se demuestra que, de acuerdo al médico legista de la Fiscalía General del Estado, el pequeño desde hace varios meses, sufre abuso sexual, lo que se determinó al encontraré evidencias de posible papiloma humano, una enfermedad de transmisión sexual.

Documentos oficiales mostrados por el padre, señalan que la perito en medicina forense María del Consuelo Mares Quintero de la Dirección General de Servicios Periciales notificó a la Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada de Delitos Cometidos contra los Niños, Niñas y Adolescentes, Patricia Guadalupe Rodríguez Alejandro, de los resultados del médico legista.

“Por fuera del orificio anal se aprecian cúmulos de verrugas planas y acuminadas mayores a 10 días de evolución, de meses. En ella destaca que las verrugas que presenta el menor son por lo general de transmisión sexual, en cuanto al orificio anal presenta datos de manipulación antigua y frecuente”, señala el documento.

El padre del niño explicó que se encuentra separado de su pareja al considerar que incurría en omisión de cuidados, y señaló que al ser los dos de profesión enfermeros, detectó inmediatamente la situación de salud del menor al observarle verrugas en sus genitales.

La madre del menor y su abogada confirmaron que desde octubre de 2019 sabían de las lesiones del menor, pero aseguran que un pediatra señaló que sólo eran verrugas sin mayor explicación.

Está de más las conclusiones que hagamos como lectores o ciudadanos, es obligación de la autoridad implementar de inmediato una medida de protección a favor del menor, en tanto se investiga quien tiene la responsabilidad, toda vez que ambos padres culpan a los parientes de los hechos.

Ante la pregunta del porqué no presentó la denuncia correspondiente Evelyn, la madre del menor, solo respondió que tomó una actitud pasiva y relató la mala relación que vivió en pareja. Además de la reacción de la madre, otra cosa extraña es la omisión institucional.

Y es que la Fiscalía confirmó en un comunicado que integran ya la carpeta de investigación por el delito de abuso sexual en contra de quien o quienes resulten responsables, derivado de una denuncia presentada por el padre del menor.

Y aunque asegura que trabaja de forma coordinada con la Procuraduría de Las Niñas, Niños y la Familia del Estado (PRONNIF), la titular de la dependencia Leticia Sánchez Campos, dijo en entrevista que hasta este jueves no había sido notificada de ninguna situación sobre el menor ni por parte de la autoridad ni de los denunciantes.

Con la evidencia de la denuncia en papel, ¿quién es responsable de no notificar a la institución? Más grave ¿Quién es responsable de que el menor siga expuesto a las agresiones? Urge que la autoridad implemente una medida de protección, es lamentable la omisión institucional que hoy queda en evidencia en una de las instituciones más sensibles como es la protección de los niños.