Ciudad de México.- Al iniciar el Parlamento Abierto que recopila opiniones calificadas para legislar y elevar el bienestar de los programas sociales a rango Constitucional, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, la priista, Dulce María Sauri Riancho pidió cautela y no crear falsas expectativas entre los mexicanos, “la reforma implica conocer los objetivos fundamentales, ¿a cuántos mexicanos se va a beneficiar? y ¿cuánto dinero se tiene disponible para cumplir con ellos?”.
La legisladora priista pidió no crear confusiones, debido a que los artículos segundo y cuarto Constitucionales consagran derechos fundamentales como la salud, educación, alimentación, vivienda, libre decisión sobre el número y espaciamiento de los hijos y se incluye a los pueblos indígenas y las personas con discapacidad, lo que realmente hay que discutir es cómo se va a otorgar ese bienestar de manera integral, desde el nacimiento hasta la muerte.
“Ni siquiera tenemos una estimación estadística del alcance de esta reforma, ¿Cuántas personas son las que resultarán beneficiadas?, ¿A cuánto asciende el presupuesto? dedicado a atender estos derechos establecidos en programas que, de prosperar en sus términos la iniciativa constitucional, quedaría ya como un derecho exigible”, planteó la legisladora por el estado de Yucatán.
Puntualizó que en el Grupo Parlamentario del PRI se entiende que el bienestar social es el centro de las políticas de desarrollo por eso, ante la propuesta del Ejecutivo federal para reformar el cuarto Constitucional, surgen dudas legítimas, mismas que la diputada Sauri Riancho planteó a la subsecretaria del Bienestar, Ariadna Montiel y se enfocaron a dos grupos vulnerables: los adultos mayores y las personas con discapacidad.
La cantidad de recursos que se les destina, expuso, no satisface su canasta básica, tampoco cubre la adquisición de medicamentos, que hoy no están disponibles en el sistema de salud; en anteriores administraciones, cuando se aplicó el programa PROSPERA, había un padrón de 6.5 millones de adultas y adultos mayores apoyados de manera integral.
Dulce María Sauri Riancho cuestionó entonces si los derechos a una vejez digna tienen que estar en la Constitución o lo apremiante es que, en una legislación secundaria, se obligue a asignar recursos cada año para atender la pensión universal y el resto de sus necesidades básicas.
Lo mismo aplica para las personas con discapacidad, ¿por qué establecer programas sociales específicos para atender parcialmente determinado tipo de derechos? y a propósito de las condiciones de vulnerabilidad, recordó que hay mexicanos con discapacidades físicas, pero también con limitaciones de otro tipo, esencialmente de tipo mental y para ellos no hay alternativas de apoyo en esta propuesta gubernamental.
La diputada Martha Garay Cadena, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, fue incisiva, “apoyamos el sistema de becas, pero hay necesidades que no se cubren con dinero, por ejemplo, la movilidad; por eso, es obligación del Gobierno crear políticas públicas de asistencia para todos aquellos que a causa de su situación física o mental son vulnerables y tienen el derecho de integrarse a la sociedad y desarrollarse”.
Alertó sobre el contenido de la reforma en cuestión, debido a que busca elevar a rango constitucional el derecho al “goce de un apoyo económico a las personas que tengan discapacidad permanente y para las personas adultas mayores, una pensión no contributiva”. Esto se valora y festeja, pero la ayuda económica no exime al Estado mexicano de brindar respuestas institucionales para garantizar los derechos de estos grupos en condición de vulnerabilidad. (EL HERALDO)
Autor
