COAHUILA

Las propuestas de las personas con discapacidad serán tratadas en el poder legislativo sin colores políticos

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5 diciembre, 2018

Afirma la diputada Martha Garay Cadena

La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que preside la diputada, Martha Garay Cadena, asumió el compromiso con organizaciones de la sociedad civil de trabajar sin colores partidistas, los temas de las personas con discapacidad en México.

Al convocar a un diálogo abierto a las organizaciones sociales que tienen propuestas, peticiones y quejas, la legisladora por Coahuila, dijo abrimos la puerta para que sean visibilizados y no vamos a politizar su causa.

Estamos en condiciones de hacer las reformas necesarias, porque la asistencia a este sector de la población no debe ser totalitario, “ni un paso atrás, ni un peso menos en el presupuesto”, dijo Garay Cadena.

Las organizaciones integrantes del Movimiento 312, como la Fundación Rincón Gallardo, Vida Independiente, Acceso Libre A.C., Trisomía 21 y Gestión y Apoyo a Personas con Discapacidad, manifestaron su preocupación en temas relacionados con las nuevas políticas públicas anunciadas para este sector vulnerable.

Cuestionaron la discriminación de la que son objeto en este momento, ya que la nueva Administración anuncia sólo un millón de becas para personas con discapacidad en un rango de edad que no rebasa los 30 años.

Rafael Ortega, periodista que se mueve en silla de ruedas y está dedicado a la cobertura de actividades de personas con discapacidad dijo: “no entendemos el criterio, el método de cómo y a quién se va a dar ese apoyo, pues en el país existen cuando menos seis millones más personas en esta condición, que son visibles solo cuando hay juegos Paralímpicos, Panamericanos o el Teletón. “Estamos doblemente discriminados por edad y por discapacidad”.

Otra inquietud es cómo va a integrarse el consejo del nuevo Instituto Nacional de Atención a Personas con Discapacidad, que suple al Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS).

La propuesta es que no se invente el hilo negro y que se haga una reingeniería de los institutos y las políticas que ya existen, de lo contrario crear un instituto nuevo, será pretexto para argumentar que no hay presupuesto para echarlo a andar.

También existe preocupación en la elaboración del Censo del 2020 porque persiste la duda de que haya preguntas a modo y el INEGI, no se ciña a los parámetros internacionales.

En esas condiciones, jamás se conocerá la fotografía, ni la estadística real de cuántas personas presentan alguna discapacidad en el país.

Una petición a los legisladores es que las leyes se homologuen en las entidades federativas a fin de que las políticas públicas tengan un mayor impacto en la población.

Rafael Ortega pidió crear plazas en la Administración pública federal y locales para las personas con discapacidad, porque están en condiciones de competir por esos puestos, y llamó a no olvidar que también exigen la paridad electoral, es decir candidaturas en todos los niveles.

José Luis Galeana, de Gestión y Apoyo a las Personas con Discapacidad hizo hincapié en la falta de ordenamientos que sancionen a funcionarios por el incumplimiento de las políticas públicas y las leyes que garantizan la no discriminación y el acceso libre, lo que implica eliminar cualquier barreras arquitectónicas y cualquier estigma de separación.

La diputada del Partido Revolucionario Institucional, Martha Garay Cadena, se comprometió a impulsar la construcción de una rampa de acceso permanente a la Cámara de Diputados, ya que la que se colocó para la toma de posesión del Presidente Andrés Manuel López Obrador, sólo se construyó para la ocasión.

Laura Bermejo de Acceso Libre A.C., dijo que su organización tiene varias propuestas arquitectónicas para los edificios públicos y está en posibilidad de aportarlas.

Lídice Rincón Gallardo Pavón por su parte, consideró que es momento de colocar el tema de los derechos humanos de las personas con discapacidad en la agenda pública.

El lenguaje de señas destacó, es importante y debemos garantizar que los hijos de estas personas accedan a cualquier escuela, que los padres se integren al mercado laboral sin trabas, y para ello dijo, se requieren grandes campañas de información, pero además cambiar “el chip” de quienes tienen el quehacer de la función pública.

La petición de las Organizaciones civiles es que en la lucha conjunta no exista una pugna entre los partidos políticos porque entonces, dijo Lídice Rincón Gallardo, “nos llevan entre las patas”.

Martha Garay respondió que los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables no trabajarán con colores políticos, porque el único objetivo es incluir. “A lo mejor soy ingenua, pero ya somos dos, la realidad es que cuando somos muchos ya no somos ingenuos y me comprometo a que estos temas no se politicen”.

Ofreció más encuentros con la sociedad civil y estableció que van a trabajar para armonizar las leyes y si se requiere de una ley nacional se redactará con las aportaciones de estas organizaciones. (EL HERALDO)