AMLO, fuerzas armadas, cárteles, ley de seguridad interior y congreso
En medio de dardos envenenados que parece que nada tienen que ver con definiciones de fondo pero envenenan el ambiente de inseguridad, el tema central que va a definir la línea estratégica del gobierno formal de López Obrador será el de la seguridad interior.
Por primera vez López Obrador utilizó el concepto de seguridad interior al salir de un encuentro con el secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Zepeda, el 25 de agosto pasado. Lo platicado no pudo haber sido un secreto: la seguridad pública se colapsó cuando el crimen organizado rebasó a las fuerzas policiacas de seguridad –por incapacidad y corrupción– y entonces se puso en riesgo la soberanía del Estado en zonas territoriales controladas por las bandas delincuenciales de todo tipo: ésta es la seguridad interior.
En esta situación de dominio criminal en importantes zonas de la república se explica y justifica la intervención de las fuerzas armadas en función del mandato constitucional de defensa de la seguridad interior. Las fuerzas armadas comenzaron a actuar a comienzos de 2007 sin una ley reglamentaria de la seguridad interior.
El marco legal se fijó en el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018, publicado el 30 de abril del 2015 en el Diario Oficial de la Federación por facultad exclusiva del presidente Peñas Nieto. Ahí se dan las explicaciones jurídicas y formales sobre las tres seguridades –pública, interior y nacional– y sus interrelaciones justificadas por el grado de afectación criminal a la estabilidad nacional. En base a este Programa y luego de un debate nacional, el 21 diciembre de 2017 se promulgó en el Diario Oficial la Ley de Seguridad Interior, aunque con la decisión presidencial de congelarla hasta desahogar las controversias presentadas en la Suprema Corte de Justicia.
En este contexto, la primera y fundamental decisión del gobierno en funciones de López Obrador a partir del 1 de diciembre será dotar a la estrategia de seguridad contra el crimen organizado de un marco jurídico que no puede ser otro que una Ley de Seguridad Interior –la aprobada o una nueva– porque las fuerzas armadas ya no pueden seguir combatiendo el crimen organizado en nivel de seguridad interior sin un marco jurídico que determine las responsabilidades no solo de los militares y marinos, sino sobre todo de los funcionarios civiles.
Todos los planes que tienen que ver con la seguridad pública del próximo gobierno –foros, funcionarios, oficinas, facultades, nuevas reglas– debería tener antes el marco legal de la seguridad interior, sobre todo a partir del reconocimiento de López Obrador de que las fuerzas armadas seguirán en el campo porque el país carece de una fuerza policiaca y judicial con capacidad de respuesta ante el pode criminal corruptor de las bandas delincuenciales.
Pero hasta ahora no se percibe que en los grupos lopezobradoristas de Gobernación y Seguridad Pública estén trabajando sobre la seguridad interior. Y en el Congreso, las comisiones respectivas tampoco han iniciado labores sobre el tema, con la circunstancia agravante de que van a prevalecer los grupos anti seguridad en nombre de los derechos humanos.
Si en los diputados el presidente de la comisión de defensa nacional es el general Benito Medina Herrera (PRI), en el Senado quedó al frente de la comisión respectiva el militante Félix Salgado Macedonio (Morena), responsable de haber permitido el crecimiento del crimen organizado durante su gestión como alcalde perredista de Acapulco en 2005-2008, durante la gubernatura perredista de Zeferino Torreblanca. El narco se consolidó en Guerrero durante el largo periodo perredista 2005-2015.
Los pasivos del gobierno de Peña Nieto en materia de seguridad tendrán que ser resueltos por el gobierno de López Obrador: ley de seguridad interior, doctrina de defensa nacional, doctrina de seguridad, reforma a la ley de seguridad nacional, ley de inteligencia y hasta una ley de espionaje. El punto de partida es la certeza de que México es una nación madura para regular las actividades de seguridad y evitar las indefiniciones que benefician siempre al crimen organizado.
La clave en el congreso estará en el armado de secretarías técnicas en las comisiones con expertos en la materia y con decisiones para un marco jurídico en materia de seguridad sin afectar derechos civiles ni democráticos. Lo peor sería seguir en la ambigüedad ante la falta de liderazgo político para conducir la nave del Estado.
Política para dummies: La política es el espacio de los acuerdos, no de las imposiciones estilo viejo régimen priísta.
@carlosramirezh
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