Dos expertos de la ONU en derechos humanos denuncian los desalojos forzados, arrestos arbitrarios y otros abusos que sufren en ese país los activistas de las garantías fundamentales y aseguran que Egipto ha incumplido su compromiso de no acosar a aquellos que se entrevistaron con uno de ellos durante una visita oficial en octubre.
En el mes transcurrido desde que estuvo en Egipto, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda, Leilani Farha, ha recibido informes de represalias contra las personas de dos comunidades en El Cairo que se reunieron con ella.
Los atropellos incluyen desalojos, demoliciones de viviendas, detenciones arbitrarias e intimidación, entre otras violaciones de los derechos humanos.
En un comunicado conjunto con el relator especial sobre la situación de los defensores de las garantías fundamentales, Michel Forst, Farha señaló que Egipto no ha cumplido con el compromiso de no acosar o intimidar a ninguna persona por proveerle información durante su visita.
“Estoy consternada (…) Varios edificios han sido demolidos, se ha echado a la calle el mobiliario y sus residentes han quedado sin un hogar”, apuntó.
Explicó que esas personas no recibieron ninguna compensación, además de que las fuerzas de seguridad las desalojaron de forma violenta.
Por su parte, Forst expresó alarma por los reportes que también dan cuenta de interrogatorios y detenciones en sitios no revelados de los que sólo liberan a las personas tras firmar un documento en el que autorizan la demolición de sus casas.
“Estos incidentes evidencian un patrón de represalias contra los individuos y comunidades directamente relacionados con la visita de la relatora”, subrayó.
Los expertos condenaron estas acciones y destacaron que el procedimiento especial para las visitas de relatores aceptado por los países estipula que nadie que colabore con esas delegaciones será sometido a castigos o venganzas de ningún tipo.
Farha especificó, además, que las autoridades egipcias no le dieron acceso a la isla Warraq, donde existe un conflicto entre los residentes y el gobierno debido a expropiaciones y demoliciones de viviendas que tienen que ver con un proyecto de desarrollo urbano.
Del mismo modo, pidió una solución para que las numerosas personas asentadas en una céntrica calle de El Cairo reciban una opción de reubicación, compensación o inclusión en el esquema de desarrollo en la zona Maspiro, de donde fueron expulsadas.
Los expertos indicaron haber pedido una aclaración sobre los acontecimientos al gobierno egipcio a principios de noviembre, sin haber recibido aún una respuesta. (ONU NOTICIAS)
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