RODOLFO MORENO CRUZ
LA COMPRA DE EXÁMENES EN EL PODER JUDICIAL FEDERAL
Ser Juez de Distrito es una responsabilidad de envergadura. Y sus percepciones salariales son proporcionales a ellas. Solo en el año 2016, por acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal (de aquí en adelante el CJF), se autorizaron las siguientes cantidades: como pago mensual: un sueldo base de $ 21, 128.00 más una compensación garantizada de apoyo de $ 91, 492.00; más una prestación nominal de $ 18, 638, 00, lo que hace un total de $131,258.00 mensuales; a esto se le suma como pagos anuales una prima vacacional de $ 35, 935.00, un aguinaldo de $ 215, 515.00 y finalmente la asignación adicional de $ 405, 341.00. En el año 2017, el CJF optó por expedir una tabla de máximos y mínimos; pero la proporción se mantiene. Sea como fuere, el aspirar a ser Juez de Distrito es una aspiración permanente en un sector importante de los abogados y abogadas mexicanas. Pero hay que cumplir varios requisitos: uno de ellos es el examen de conocimientos.
Bajo el anterior contexto previo, en días pasados, el pleno del Consejo de la Judicatura Federal resolvió anular el vigésimo octavo concurso interno de oposición para la designación de jueces de Distrito. Esta preocupación se une a dos más que ya por si han venido afectando al Poder Judicial Federal.
Una de las críticas permanentes ha sido la falta de independencia judicial. Ya desde los años 60’s, con los señalamientos en los artículos periodísticos de Víctor Manuel Ortega, Armando Ostos, Alberto Vásquez del Mercado se había insistido en la falta de un Poder Judicial Autónomo. Incluso, Juan Miguel de Mora plasmó una frase que, citado por Jorge Carpizo en su libro el Presidencialismo mexicano, se ha repetido una y otra vez: “el Poder Judicial es tan servil y obsecuente como el legislativo y cuando un hombre honrado llega a un puesto en el que se niegue a obedecer las órdenes de arriba, dura muy poco tiempo en él”.
Una segunda crítica permanente ha sido la del nepotismo. En el documento «Estudio sobre Redes Familiares y Clientelares en el Consejo de la Judicatura Federal», elaborado por el consejero Felipe Borrego Estrada, bajo el auspicio de la asociación civil mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se señaló muy objetivamente que un poco más del 40% de juzgadores federales habían contratado a familiares suyos.
Pero a pesar de todo, y ante este panorama sombrío, es de rescatar el papel importante del CJF.
En primer lugar, es de reconocer la firmeza y profesionalismo del CJF pues con respecto a la compra de exámenes, tomó una decisión valiente y oportuna. Por lo que se refiera al Estudio de redes familiares, también fue receptivo del mensaje en el contenido. En ambos casos cumplió con la finalidad con la cual fue creada en el año de 1994. En la exposición de motivos de su creación se señaló que este Consejo garantizaría la independencia y autonomía del Poder Judicial “así como su correcto equilibrio interior”.
En segundo lugar, el propio CJF manda un mensaje muy concreto al interior del Poder Judicial Federal: estamos vigilando constantemente y actuaremos.
En suma, es imposible eliminar la totalidad de los actos reprochables en las instituciones. Pero sí es posible y además exigible que los vigilantes ejerzan con oportunidad y certeza sus funciones para disminuir y sancionar los actos de corrupción y nepotismo.
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