OPINIÓN

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19 diciembre, 2019

Cual se anticipó en este Índice, el fin de semana anterior quedaron prácticamente definidas las candidaturas del PRI a las diputaciones locales, con unos pocos casos excepcionales.

Según lo que trasciende falta por definir un distrito de Saltillo, donde se analiza entre dos perfiles femeninos, ambos de profunda raigambre priista, Lydia González, nieta del ex alcalde Juan Pablo Rodríguez y de la ex diputada Laura «Wita» Delgado, y María Bárbara Cepeda, hija del ex diputado Abraham Cepeda Izaguirre.

Así, se infiere que los escarceos mediáticos de Jericó Abramo en días anteriores fueron o un último intento por entrar en la lista, o la manifestación de su enojo por no haber sido incluido.

De cualquier manera, ante la postura de Abramo el gobernador reaccionó con serenidad y mantuvo la mano tendida, lo cual se puso de manifiesto esta semana cuando le volvió a compartir reflectores encabezando en Saltillo un evento más relacionado con su dependencia, para la entrega de poco más de 200 escrituras.

El mensaje es claro, hay espacio, hay oportunidades, hay reconocimiento a la capacidad y la trayectoria, pero tiempos, canchas y formas las decide quien tiene que hacerlo.

Jericó tiene tablas y disciplina, no se esperan nuevos sobresaltos.

AVE DE TEMPESTADES el senador Armando Guadiana Tijerina parece estar ante otro conflicto. Según trasciende hay una acusación de ejidatarios de Plan de Ayala, municipio de Saltillo, que lo señalan como uno de los involucrados en un despojo de derechos de agua, asunto que no tarda en meter ruido, y en el que incluso otros personajes de Morena han tomado distancia advirtiendo que esos son líos personales del empresario minero.

Y hablando de despojos, también en Arteaga hay un asunto pesado con una muy extensa superficie de tierras de la que se pretende apoderar un sujeto que fue regidor en el Cabildo de ese municipio.

El despojo afecta principalmente a la familia Gómez que es propietaria de un predio de varias hectáreas aledaño a la Ciudad Universitaria, una porción del cual hubo hace años el proyecto de que lo comprara el gobierno del Estado para construir ahí una extensión del Tecnológico de Saltillo, instalaciones que finalmente se optó por desarrollar en una loma propiedad del Grupo Server en el Libramiento Flores Tapia, en las colindancias de Arteaga, Saltillo y Ramos Arizpe.

Pero además de los Gómez también tienen propiedades en riesgo los Gutiérrez Talamás, que hasta seguridad privada han contratado para impedir se posesionen de terrenos que tienen en la ladera de Zapalinamé, donde operaba Contrissa.

¿SERÁ CIERTO QUE el deterioro en la salud de la alcaldesa de Villa Unión Narcedalia Padrón no es producto del estrés causando por la irrupción armada del 30 de noviembre, sino el conocer que por esos hechos se le incluyó en las investigaciones de la Fiscalía de la República?

LA INVESTIGACIÓN que la Policía Ministerial de Aguascalientes inició «de oficio» –pues no hubo denuncia formal– por el robo en la residencia del gobernador de aquélla entidad Martín Orozco, se ha convertido en noticia nacional, al trascender que ha intervenido la Fiscalía de la República pues hay acusaciones que las indagatorias del robo han acumulado un saldo de un muerto, un desaparecido y varias detenciones ilegales.

El caso nos remonta al ocurrido aquí en Saltillo en diciembre de 1991, justo el último día del año cuando ocurrió un robo en la Quinta «Las Margaritas», propiedad del ex Director de Pensiones Marcos Espinoza y personaje muy cercano al ex gobernador Eliseo Mendoza Berrueto.

Ante la versión de que se habían apoderado los ladrones de información comprometedora para la administración estatal, se encomendó a dos comandantes de la Policía Preventiva del Estado dar con los responsables, y en su enorme incapacidad fabricaron a dos culpables, dos hombres de la comunidad de Los Cerritos, aledaña a la quinta, y habilitaron una sala de tortura dentro del hotel La Torre, que era propiedad de Espinoza y luego lo fue de Mendoza Berrueto.

Por esos hechos la naciente Comisión de Derechos Humanos emitió su primera recomendación, histórica por tratarse de un caso de tortura y por ser además un asunto que salpicaba al gobernador. Esa recomendación dejó manifiesto el valor civil del periodista Javier Villarreal Lozano, que encabezaba el organismo. Poco tiempo después durante el juicio se demostró la inocencia de los acusados.

Cuando la investigación del robo la tomó la Policía Ministerial, instancia a la que legalmente correspondía, hubo otro caso de tortura y murió un detenido, hechos que motivaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Veintiocho años y hay cosas que no cambian en México.