Ciudad de México.- El feminicidio no sólo destruye el cuerpo de las mujeres, su impacto es extensivo especialmente a sus hijas e hijos, por ello, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) ya comenzó el primer registro de datos para saber cuántas niñas, niños y adolescentes quedaron en orfandad por este crimen y poder ofrecerles alternativas para continuar sus proyectos de vida.
El sitio web de Cimacnoticias publicó que la presidenta del Inmujeres, Nadine Gasman Zylbermann, habló en exclusiva con Cimacnoticias del registro que en julio comenzó a realizarse para conocer la cifra exacta de niñas, niños y adolescentes que en el último año quedaron en situación de orfandad por el asesinato de sus madres y que se presume podría ser de alrededor de 3 mil 400 menores de edad.
Contar con este padrón, aseguró la funcionaria, permitiría dimensionar la profundidad del daño que ha causado el feminicidio no sólo a las mujeres víctimas directas, también a quienes viven y experimentan esta violencia como las hijas e hijos y otros familiares, indicó la doctora Nadine Gasman.
De fondo, añadió, visibilizar a la orfandad por feminicidio obliga al Estado a responsabilizarse de repararles el daño y podría ser una ruta más compleja para la reconstrucción de un tejido social mermado entre muchas otras violencias.
Hasta ahora se conoce poco sobre el impacto generacional de los asesinatos violentos de mujeres que comenzaron a documentase en los años noventa en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. Las cifras de este delito, aunque poco confiables, sólo han permitido dibujar el estremecedor panorama de 9 asesinatos de mujeres día tras día. Sin sumar siquiera a las mujeres que fueron desaparecidas.
En búsqueda de conocer las marcas que deja el feminicidio, en 2017 Cimacnoticias llevó a cabo una investigación periodística en la que se recopilaron testimonios de abuelas y tías quienes no sólo cargan con el dolor del asesinato de sus hijas o hermanas, pues en su búsqueda de verdad y justicia también crían a cuestas a niños y niñas que quedaron en el desamparo.
Esas mujeres contaron fragmentos de sus historias de vida a esta agencia y compartieron cómo la niñez vive la ausencia, el miedo, la angustia y problemas psicológicos que se manifiestan a lo largo de su crecimiento después de que sus madres fueron asesinadas, muchas veces por sus parejas y en presencia de hijas e hijos.
En muchas ocasiones las niñas y niños experimentan una doble pérdida, la de su madre y la de su padre si él fue el feminicida. A la par se rompen los vínculos familiares y sociales, son estigmatizados por estar en un contexto de criminalidad, y la fragilidad de los núcleos familiares se incrementa cuando las instituciones gubernamentales están ausentes.
La presidenta del Inmujeres reconoció que las víctimas indirectas por el feminicidio han estado en la sombra y el Estado ha sido ineficiente en adoptar medidas de reparación integral. Es tiempo que se les dé respuesta, aseveró.
“Tenemos que asegurar que podemos garantizarles los derechos con una perspectiva de Derechos Humanos, garantizarles el acceso a la salud, salud mental, alimentación, a la protección, a la educación y la capacidad de desarrollarse en su potencial”.
Como punto de partida, explicó Gasman Zylbermann, en marzo pasado la administración de Andrés Manuel López Obrador anunció el “Plan emergente para garantizar la integridad, la seguridad y la vida de las mujeres y niñas en México”.
El Inmujeres, como encargado de regir la política de género, está a cargo de este proyecto, por lo que personal de la institución ya comenzó a visitar las 32 entidades federativas para revisar por lo menos un puñado de expedientes de feminicidio y homicidio doloso de mujeres perpetrados de diciembre 2018 a abril 2019.
Parte de esta revisión incluye instalar mesas de trabajo con gobiernos estatales y Fiscalías para analizar un total de mil 564 carpetas de investigación abiertas en dicho periodo; paralelamente, de este estudio esperan identifica si las mujeres asesinadas eran madres y cuántos niños, niñas y adolescentes quedaron en la orfandad.
Gasman, quien ha trabajado en organismos internacional como ONU Mujeres, indicó que el impacto del feminicidio en la niñez y adolescencia siempre es individual y dependen del territorio donde vivan, su género y edad. Es por esto que, aseveró, será necesario revisar caso por caso, a fin de generar una estrategia que les garantice y les dé los mejores servicios de acuerdo al contexto y necesidades individuales.
Por ahora, las autoridades del Inmujeres hicieron una proyección de cuántas niñas, niños y adolescentes se cree estarían en desamparo por el asesinato de sus progenitoras: 3 mil 400 niñas y niños en orfandad, de diciembre de 2018 a abril de 2019.
Este dato, explicó la doctora, lo obtuvieron al multiplicar el número de mujeres víctimas, mil 564, con el número de hijas e hijos que en promedio tiene una mujer según las estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), 2.2 descendientes.
“El registro no va permitir ver si son menos o si son más, pero lo que creemos que es importante es que hay que identificarlas para darles y tener las políticas de atención”, dijo la doctora.
No obstante, el registro sobre orfandad por feminicidio no quedaría a cargo del Inmujeres pues no está dentro de sus atribuciones. La titular de la instancia dijo que se están definiendo si las fiscalías de los estados podrían continuar con la documentación de los casos. En tanto, mecanismos como el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), las comisiones de atención a víctimas e institutos de las mujeres locales deben enviar la información que tienen sobre este tema.
Reparar el daño a las víctimas indirectas está establecido en la Ley General de Víctimas y es parte de las obligaciones del Estado mexicano, como quedó asentado en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra México por tres crímenes de feminicidio perpetrados en Ciudad Juárez, en 2001, caso mejor conocido como “Campo Algodonero”.
En la sentencia, dictada en 2009, la Corte manifestó que México debía adoptar medidas de rehabilitación para los familiares de las víctimas, especialmente incluir medidas de rehabilitación psicológica y médica, aunque el organismo consideró que no podía indicar al Estado mexicano cómo regular los apoyos que brinde a las personas.
En el mismo sentido, en 2005 la Cámara de Diputados aprobó para el ejercicio fiscal del siguiente año, 31 millones de pesos asignados a la Procuraduría General de la República (PGR) para el “Fideicomiso para la reparación del daño a familiares de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez”.
Sin embargo, por la manera en que se ejercía el recurso, las legisladoras denunciaron que el Fondo de Auxilio no cumplía con las obligaciones mínimas de la reparación del daño que México tiene con las víctimas y sus familiares, y que promovía políticas asistenciales que no cumplían con los lineamientos mínimos de los Derechos Humanos.
Por ahora los apoyos que se otorgan a las víctimas indirectas del feminicidio son similares a los promovidos hace más de una década, otorgar recursos económicos que apenas alcanzan para cubrir necesidades de alimentación y educación. (CIMAC NOTICIAS)
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