Ciudad de México.- A un año del incendio en la casa hogar “Virgen de la Asunción” en Guatemala –que cobró la vida de 41 niñas- el Estado guatemalteco ha dado una respuesta “lenta e incompleta” a las recomendaciones que le hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para garantizar la protección y el bienestar de las familias y las sobrevivientes.
El 7 de marzo de 2017, cuando miles de mujeres se preparaban para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en todo el mundo, un incendio en la casa hogar “Virgen de la Asunción” en Guatemala cobró la vida de decenas de niñas. Días antes, habrían iniciado protestas y un intento de huida por los abusos, incluso sexuales, que padecían al interior de esta casa hogar.
A un año de los hechos, la CIDH advirtió en una comunicación pública que el Estado guatemalteco ha dado una respuesta “lenta e incompleta” para cumplir las medidas que le solicitó a fin de reparar el daño a las familias y a las sobrevivientes. Estas acciones están contenidas en la medida cautelar No, 958.16 que el organismo internacional otorgó a las familias el 12 de marzo de 2017.
Entre las medidas se encuentran: prestar atención y tratamientos adecuados a las niñas que habían resultado con graves quemaduras u otras afectaciones psicológicas por el incendio; emprender medidas efectivas para promover la reintegración de las niñas a sus familias cuando sea posible y con los apoyos necesarios, además de identificar alternativas de cuidado que sean más protectoras; y que informe sobre las acciones para investigar los hechos y evitar su repetición.
La Comisión observó que hasta ahora el Estado ha ignorado el grave contexto de desprotección de la niñez que prevalece en Guatemala y que reclama una respuesta urgente.
También alertó sobre la falta de apoyo integral en términos médicos, materiales y psicológicos para las sobrevivientes y las familias de las víctimas, además de una demora en el proceso judicial contra las personas responsables.
La Comisión se dijo seriamente preocupada ante la ausencia de información sobre las niñas que dejaron de formar parte del Hogar “Virgen de la Asunción” y reintegradas a sus familias, además de la falta de apoyos adecuados para que las familias puedan hacerse cargo de ellas.
La CIDH exhortó al Estado a que acelere la implementación efectiva del plan de respuesta para atender de modo integral a las sobrevivientes y familiares; y adopte un mayor compromiso con el proceso de “desinstitucionalización” de la niñez en el país y a promover formas de resguardo alternativo en familias de acogida y centros residenciales especializados, de pequeñas dimensiones, que cumplan los estándares internacionales.
Respecto al acceso a la justicia, llamó a impulsar procedimientos para determinar responsabilidades sobre los hechos, así como garantizar la debida diligencia con respecto a las denuncias de violencia, explotación y trata sexual anteriores.
Esta tragedia –dijo la CIDH- es sintomática de un sistema fallido de protección a la niñez en Guatemala. Para acabar con ello, “el Estado, de modo prioritario y sin dilación, debe realizar profundas transformaciones al modelo actual”.
Guatemala tiene que adoptar un marco normativo y políticas para el funcionamiento de un Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes, que tenga los recursos humanos, técnicos y financieros suficientes y apropiados, con un fuerte enfoque en la prevención en los servicios en el ámbito local, y en las políticas sociales destinadas a las familias.
MÁS DE 4 MIL NIÑAS Y NIÑOS EN RIESGO
Una de las integrantes de la Coordinadora 8 de marzo– una coalición de organizaciones a favor de los derechos de las mujeres en Guatemala- confirmó en entrevista la pertinencia de las recomendaciones y observaciones de la CIDH.
Sin embargo, recordó, el Estado Guatemalteco tiene pendiente el cumplimiento de las recomendaciones que en años anteriores hicieron otros organismos internacionales y la propia sociedad civil tras observar incumplimientos a la Convención sobre los Derechos del Niño. Desde entonces, dijo, se alertó sobre la necesidad de reformar el sistema de protección para niñas y niños institucionalizados en Guatemala.
La defensora de los derechos de la infancia dijo que hoy existe una ausencia de informes dirigidos a la sociedad civil para aclarar los hechos, y señalar las acciones que está llevando a cabo el Estado para garantizar la no repetición de nuevas tragedias, ya que se trata de un problema estructural que pone en riesgo la seguridad y bienestar de las 4 mil 500 niñas que permanecen en albergues públicos y privados en Guatemala.
Para empezar, dijo Godínez, a un año de los hechos no existe un informe circunstanciado sobre cuál ha sido la atención y acompañamiento que se ha dado a las víctimas; no hay informe que diga qué ha pasado con las niñas desaparecidas; y no hay respuesta sobre la atención para el resto de niñas y niños que están bajo su resguardo.
Agregó que tampoco hay un informe detallado que dé certeza sobre las investigaciones que debieron abrirse por los casos de tortura y violencia sexual que denunciaron las niñas y las familias de las niñas. Esto es elemental –dijo- dado que en Guatemala la violencia sexual, la violencia contra las mujeres y la desacreditación de quienes la denuncian es un patrón que se extiende en todo el país.
A decir de ellas, la causa de este incumplimiento en las recomendaciones es la debilidad institucional para atender debidamente las necesidades de las niñas y niños que quedan a resguardo del Estado; la falta de un enfoque integral de Derechos Humanos en la atención; y la intromisión de grupos conservadores en las políticas de este tema.
De acuerdo con Martha Godínez, el Estado guatemalteco ha caído en demoras, “litigios maliciosos” y negligencia respecto a este caso. Ello con la intención de quitar responsabilidad a los altos mandos de las instituciones implicadas, incluyendo al mismo poder ejecutivo, implicadas en la tragedia ya sea de forma directa o por omisión.
Hasta ahora, el Estado guatemalteco acusó penalmente al exsecretario de Bienestar Social de la presidencia, Carlos Rodas; a la exsubsecretaria de Bienestar Social Anahí Keller; y al antiguo subdirector del orfanato, Santos Torres, por homicidio culposo, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad.
Sin embargo, aseguró, las responsabilidades van más allá, ya que se sabe que muchas otras instituciones habrían tenido conocimiento de las condiciones de esta casa hogar, así como de otras, pero no actuaron en su momento o tomaron acciones contraproducentes. Un caso, es el de la Policía Nacional Civil, a quienes se les acusa de haber encerrado a las niñas y de no haber actuado durante la emergencia.
De acuerdo con el balance que hizo el movimiento feminista que integra esta Coordinadora, a un año de los hechos Guatemala sólo resolvió la emergencia pero no atendió las medidas de mediano y largo plazo que garantizarían bienestar y protección a las familias.
Y ha sido la misma sociedad civil, -entre defensoras de los derechos de las mujeres, de la infancia y de las personas con discapacidad-, quienes se han hecho cargo de atender albergues, y de buscar alternativas, lo que evidencia que el Estado Guatemalteco está rebasado. (CIMAC NOTICIAS)
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