Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) y el actual gobierno federal deben investigar a fondo los presuntos acuerdos que Javier Duarte habría establecido con la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, para que dejara el gobierno de Veracruz y saliera del país en octubre de 2016, antes de que pudiera ser detenido.
Así lo exigió la organización civil TOJIL: Estrategia contra la Impunidad, que desde octubre de 2018 presentó una denuncia penal que dio pie a la apertura de una carpeta de investigación en la FGR, por las posibles irregularidades en el proceso contra Duarte que derivaron en una sentencia reducida.
Animal Político publicó que la organización presentó el lunes a la Unidad de Asuntos Internos de la FGR un escrito formal para que se solicite e incluya como prueba, dentro de la referida carpeta, el video de la audiencia judicial realizada el sábado pasado, donde el exgobernador reveló cada uno de los supuestos pactos con el gobierno pasado.
Estefanía Medina, cofundadora de la organización, advirtió que estos presuntos arreglos y acuerdos de corte político contribuyen a perpetuar la impunidad y favorecen la corrupción.
“Desde que se dio esa extraña negociación entre la PGR (hoy FGR) y la defensa del exgobernador, en TOJIL advertimos que esa forma de atender uno de los escándalos más grandes de corrupción que se han destapado en la opinión pública no podía tener lugar más que por devenir de un pacto-acuerdo de corrupción, por lo cual en octubre de 2018 denunciamos ese acto y pedimos ser víctimas para colaborar en la investigación del caso”, dijo Medina.
La FGR se ha negado a reconocer dicha calidad de víctimas a la organización, lo que ha obligado a los denunciantes a buscar un amparo.
El próximo jueves 9 de enero un Tribunal federal resolverá de forma definitiva si la organización puede participar en la indagatoria de las presuntas anomalías en el caso de Javier Duarte.
Por otro lado, Animal Político buscó un posicionamiento del senador del PRI y exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien según los dichos de Duarte habría sido el operador de los pactos para que dejara su cargo y saliera del país. La respuesta del área de comunicación del legislador es que no habría comentarios.
Los cuatro pactos
En la declaración que dio el sábado pasado ante el juez al responder preguntas de sus abogados y de los fiscales, Javier Duarte habló de una serie de arreglos, peticiones y pactos que – según su versión – propiciaron los acontecimientos ocurridos desde su renuncia al cargo de gobernador a semanas de terminar su gestión, hasta la condena que él mismo aceptó de nueve años de prisión.
Se trata de acuerdos que, según el exgobernador, tenían una lógica política encaminada a no afectar más al gobierno de Peña Nieto ni a su partido, el PRI. A continuación, se detalla cada uno de ellos:
Primer acuerdo: la licencia al cargo
Según Duarte, esto ocurrió en una reunión privada en la oficina del entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la primera semana de octubre de 2016, a dos meses de que concluyera su mandato como gobernador de Veracruz.
Duarte dijo que Osorio le comunicó una “instrucción” del presidente Enrique Peña Nieto para que pidiera licencia al cargo de gobernador, con la finalidad de propiciar una transición “tersa” en la entidad con el entonces gobernador electo Miguel Ángel Yunes, y evitar mayores ataques al partido (PRI). Añadió que aceptó la petición por “lealtad institucional”.
A cambio, Osorio presuntamente le prometió a Duarte que podía “salir por la puerta grande”, y para ello le habrían tramitado una entrevista en un medio nacional, transmitida el 12 de octubre de 2016, en donde podría argumentar que renunciaba voluntariamente para enfrentar las acusaciones en su contra y decir que era inocente.
Segundo acuerdo: la fuga
Duarte dijo que el 13 de octubre de 2016, un día después de pedir licencia, recibió una llamada de un “oficial mayor de Gobernación” quien le alertó que, por su seguridad, debía irse de su casa y de la entidad. El exgobernador dijo que acató la referida instrucción por “lealtad institucional”, y vía terrestre se trasladó a Chiapas, desde donde cruzó en una balsa, junto con su esposa, hacia Guatemala.
La fecha de este supuesto aviso del gobierno coincide plenamente con el momento en que la entonces PGR conseguía de un juez una orden de captura en contra de Duarte, por el caso de las empresas fantasma.
Tercer acuerdo: la entrega
El exgobernador sostuvo que entre finales de 2016 y principios de 2017 sus entonces abogados, encabezados por Marco Del Toro Carazo, “negociaron” con la Secretaría de Gobernación y con el titular de la Unidad de inteligencia Financiera, Alberto Bazbaz, su entrega voluntaria en Guatemala a cambio de que no se persiguiera penalmente ni a su esposa ni a su familia.
Como parte del supuesto acuerdo, Duarte aceptó que su entrega se simulara como una detención exitosa y que aceptaría sin pelear la extradición. El exgobernador considera que el gobierno federal “cumplió con el pacto”, aunque ahora ha decidido revelarlo pues dice que es “inocente”.
Cuarto acuerdo: la condena reducida
Este es un arreglo que Duarte había revelado desde el año pasado. Se trató de una supuesta negociación con fiscales de la entonces PGR para que se le quitara el delito de delincuencia organizada y se le fijara una sentencia mínima, a cambio de que él aceptara declararse culpable.
No obstante, el exgobernador argumenta ahora que en dicho proceso hubo irregularidades como amenazas, y hasta supuestas extorsiones del equipo que en ese momento era encabezado por Alberto Elías Beltrán.
El caso pendiente y la resolución clave
La FGR tiene abierta una carpeta de investigación relacionada con las presuntas anomalías registradas en el proceso contra Javier Duarte. La misma fue iniciada a partir de una denuncia que la organización TOJIL interpuso ante la Visitaduría General de esa dependencia.
De acuerdo con Estefanía Medina, cofundadora de dicha organización, desde que se hizo público el acuerdo que permitió que a Duarte se le quitara el delito de crimen organizado, se advierten anomalías que con posterioridad se han ido confirmando con lo señalado por el propio exgobernador, en diversas entrevistas, y ahora en su declaración ante el juez.
Sin embargo, el caso está detenido debido a que TOJIL tuvo que recurrir a un amparo para que se le permitiera colaborar en la indagatoria en calidad de víctima, algo que la FGR no le ha querido conceder. Incluso la organización obtuvo un amparo con el que se le reconoce dicha calidad, pero la Fiscalía lo apeló.
En ese contexto, será el próximo jueves cuando un Tribunal define si ratifica la posición de la organización como víctima o si le da la razón a la FGR, y le impide participar en la indagatoria.
“Es una resolución importante por dos principales razones: la primera que daría un gran paso en la forma en que hoy se investigan los actos de corrupción, y permitir mucho más apoyo social para luchar contra la impunidad. Lo segundo es que a través de esta investigación podría lograrse el determinar cómo fue que se dio ese pacto que hoy el propio Javier Duarte reconoce, y lograr sancionar a los responsables”, dijo la también abogada.
Medina recordó que instituciones como la Barra Mexicana Colegio de Abogados y la clínica de Derecho del ITAM ya presentaron escritos donde consideran procedente que se reconozca la calidad de víctima a la organización.
TOJIL presentó a su vez un escrito dirigido al agente del Ministerio Público de la Unidad de Asuntos Internos de la FGR, José Roberto Ríos Vázquez, responsable de la referida investigación, para que se incluya como prueba en el caso la nota de este medio donde se refieren los pactos detallados por Duarte en la audiencia del sábado.
De igual forma solicitaron a la FGR que se requieran al Poder Judicial los videos íntegros de dicha audiencia, encabezada por el juez Juan Carlos Ramírez Benítez, para que se inspeccione el contenido y se utilice en el esclarecimiento del caso. (ANIMAL POLÍTICO)
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