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19 octubre, 2018

Un informe de la propia Cámara de la Industria de la Construcción, a través de su recién creado Observatorio que analiza los procedimientos de asignación de obra pública, generó expectación, y en algunos casos hasta incomodidad o nerviosismo, al señalar la posibilidad de colusión entre autoridades y algunas empresas.

El análisis del Observatorio se limita a ocho obras en concreto, que en conjunto representan un monto de inversión mayor a 46 millones de pesos, y aunque no en todos los casos se asignaron los contratos a la mejor propuesta económica, y hubo uno en que incluso la ganadora cotizó un 30% más caro, eso el organismo no lo destaca entre las «señales delicadas» de las que advierten, sino que les preocupa por ejemplo la concentración de obra en grupos pequeños de proveedores.

Al conocerse el informe los propios constructores voltearon a verse entre ellos pues el documento no identifica a las compañías que ganaron las licitaciones, y quieren saber quiénes en todo caso se vieron favorecidos con contratos en forma irregular,

En Saltillo el dirigente local del gremio, Virgilio Verduzco Rosán González, prefirió cortar por lo sano y declaró que al no conocerse los nombres de quienes obtuvieron los contratos no pueden decir si hay o no tal concentración, y llevó el asunto a otro tema, asegurando que con los nuevos requisitos de ley ya no es posible que «empresas fantasma» participen en las licitaciones.

Pero el Observatorio de la CMIC no habla de «empresas fantasma» sino de la posible colusión para favorecer a algunos grupos.

Verduzco lo que menos quiere es ruido, ya bastante nervioso anduvo el año pasado cuando surgió el escándalo de los desvíos a partir de las obras que se hicieron con los recursos que Manlio Fabio Beltrones asignó a algunas entidades desde la Cámara de Diputados.

Y es que la constructora de Verduzco fue una de las favorecidas con esos contratos, lo que en su momento generó cuestionamientos de otros empresarios del sector, que incluso llegaron a plantear la posibilidad de llevar el asunto a instancias legales pero luego desistieron sin hablar más del tema.

Pero volviendo a lo que señala el Observatorio, el reclamo para el organismo, entre el gremio y otros sectores sociales es el mismo: nombres, que digan qué empresas son las que estarían involucradas y no señale únicamente dependencias, pues para que exista corrupción tiene que haber dos partes implicadas.

Sobre lo mismo, en Monclova no pierden tiempo, y a partir de conocer las obras que analizó el Observatorio de la CMIC comienzan a poner nombre y apellido a quienes las ejecutaron, y vinculan una de las empresas con la ex candidata del PRI a la alcaldía de ese municipio, y regidora a partir del próximo primero de enero, Lulú Kamar Gómez.

Y adicional a los hallazgos, que así sea en forma incompleta da a conocer el Observatorio, en lo local contribuyó al tema el Fiscal Anticorrupción Jesús Flores Mier, al revelar que tiene abiertas dos investigaciones por asignación irregular de obras, pero en este caso a nivel municipal.

Que se hable de corrupción, y que la haya, no es nuevo. La gran novedad, que despierta tanto interés, es que ahora sí se está evidenciando lo que desde siempre se ha sabido, y existido: de todo acto irregular participan dos, y luego resulta que los implicados del lado empresarial son las mismas voces críticas que se asumen como adalides de la honestidad.

Sería interesante ver si ahora los que desde el sector privado encabezan la lucha anticorrupción, como Rosendo Villarreal, Luis Arizpe, y Alejandra Wade, le entran a complementar la investigación sobre la asignación de obras.

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Y en ecos de temas que abordamos la semana anterior, al menos en lo mediático amainó el temporal para el Secretario de Gobierno José María Fraustro y su grupo, pero en diferentes círculos no deja de hablarse al respecto, y más que sobre el fondo del asunto y si la Universidad compró o no a empresas fantasma, lo que ocupa los comentarios es la causa de que algo así haya salido a relucir.

Versiones coinciden en que el detonante fue el ahora Subsecretario de Educación Francisco Osorio Morales, que al parecer no se quedó satisfecho con la posición que le dieron para que desistiera en su intención de ser Rector, y se puso a hacer travesuras en la UA de C y el camino que encontraron para aquietarlo fue el golpeteo a su jefe político.

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En un desatino más de la administración federal que está por concluir, esta semana optaron por «postergar» la entrada en vigor de la plataforma Conagua Digital que facilitaría la realización de trámites ante esa dependencia con el peregrino argumento de que no todos los usuarios potenciales tienen su firma electrónica y habría que darles tiempo de que la consigan.

¿Y por qué no, a los que sí la tienen les abren la posibilidad del trámite electrónico, y que los otros le sigan por la vía tradicional?

La plataforma era prometedora, parecía que por fin el gobierno se había decidido a sacar ventaja de la tecnología, y sería posible agilizar trámites que hoy tardan años, pero como el nuevo grupo en el poder, los morenos, se imaginaron que el trasfondo era entregar los derechos de agua a unos privilegiados, mejor optaron por «postergarlo» para dentro de seis meses.

Así pasará a la historia este gobierno de actuar pusilánime.