CARLOS RAMÍREZ
Guerrero: entre la inseguridad, el crimen organizado y el desarrollo
El estado de Guerrero puede ser un buen laboratorio de análisis de la realidad contrastante de la república: marginación histórica, abandono del campo, grupos criminales y complicidades del poder, pero posibilidades de reconstruir la base económica y social a través de la acción pública directa.
El modelo federal de seguridad interior sirve para aplicarse en el microcosmos de Guerrero: la desorganización política y social y la corrupción e insuficiencia de la seguridad pública han afectado los acuerdos para la producción y por tanto los niveles de desarrollo han bajado. Guerrero era el segundo estado con mayor pobreza extrema.
La reconstrucción de los tejidos sociales y políticos pasa por políticas públicas de desarrollo. La violencia en el campo guerrerense ha comenzado a disminuir por la estrategia gubernamental de apoyo a la producción agropecuaria. La lección de Guerrero puede servir a escala nacional: sólo la acción económica del Estado puede revertir la descomposición social, restaurar los acuerdos productivos y recuperar para la sociedad el control de sus comunidades. Guerrero pasó de segunda a tercera entidad con mayor pobreza extrema.
La violencia en el campo guerrerense no es producto del clima ni de factores sicológicos, sino consecuencia del repliegue agropecuario del Estado desde los años setenta y de cacicazgos políticos y criminales.
La lógica de la doctrina de seguridad interior está funcionando en Guerrero: las fuerzas de seguridad federales han comenzado a tomar el control de las zonas rurales, con excepción de Acapulco donde el PRD ha sentado sus reales y sus complicidades con grupos criminales. La crisis de Ayotzinapa quiere olvidar que las autoridades estatal y municipales eran perredistas vinculadas a López Obrador y a Marcelo Ebrard.
La acción del Estado a nivel regional ha invertido recursos presupuestales en apoyo a la producción agropecuaria y Guerrero se ubicó el año pasado en el top cinco con un aumento de más de 80% en cosechas. El dato no es menor porque ocurre cuando las noticias criminales negativas dominan los medios. Pero en las zonas donde la producción se ha reactivado ha habido, de modo natural, una disminución en las actividades criminales.
La estrategia de seguridad a nivel nacional se ha agotado sólo en la presencia de fuerzas federales para perseguir e inhibir a los grupos criminales. Pero la seguridad es apenas la mitad de la fórmula del desarrollo y sólo el Estado como institución puede reorientar su acción presupuestal para reactivar los renglones del desarrollo.
La verdadera gobernabilidad de zonas calientes por el crimen organizado no es producto de la acción represiva de la seguridad, sino que se logra cuando el Estado apoya el desarrollo. La crisis de seguridad en el sur-sureste –sobre todo Guerrero y Oaxaca– comenzó en los ochenta del siglo pasado cuando el Estado disminuyó su política de apoyo a la producción agropecuaria y los narcos llegaron a sustituir al Estado.
La estrategia del gobierno de Héctor Astudillo debiera reproducirse a nivel nacional: no depender sólo de la presencia de las fuerzas federales de seguridad, sino aplicar políticas de desarrollo regional presupuestal sobre todo en el campo donde los narcos han desplazado al Estado. La pobreza extrema ha bajado 8.7 puntos porcentuales.
Al final de cuentas, la producción agropecuaria es comida pero también estabilidad social.
Política para dummies: La política es el ejercicio del poder, no la práctica del Manual de Carreño.
Sólo para sus ojos:
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El gobierno de Brasil decretó el envío del ejército a la zona caliente de Río de Janeiro, ante la incapacidad de las fuerzas policiacas para contener la criminalidad. La zona de las favelas (ciudades perdidas) está controlada por cárteles y ninguna autoridad institucional puede ingresar.
Aunque no quieran, la seguridad de los candidatos presidenciales en sus campañas es prioridad del Estado. El clima político está demasiado descompuesto y polarizado como para suponer que nada puede pasar.
Mientras siguen en el limbo los nombramientos de fiscales –entre ellos el de corrupción– México sigue hundiéndose en la lista de países más corruptos: pasó del lugar 129 al 135 de los 180 registrados. Los más bajos son los más corruptos. Y para allá vamos.
Famosas últimas palabras: “De risa loca”: Ricardo Anaya, sobre la denuncia de corrupción inmobiliaria en su contra… que ya retomó la PGR en un expediente de investigación penal.
@carlosramirezh
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