OPINIÓN

A LA BÁSCULA

Por

11 octubre, 2018

Corrupción institucionalizada

De acuerdo con informes del Gobierno Federal, las pequeñas y medianas empresas generan alrededor del 72 por ciento de los empleos y representan 52 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de nuestro país. En concordancia con ello, se supondría que este sector tendría que ser atendido por las autoridades hacendarias en forma equitativa en función de la riqueza y las fuentes de empleo que generan.

En los hechos, sin embargo, pareciera que el gobierno federal tiene como consigna principal acabar con los emprendedores, con los pequeños y medianos empresarios que con un enorme sacrificio invierten su capital para generar, tres, cinco, 10 empleos, pero antes de que se lo cuento, entre Hacienda, el IMSS y las autoridades locales, se encargan de aplastarlos y desaparecerlos.

Si usted aspira a iniciar un pequeño negocio debe presentar entre muchísimos otros requisitos a la Secretaría de Hacienda, una copia del contrato de arrendamiento del local en el que estará establecido su domicilio fiscal, comprobante del domicilio, fotografías de la fachada del edificio y de la entrada a su local si está en un conjunto de locales u oficinas, fotografías de la recepción y de las distintas áreas donde se aprecie el equipo o mobiliario con que cuenta y que compruebe que no sea un local vacío o abandonado.

Una vez que se cumple con toda esa requisitación, un ‘supervisor’ o representante de ‘Lolita’ viene con las fotografías impresas para corroborar que son reales y concuerdan con lo que físicamente tiene a la vista.

Si por alguna circunstancia se atrasa en sus pagos al fisco, empiezan los requerimientos, las multas, los recargos y las amenazas de embargo de su cuenta si es que la tiene o de los bienes que están declarados. Esto ocurre si usted es ‘Juan Pueblo’ y es un emprendedor que inicia una pequeña o mediana empresa.

Por ello uno no deja de sorprenderse –y encabronarse- cuando el titular del SAT, Osvaldo Santin, dice en días recientes que de 2014 a la fecha ‘empresas fantasma’ han facturado 2 billones de pesos equivalentes a 38 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de este año. Apenas en enero pasado, había dicho que la facturación de las empresas fantasma era de 1.4 billones de pesos, equivalente al 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que significa que de enero a la fecha se incrementó en 600 mil millones de pesos.

Después de ver el viacrucis que tienen que padecer diariamente los pequeños y medianos empresarios de este país, los principales generadores de empleo y riqueza, la única forma de entender y justificar el exponencial crecimiento de las empresas fantasma, es la existencia de una extensa red de corrupción que nace desde las entrañas mismas de la Secretaría de Hacienda.

¿O cómo pueden justificar que utilizadas sobre todo desde dependencias del gobierno federal, gobiernos estatales y municipales para desviar recursos, las empresas fantasma puedan existir registrando como domicilios fiscales plazas públicas, terrenos baldíos o casas de cartón en colonias marginales, si a los pequeños y medianos empresarios los atosigan con un montón de requisitos que por mínimo que sea el incumplimiento de uno de ellos es suficiente para negarles el alta y con ello la posibilidad de empezar a trabajar y a facturar?

Esto no puede ser posible sin la existencia de una red de complicidades desde la autoridad fiscalizadora. Le doy unos botones de muestra: en Veracruz durante la administración de Javier Duarte aprovechando la necesidad, el hambre y hasta la ignorancia de la gente más necesitada, cuando iban a recoger sus apoyos les hacían firmar documentos de los que ignoraban su contenido hasta que empezó a flotar la suciedad.

Se encontró entre muchísimos otros más, que a una mujer de más de 80 años le entregaban apoyos por algo así como 500 pesos mensuales y le decían ‘fírmele aquí’, y donde estaba estampando su rúbrica eran escrituras públicas en las que ella aparecía como la principal accionista de empresas a través de las que se desviaron miles de millones de pesos, pero ella ignoraba qué estaba firmando. El domicilio fiscal la empresa fachada, era un jacal hecho de láminas y de cartón.

En Coahuila, la Auditoría Superior del Estado detectó que la pasada administración del gobierno estatal, desvió durante 2014, 2015 y 2016 algo así como 475 millones de pesos a través de 13 empresas fantasma, cuyos domicilios fiscales eran falsos, eran bodegas abandonadas o viviendas precarias en Monterrey, la Ciudad de México y Saltillo. La ASE presentó durante junio y julio de este año las denuncias penales correspondientes.

En días pasados se reveló igualmente un supuesto desvío de unos 400 millones de pesos en la pasada administración de la UA de C que encabezó Blas José Flores Dávila, actual secretario de Finanzas del gobierno estatal. El domicilio de una de estas empresas fachada corresponde a una plaza pública.

No estoy promoviendo la ilegalidad, pero a ver, le reto a que como ‘Juan Pueblo’ intente registrar una pequeña o mediana empresa ante Hacienda, cuyo domicilio fiscal sea una plaza, un terreno baldío o una casa abandonada, a ver si le permiten el alta. Por ello, la única explicación lógica de este tipo de ‘maromas’ es la corrupción oficial institucionalizada hasta las más profundas raíces de la autoridad fiscalizadora de este país.

De otra forma no se entiende. No sería posible.

laotraplana@gmail.com

@JulianParraIba