Torreón.- Los escoltas asignados a funcionarios no afectan la operatividad del Estado, más bien es porque resguardan a personas que manejan o manejaron temas en seguridad pública y están protegidos por la Ley, aseveró el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.
OBLIGACIÓN JURÍDICA
De acuerdo con el marco jurídico, el Estado proporcionará escoltas cuando:
- Se trate de servidores públicos o ex servidores públicos relacionados con la seguridad pública del estado… como el Gobernador, Secretario de Gobierno, Secretario de Seguridad, Fiscal General o aquellos que establezca el Gobernador que desempeñan o hayan desempeñado un cargo en Seguridad Pública o procuracion de justicia.
- Víctima, testigo o tercero involucrado en el proceso penal, al que se haya emitido en su favor una medida de protección en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales.
- Una persona sea beneficiaria de una medida cautelar, consistente en protección personal dictada por un organismo nacional local e inclusive internacional en materia de derechos humanos, como por ejemplo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros.
La Ley señala que, cuando se estime necesario, esta prevención se dispone en beneficio de otros funcionarios que hayan desempeñado cargos relevantes y de alto riesgo en el ejercicio de la procuración de justicia.
En la Constitución del Estado de Coahuila, en su Artículo 186, se señala que el Estado proveerá de los medios de seguridad adecuados y suficientes a los gobernadores y a los demás funcionarios de la Administración Pública Estatal que desempeñen o hayan desempeñado cargos relevantes de Seguridad Pública y procuración de justicia.
Sobre esto, el gobernador Miguel Riquelme aclaró que hay asuntos de carácter jurídico que se presentan día a día, por ejemplo, a alguien que de alguna forma le cometieron un atentado contra su vida o patrimonio, lo que también obliga a darle protección de escoltas.
En otros casos, a personas que fueron lesionadas y permanecen hospitalizadas es obligación prestarles el servicio temporal de escoltas, así como también a quienes recibieron amenazas y temen por su vida, no sólo se trata de servidores públicos, puntualizó el Mandatario.
“No se tienen por qué ocultar, sucede no sólo en Coahuila, y si no está a la luz pública, es sencillo de investigar”, expresó Riquelme Solís.
Sin embargo, el Gobernador dijo que se ha estado retirando escoltas paulatinamente a funcionarios de la anterior Administración y de la antepasada, ya que se va disminuyendo el riesgo y se les van retirando elementos.
Por último, el área jurídica del Estado explicó que el Gobierno estatal, a través de los cuerpos de Seguridad y en colaboración con la Fiscalía General, da cumplimiento a las órdenes de protección instruidas por el Ministerio Público o la autoridad jurisdiccional, en los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales. (EL HERALDO)
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