OPINIÓN

INDICADOR POLÍTICO

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14 febrero, 2019

La Guardia Nacional representa el 10% de la crisis de seguridad

Si el debate sobre la Guardia Nacional debiera profundizar el diagnóstico de la crisis de la seguridad pública/interior/nacional, en las dos cámaras del C-Congreso y en la sociedad activista, se olvida que el tema del nuevo cuerpo policiaco es apenas el 10% del problema y que una verdadera estrategia necesita de manera urgente resolver sobre los otros nueve elementos.

La Guardia es la fuerza operativa a nivel de tierra y de cara a la violencia criminal. Pero la seguridad pública es una estructura mucho más integral que abarcaría cuando menos diez puntos que hasta ahora no se han abordado. El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad de 2008 sí asumió compromisos de temporalidad de operación, pero los 74 puntos concretos nunca se cumplieron y la nueva estrategia del gobierno de López Obrador no los tomó en cuenta y sólo ha centrado el tema en la Guardia Nacional.

Los diez puntos mínimos de una estrategia son los siguientes:

1.- Las leyes sobre delitos, seguridad interior, seguridad nacional, inteligencia nacional

2.- Los ministerios públicos.

3.- Los jueces.

4.- Las cárceles.

5.- Las policías a nivel de estados y municipios.

6.- El compromiso de la sociedad.

7.- La educación contra el delito.

8.- El bienestar social de corto plazo.

9.- La restauración de instituciones del Estado en plazas tomadas por la delincuencia.

10.- La Guardia Nacional.

En la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2019-2024 se roza de manera tangencial algunos de estos puntos, pero no existe un compromiso real de atenderlos. El desgaste político y legislativo sobre la Guardia Nacional en la vertiente de la participación de efectivos de las policías militar y naval y el Cuarto Transitorio para mantener a las fuerzas armadas en labores de apoyo a la seguridad pública/interior ha dejado al gobierno con poco margen de maniobra,

Sin embargo, se debe tener claro que la Guardia Nacional es una parte de la estrategia y que tendrá pocos efectos de corto plazo si no se asumen los otros puntos de toda política integral de seguridad pública. Ahí la tarea será de los legisladores y de la sociedad activa.

La crisis de seguridad pública tiene cuando menos tres contextos esenciales sobre los que tampoco se ha querido incidir: la falta de respeto a la ley por parte de los delincuentes, la corrupción de toda la estructura de seguridad y justicia y el papel de la sociedad civil protegiendo los derechos de los delincuentes a partir de posiciones anti sistema/régimen/Estado.

Y la parte esencial de todo programa de seguridad pública radica en los fondos presupuestales que se deben invertir en reformas, capacitaciones y reorganizaciones. De nueva cuenta la ENSP del gobierno de López Obrador se compromete a la formación de cuadros policiacos y a mejoras en el sistema de impartición de justicia, pero en los hechos carece de presupuesto específico.

Este tema de creación –ahora sí– de un cuerpo policiaco profesional va a depender de un compromiso con datos, fechas y fondos de policía y justicia. El plazo de cuatro años para la participación militar en seguridad pública/interior va a depender de que en ese periodo se configure una nueva estructura de formación policial y modernización de la impartición de justicia y para ello se requiere desde ahora un presupuesto etiquetado.

Los legisladores que se oponen a la Guardia tienen la oportunidad de incidir sobre el problema con fondos para la nueva policía, un calendario institucional preciso, la construcción de las primeras instalaciones y la supervisión político-legislativa. Y a ello se agrega el problema más grave aún del compromiso y responsabilidad de los gobiernos estatales y municipales en la creación de cuerpos policiacos adecuados, cuando desde la crisis del 2006-2008 se han desentendido del problema, exigen presencia federal y mantienen la mediocridad y corrupción en sus cuerpos de seguridad.

A pesar de que la crisis de seguridad amenaza la existencia del sistema/régimen/Estado, la oposición en el Congreso sólo está negociando beneficios para sus partidos y sigue sin ver la complejidad integral de la inseguridad pública.

En el caso de la Guardia, el problema no radica en la incorporación de policías militares y navales, sino en el hecho de que el país exige un cuerpo policiaco sólido, capaz de enfrentar la logística criminal que tiene armas y recursos que superan las de los cuerpos policiacos tradicionales.

La Guardia Nacional será la última oportunidad para definir una estrategia real y funcional de lucha contra la inseguridad y prueba que el problema no está en los militares sino el hecho real de que las bandas del crimen organizado/desorganizado son protegidas en los hechos por la sociedad civil que acota los cuerpos policiacos y por la sociedad política que sólo busca ventajas para sus partidos.

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