Washington.- La reunificación de familias inmigrantes separadas en la frontera con México por el Gobierno de Donald Trump se ha convertido en un caos.
Incapaz de cumplir con la orden que un juez le dio para devolver a sus padres a los niños más pequeños -los de hasta cinco años-, la administración republicana admitió que había reunido solo a cuatro con sus progenitores. Antes de que finalizara el día iba a reagrupar a otros 34 y otros 16 pueden ser reunidos pronto.
«Nuestro proceso puede no ser lo rápido que algunos quisieran, pero no hay duda de que se trata de proteger a los niños», manifestó Chris Meenkins, un alto funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, en una rueda de prensa telefónica con periodistas.
De los en torno a 3 mil menores de edad -la administración no tiene la cifra exacta- que fueron separados de sus padres tras ser estos arrestados por cruzar ilegalmente la frontera, 102 tienen hasta cinco años. Y era a estos a los que la administración debía reunir hoy con sus progenitores por orden judicial. Para los mayores de esa edad tiene hasta el 26 de junio.
El juez de San Diego que dio el plazo lo tuvo que prolongar el lunes después de que el Departamento de Justicia dijera que no iba a poder estar en condiciones de devolver a la mitad porque aún está realizando comprobaciones para confirmar la relación de parentesco y para asegurar que los padres no son criminales que pondrán en riesgo a los niños.
Junto a los 38 que en total esperaba reunir hoy con sus familias el Departamento de Salud y Servicios Sociales hay otros 16 cuyos padres han pasado ya el proceso de confirmación y se espera que sean reunidos pronto.
Catorce adultos han sido descartados para la reunificación: ocho por antecedentes criminales, cinco porque no son los padres reales y uno porque está siendo tratado por una enfermedad contagiosa. A los padres de uno de los niños todavía no se les ha localizado y los de otros 12 han sido ya deportados, según las cifras oficiales del Departamento de Seguridad Nacional.
«Estos son plazos firmes, no son metas aspiracionales», dijo el juez Dana Sabraw en la audiencia que tuvo hoy con los representantes del Gobierno. El juez aprobó que se utilice un procedimiento abreviado para confirmar el parentesco y la ausencia de antecedentes penales de los que aún están pendientes del examen de las autoridades.
Voluntarios, funcionarios y representantes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones más importantes de defensa de los derechos civiles del país y que fue la que demandó a la administración por las separaciones y logró que el juez ordenara la reunificación, trabajan por todo el país intentando lograr las reunificaciones lo antes posible.
La separación de las familias en la frontera se originó cuando el fiscal general, Jeff Sessions, dio orden de perseguir penalmente a todo inmigrante indocumentado arrestado tras cruzar la frontera a partir del 19 de abril. La persecución penal lleva implícito el envío a un centro carcelario y las leyes prohíben tener allí a niños más de 20 días. Los niños fueron entonces separados de sus padres y quedaron bajo custodia del Departamento de Sanidad y Servicios Sociales.
La administración Trump ha bautizado estas acciones como «tolerancia cero». Detrás hay una política para desincentivar la llegada de inmigración ilegal que llevó a una ola de indignación con el Gobierno de Trump al que se sumaron incluso la ONU y el papa Francisco.
«Tengo una solución (para la separación de familias)», dijo hoy el presidente estadounidense a los periodistas antes de emprender viaje rumbo a Europa. «Decir a la gente que no venga a nuestro país ilegalmente. Esa es la solución. No vengan a nuestro país ilegalmente. Vengan como hacen otras personas. Vengan legalmente».
La mayoría de las familias separadas procede de Honduras, El Salvador y Guatemala y llegaron a Estados Unidos huyendo de la violencia en el llamado Triángulo Norte centroamericano.
La ola de indignación que generaron las separaciones llevó a Trump a firmar el 20 de junio una orden ejecutiva para ponerles fin. Pero esta no puso fin a la persecución penal de los indocumentados, sino que lo que Trump pretendía era mantener juntas a las familias obteniendo el permiso de los tribunales para que los niños puedan estar en la prisión junto a sus progenitores.
El lunes sufrió un serio revés porque una jueza federal rechazó el encarcelamiento de menores junto a sus padres. Se trata de un «intento cínico» de sortear la ley, consideró la jueza Dolly Gee, de la Corte Federal de Distrito en Los Angeles.
La decisión de la jueza añade una nueva incógnita a una situación de creada por la administración Trump que, además del sufrimiento de adultos y niños, ha generado desorden y confusión en el sistema. (SARA BARDERAS | DPA)
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