Ciudad de México.- El proceso penal abierto desde hace más de un año en contra de Javier Duarte por el delito de peculado, tras el presunto desvío de 220 millones de pesos de recursos federales en su gobierno, sigue sin llegar a la fase de juicio. La razón: una demanda de amparo que ha provocado que el caso cambie de juez, sumado a una denuncia penal de la defensa por documentos presuntamente falsos que se pretendían utilizar como prueba en contra el exgobernador de Veracruz.
Animal Político publicó que el caso impulsado por la Fiscalía de Veracruz dio paso a una de las órdenes de aprehensión por las cuales Duarte fue detenido y extraditado desde Guatemala en 2017, pero a diferencia del proceso de la PGR por lavado de dinero en el cual ya incluso se dictó sentencia, este proceso sigue atorado en la fase inicial.
Fue el 20 de mayo de 2018 cuando un juez de la Ciudad de México (en auxilio de la jueza de Veracruz que giró la orden de arresto) decidió vincular al exgobernador a proceso por peculado, entre otros delitos, tras determinar que la investigación presentada por la Fiscalía estatal contaba con indicios iniciales sólidos, que permitían presumir que se había cometido un delito y que Duarte podría ser el responsable.
En ese momento el juez ordenó un plazo de 6 meses de investigación complementaria para que ambas partes reunieran sus pruebas y las presentaran en audiencia intermedia, como paso previo para llegar al juicio. Sin embargo, ya transcurrieron casi 18 meses sin que eso haya ocurrido todavía.
De acuerdo con los datos proporcionados a Animal Político por autoridades judiciales y por el equipo legal del propio exgobernador, el desarrollo del proceso comenzó a retardarse cuando otro de los coacusados en el mismo caso, Francisco Valencia (excomisionado de Agua en el gobierno de Duarte) buscó través de un amparo que el caso fuera atraído por un juez federal, y no se quedara en Veracruz.
En julio de 2018 el juez que recibió la demanda de amparo decidió negárselo a Valencia, pero este interpuso un recurso de revisión para que el caso fuera analizado por el Primer Tribunal Colegiado en Veracruz, cuyos magistrados decidieron revocar la sentencia inicial y amparar a Valencia.
Como resultado el juez de Veracruz que recibió el caso decidió declararse incompetente para seguir conociendo el caso. Y fue apenas el pasado 17 de septiembre cuando en una nueva audiencia se determinó que, en efecto, un juez federal será quien reciba el proceso.
De acuerdo con los abogados del exgobernador de Veracruz, aun cuando el amparo fue promovido por Valencia, el proceso se frena de la misma forma para Duarte toda vez que se trata exactamente del mismo caso.
En ese contexto, el juez federal al que le sea turnado el caso deberá decidir si lo continua en el punto en que se quedó, es decir en la presentación de pruebas previo al juicio; o si por el contrario ordena que se comience de nuevo con una audiencia inicial, en la que se tendría que presentar otra vez la imputación para determinar si hay indicios o no para vincular al exgobernador a proceso
Denuncian pruebas fabricadas
Además del problema del retraso, el caso por peculado contra Duarte enfrenta un cuestionamiento grave: el de la posible fabricación de pruebas, situación que incluso ya fue denunciada por los abogados defensores, y que dio paso a la apertura de una carpeta de investigación para indagar los hechos y, de confirmarse, proceder en contra de los funcionarios de la Fiscalía de Veracruz que resulten responsables.
Los cuestionamientos se centran en dos oficios que son claves en el caso. Uno con número SFP/1347/2014 en el cual el entonces secretario de Finanzas de Veracruz, Mauricio Audirac, siguiendo las órdenes de Duarte, le habría pedido a Francisco Valencia que se transfirieran 220 millones de pesos de los fondos federales destinados para obras hidráulicas a otras cuentas.
El otro oficio es el SFP/1750/2014 en el cual Audirac le había confirmado a Valencia que se retornarían los 220 millones transferidos, situación que nunca ocurrió.
De acuerdo con Ricardo Reyes Retana, abogado defensor de Duarte, ambos oficios son falsos. Para comprobarlo la defensa tramitó un peritaje en materia de grafoscopía de cuyos resultados se proporcionó copia a este medio, en los que se concluyó que las firmas en ambos documentos no coinciden con las de Audirac. Es decir, que son apócrifas.
Aunado a ello la defensa solicitó vía transparencia al gobierno de Veracruz copia del oficio SFP/1750/2014, pero la respuesta oficial de la Secretaría de Finanzas es que ese documento no existe, pues en el año 2014 la numeración de documentos solo llegó al SFP/1634/2014.
La misma situación se habría presentado con al menos otros tres oficios que forman parte de la carpeta de investigación, y en los cuales también se habrían simulado las firmas de funcionarios. Esta situación, según Reyes Retana, prueba que se trató de un caso “fabricado” y con “fines políticos”.
En ese contexto el equipo legal de Duarte presentó el pasado 26 de junio una denuncia formal ante la Procuraduría General de Justicia en contra del exfiscal de Veracruz Jorge Winckler, y de otros funcionarios que resulten responsables, lo que dio paso a la apertura de la carpeta de investigación CI-FAE/D/UI-2C/D/119/07-2019, que ya fue remitida a la Fiscalía de Veracruz.
Pablo Campuzano, otro de los abogados del exgobernador, subrayó que a esta evidencia se suman las manifestaciones hechas por exfuncionarios de Veracruz como Juan Antonio Nemi, quienes sostienen que fueron obligados a declarar en contra de Duarte.
También una recomendación de la Comisión estatal de Derechos Humanos en donde se confirmó que existió tortura por parte de la fiscalía veracruzana a otro exfuncionario detenido.
“Derivado de estas prácticas es que no queda más resultado que la absolución del exgobernador, así como de sus colaboradores”, señaló Campuzano.
Sentencia cuestionada y casos pendientes
El próximo 26 de septiembre se cumple un año de la audiencia en la que un juez federal dictó sentencia condenatoria en contra de Javier Duarte por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Ello luego de que el propio exgobernador se declarara culpable a cambio de una pena reducida de nueve años de prisión.
Hasta ahora se trata de la única pena de prisión impuesta al exgobernador de Veracruz. Y aunque Duarte aceptó voluntariamente dicha condena sin ir a juicio, ahora busca a través de una demanda de amparo obtener el derecho de apelarla, bajo el argumento de que las pruebas bancarias que la entonces PGR expuso en su contra se obtuvieron sin autorización de un juez. Es decir, eran ilícitas.
A ello se suman dos procesos penales abiertos por diversos delitos de corrupción entre ellos el de peculado, que como ya se mencionó están atorados en la fase inicial.
Por otra parte la Fiscalía de Veracruz también obtuvo una orden de aprehensión en contra de Duarte por desaparición forzada, pero la misma no se ha podido ejecutar dado que se requiere permiso del gobierno de Guatemala, país que extraditó a Duarte por delitos distintos. Animal Político publicó que el gobierno de México tardó casi un año en presentar dicha solicitud formal.
En tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó y denunció el posible desvío de más de 60 mil millones de pesos de fondos federales en la administración de Duarte como gobernador de Veracruz (2010 a 2016), pero por ahora las acusaciones de la Fiscalía General de la República por dichos casos se han concentrado en exfuncionarios de la Secretaría de Planeación y Finanzas de Veracruz. (ANIMAL POLÍTICO)
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