Monclova.- La subsecretaria de Gobierno en la región Centro, Jeanne Snydelaar Hardwicke, permanece detenida por la Fiscalía General de la República por desobediencia a lo dispuesto por un juez federal en un juicio de amparo de un empresario cuando se desempeñó como Recaudadora de Rentas, informó el Gobierno estatal.
Fue detenida la mañana de este de este miércoles en la ciudad de Monclova y trasladada a las instalaciones de la dependencia; ya en el 2013 Snydelaar había estado tras las rejas por tres días por el mismo asunto al ser llamada a declarar el 6 de diciembre de 2013 por la entonces PGR.
El empresario Arnoldo Campos Escalera, quien interpuso dicho juicio de amparo el 2 de diciembre de 2013, relató que esta situación derivó de la falsedad de declaraciones que la funcionaria dio a la autoridad federal al negar que se le haya impuesto sello de clausura a su negocio, un motel, el 8 de noviembre de 2013.
Interpuso el amparo por violación a sus derechos, ya que no hubo aviso previo y por irregularidades en el procedimiento que finalmente le dieron sentencia definitiva a su favor, pero durante el procedimiento ante el Juzgado Quinto de Distrito, la Juez Magdalena Hipólito Moreno, turnó orden a la PGR contra la funcionaria por falso testimonio.
«Rindieron un informe (Recaudación de Rentas) diciendo que no era cierto lo que yo decía (de violación a sus garantías por el sello de clausura) como consecuencia solicité al juzgado federal una revisión a los sellos y la Juez hizo acto de presencia con sus inspectores y vio los sellos ahí en la recepción y con eso ella da parte a la PGR y los consigna y allá siguió el procedimiento y resulta que Jeanne (Snydelaar) estuvo tres días en la cárcel aquí en Monclova, pero yo no sé qué tan grave es que la volvieron a meter (detener)», comentó.
Narró que el 8 de noviembre de 2013 acudieron a su establecimiento, motel Las Colinas, alrededor de 40 elementos a cargo de Rafael Sayavedra de la Policía Estatal, escoltando a Alejandro de Luna, enviado por la recaudadora Snydelaar, y a personal de Protección Civil Municipal, para ponerle los sellos de clausura argumentando que vendía alcohol y que tenía condiciones inseguras.
Todo ello, desembocó en el amparo, falsedad de declaración y una demanda civil por perjuicio al estar cerrado su negocio por casi un mes, con reclamo de 80 mil pesos de indemnización, que finalmente se desistió al lograr justicia por la vía judicial federal, afirmó.
En un comunicado, el Gobierno estatal aclaró que en esta acción no hay ninguna relación con la FEPADE, ni con algún delito de carácter electoral. (CRISELDA FARÍAS | INFONOR)
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