Ciudad de México.- Antropólogas del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) exhortaron a la administración de Andrés Manuel López Obrador a generar políticas públicas especializadas en atender la violencia de género que enfrentan las mujeres indígenas y reconocer constitucionalmente a la población afromexicana.
Durante el conversatorio “Antropología en contextos de violencias: experiencias de mujeres indígenas y afromexicanas en México”, realizado en la sede del CIESAS, antropólogas del Centro, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), compartieron sus investigaciones respecto a las violencias que enfrentan mujeres indígenas y afromexicanas.
El sitio web de Cimac Noticias publicó que las antropólogas coincidieron que se sigue invisibilizando a dichas comunidades, a pesar de que el presidente de la República, López Obrador, se comprometió en impulsar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres a través del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
La violencia que viven día a día las mujeres indígenas y afromexicanas está relacionada con la marginación, la pobreza, la falta de acceso a servicios públicos de educación, alimentación y vivienda, destacó en su participación la antropóloga y maestrante en Antropología Social del CIESAS, María José Lucero, quien ha realizado trabajo de campo en la localidad afromexicana de Zapotalito en la Costa Chica de Oaxaca.
Durante su investigación, las habitantes de Zapotalito han expresado a la antropóloga algunas de sus demandas, como que se les reconozca constitucionalmente como pueblos afromexicanos; que se generen campañas y programas a nivel municipal, estatal y federal, para sensibilizar sobre la cultura e historia de estos pueblos y se les garantice una vida libre de discriminación, violencia y desigualdad, respetando sus Derechos Humanos e identidad como mujeres afromexicanas.
Por otra parte, en la mesa de diálogo “Violencias y mujeres en situación de prostitución”, la antropóloga Ixchel González Báez -quien ha trabajado de cerca con víctimas de trata, explotación sexual comercial y feminicidio- también señaló que es necesario trabajar en políticas enfocadas en combatir la violencia sexual que viven las mujeres en estas comunidades.
González Báez indicó que en México las mujeres indígenas y afromexicanas son el perfil que buscan muchos proxenetas debido a las vulnerabilidades económicas y educativas en las que viven, “Para ellas, el Estado tiene que invertir en la procuración de justicia y en las reparaciones del daño”, precisó.
La investigadora afirmó que en las comunidades indígenas los principales proxenetas son las propias parejas de las mujeres, quienes las introducen a la explotación sexual comercial.
“La prostitución es la forma más antigua de explotación sexual. Las mujeres se acercan a esta actividad debido a vulnerabilidades provocadas por su situación económica, escolar o familiar. En la prostitución se encuentra de forma recurrente el discurso de poder sobre los cuerpos de las mujeres. Al normalizar la esclavitud sexual, también normalizan la violencia feminicida”, dijo González Báez.
En su trabajo en comunidades, la antropóloga detectó que en los refugios para mujeres que han sido víctimas de la explotación sexual comercial, no cuentan con personal capacitado, “incluso se burlan de las mujeres diciendo que ellas se buscaron ese destino”.
Por ello, destacó la necesidad de que el Estado garantice a estas mujeres un acompañamiento institucional, en el que se les lleve a refugios donde cuenten con especialistas que las ayuden a alejarse de sus proxenetas y a no estigmatizarse a ellas mismas.
Estas problemáticas podrían continuar en aumento si no se atienden de manera eficaz, añadió la antropóloga del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Gabriela Iturralde. “Este trabajo se debe hacer en conjunto, hay que luchar por erradicar la violencia en estos grupos y dejar de invisibilizarlos”, concluyó.
En 2017 el CIESAS realizó el estudio “Violencia de Género Contra Mujeres en Zonas Indígenas en México” en coordinación con la Secretaría de Gobernación (Segob), donde dio cuenta de la falta de políticas públicas dirigidas a estos sectores de la población.
En el informe se destacó que los tipos de violencia que sufren las mujeres indígenas “ha sido poco abordado en comparación con las acciones realizadas en el ámbito urbano”. También refiere que aún no se cuenta con datos estadísticos desagregados que sitúen la problemática de las mujeres indígenas, cuya especificidad se pierde en las cifras generales y sus experiencias de vida y sus necesidades quedan invisibilizadas. El resultado son intervenciones institucionales y políticas públicas descontextualizadas.
Otro estudio hecho por la organización Equis Justicia para las Mujeres, “Informe situación de las mujeres afromexicanas e indígenas”, señala que las políticas públicas enfocadas a mujeres indígenas y afrodescendientes es contrastante, ya que hasta ahora la tendencia ha sido ausentar a las mujeres afromexicanas en el diseño de las políticas nacionales.
“Existen pequeños esfuerzos a niveles sub-federales, que han hecho una referencia diferenciada entre las poblaciones indígenas y afromexicanas, como es el caso de la Secretaría de Asuntos Indígenas del estado de Guerrero en sus Programas de 2013. No obstante, ninguno de estos Programas se encuentra enfocado de manera específica en los derechos de las mujeres afromexicanas”, destaca Equis Justicia en su informe. (CIMAC NOTICIAS)
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