Luego de dos meses de bloqueo a la mina Peñasquito, la principal productora de oro y plata de México, las autoridades de Zacatecas buscan mediar para alcanzar un acuerdo entre miembros de la comunidad Cedros y la firma estadounidense Newmont Goldcorp para poner fin al conflicto.
La disputa ha generado millonarias pérdidas tanto a las arcas públicas como a la empresa, que a finales de abril anunció la suspensión de la producción, así como los pagos a empleados, contratistas y contribuciones a programas de inversión social.
«Lo que más nos interesa es que la mina reanude sus actividades», afirmó Jehú Salas, secretario general de Gobierno de Zacatecas, donde se encuentra la instalación, a la que habitantes de la región acusan de agotar el abastecimiento de agua en una de las zonas más áridas del país.
En una entrevista telefónica, el funcionario explicó que no estaba claro si el suministro se acabó como resultado de las operaciones de la mina, pero sostuvo que la reanudación de las actividades debía ir acompañada de un plan de abastecimiento de agua para la región.
En el bloqueo también participa un contratista de camiones en reclamo de empleo. La minera, por su parte, asegura que líderes del movimiento exigen a la empresa un pago de 442 millones de dólares con la excusa de las supuestas afectaciones.
Salas explicó que la postura de la empresa de no negociar mientras exista el bloqueo y de los manifestantes a su vez de no retirarse hasta que se cumplan sus demandas mantiene el conflicto en un atolladero.
«Lo más importante es romper este cerco que se ha formado entre posiciones sumamente cerradas», agregó el funcionario, quien destacó que en los últimos días ha estado conversando con las partes por separado y que esperaba instalar esta semana una mesa de negociación.
Michael Harvey, director de asuntos corporativos de Newmont Goldcorp México, mencionó este martes que la firma mantiene comunicación frecuente con autoridades, pero insistió que levantar el bloqueo es un requisito indispensable para llegar a una negociación.
«Estamos dispuestos a ayudar a la comunidad con el tema del agua, pero no vamos a ceder a una extorsión disfrazada de reclamo social», expresó. (EL FINANCIERO)
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